El Vaticano publicó este sábado por primera vez el presupuesto anual de un departamento clave que gestiona propiedades e inversiones, días antes del inicio de un juicio sobre una polémica inversión en Londres.
La información estaba contenida en dos documentos, un estado financiero consolidado para 2020 de la Santa Sede y el primer presupuesto público de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), una especie de oficina de contabilidad general, que gestiona los bienes inmuebles y las inversiones, paga los salarios y actúa como oficina de compras y departamento de recursos humanos.
Entre los dos documentos -cada uno con un número sin precedentes de diagramas circulares, gráficos y mapas- y dos entrevistas explicativas, el Vaticano publicó más de 50 páginas de material financiero.
Según el presupuesto del año pasado, la APSA posee 4.051 propiedades en Italia, así como 1.120 en Londres, París, Ginebra y Lausana. En total, el patrimonio inmobiliario asciende a un valor de 883 millones de euros (unos 1040 millones de dólares).
Uno de los edificios de Londres, que la Secretaría de Estado compró de manera oscura para convertirlo en apartamentos de lujo y que generó importantes pérdidas, centra el juicio que comenzará el martes.
El Vaticano juzgará a diez personas por delitos vinculados a las inversiones inmobiliarias de la Secretaria de Estado en Londres, incluido al cardenal Angelo Becciu, que presentó su renuncia al papa el pasado año como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos tras verse salpicado en una investigación por la compraventa de un edificio en Londres, en Sloane Avenue, y la gestión del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del pontífice.
El cardenal Becciu y las otras nueve personas, incluidos trabajadores laicos y religiosos del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades, comparecerán el próximo 27 de julio en la primera audiencia del juicio acusados de delitos financieros como malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
El secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero, anunció el sábado que están haciendo grandes esfuerzos en materia de transparencia respecto a sus finanzas, una medida que forma parte de la lucha contra la corrupción impulsada por el papa Francisco.
“Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto”, aseguró Guerrero, tras la publicación del presupuesto.
En el juicio, se buscará dirimir si en la inversión en Londres hubo una gestión corrupta por parte de altos cargos del Vaticano.
Guerrero defendió que las medidas aplicadas en los últimos años “dificultarán que esto vuelva a suceder”.
La Santa Sede, con déficit
Según el presupuesto publicado, el 14% de las propiedades de la APSA se alquilan y el dinero obtenido se destina a fondos de caridad y de trabajo del Vaticano. El 86% restante es utilizado por las oficinas del Vaticano o sirve para alojar a cardenales y empleados de la Santa Sede.
La Santa Sede tuvo unos ingresos de 248 millones de euros y un gasto de 315 millones de euros. Su patrimonio neto asciende a unos 1.379 millones de euros y, en cuanto a los flujos de caja, las oficinas romanas y las nunciaturas suponen el 36% del presupuesto total, mientras que el 14% lo representa el Estado de la Ciudad del Vaticano, el IOR (banco vaticano) el 18%, otras fundaciones y fondos el 24%, el Óbolo de San Pedro es el 5% y otros fondos relacionados con la Secretaría de Estado, el 3%.
“Las fuentes de ingresos ya son conocidas: el 58% (68% en 2019) generados internamente (rentas, inversiones, visitantes y servicios prestados); el 23% (18% en 2019) donaciones de fuentes externas (de diócesis u otras instituciones) y el 19% (14% en 2019), proviene de entidades vinculadas (como IOR o Gobernación)”, expuso Guerrero.
La Santa Sede explicó que su déficit ordinario fue inferior en 14,4 millones de euros en 2020 en comparación con 2019, pues el pasado año fue de 64,8 millones de euros respecto a los 79,2 millones de euros de 2019.
Con información de EFE y AFP
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