
La ONG humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha recordado este sábado que el joven iraní Hosein Shahbazi será ejecutado este domingo tras ser hallado culpable de un crimen cometido cuando tenía 17 años de edad y que, denuncia, fue objeto de una confesión forzada y con nulas garantías legales.
Según el recuento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Shahbazi tenía 17 años cuando fue arrestado en 2018 por presuntamente apuñalar a un compañero de clase durante una pelea, lo que significa que era un niño en ese momento, según lo define la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, de la que Irán es parte.
En enero de 2020, Shahbazi, encarcelado ya en Adelabad, en la ciudad de Shiraz, fue condenado a muerte tras ser interrogado durante 11 días sin tener acceso a un abogado ni a su familia. Durante este tiempo, según los informes que baraja la ONU, fue torturado y obligado a confesar haber cometido el crimen. La madre de Hosein denunció, tras una visita a la cárcel, que su hijo tenía hematomas en el rostro y parecía haber perdido peso.
A pesar de reconocer que Shahbazi era menor de 18 años en el momento del delito, las autoridades aseguraron que ya había alcanzado el desarrollo mental y la madurez, según un examen llevado a cabo por la Organización de Medicina Legal, institución forense del Estado, y recogido por la propia ONU.
“Imponer la pena de muerte a una persona que era menor de edad en el momento de cometerse el delito está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos e incumple las obligaciones internacionales de Irán”, lamenta Amnistía.
“Irán sigue imponiendo la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, en incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2020, las autoridades ejecutaron al menos a tres personas que eran menores en el momento del delito, y hay varias decenas más en el corredor de la muerte. Ese año, Irán llevó a cabo al menos 246 ejecuciones, asegurándose un vergonzoso segundo puesto en la clasificación mundial de ejecutores”, afirmó AI en un comunicado publicado en junio pasado.
“Las autoridades iraníes deben anular el fallo condenatorio y la pena impuesta a Hossein Shahbazi y concederle un nuevo juicio con las debidas garantías y de plena conformidad con los principios de la justicia de menores, sin admitir ‘confesiones’ obtenidas mediante coacción y sin recurrir a la pena capital. Pedimos asimismo a la comunidad internacional, incluidos los órganos de la ONU así como la UE y sus Estados miembros, que intervenga con urgencia para salvar la vida de este joven”, señaló Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Las Naciones Unidas registraron 233 ejecuciones el año pasado, hasta principios de diciembre, incluidas tres que eran adolescentes en el momento de sus presuntos delitos.
Irán continúa con las penas de muerte contra personas por delitos no violentos, entre ellos el tráfico de drogas.
En 2014, Reyhaneh Jabbari fue ahorcada en un caso de alto perfil después de ser condenada por asesinar a un exfuncionario de inteligencia que, según ella, había intentado violarla.
El ahorcamiento de la joven de 26 años produjo una condena internacional generalizada.
(Con información de Europa Press)
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