Shi Minglei asegura que, el día que detuvieron a su marido, hace hoy dos años, fue interrogada por la Policía, acusada de manera informal del mismo cargo: ”subversión contra el poder estatal”, le confiscaron el teléfono, el ordenador y le congelaron la cuenta. Vivió en un limbo durante medio año.
”Trabajo en la industria de internet y de pronto mi vida pasó a ser en 2G”, bromea. “Tenía muchos documentos del trabajo en el portátil. Y en China la penetración de internet es muy alta y pagamos con el móvil”.
Poco a poco, pudo ir recuperando sus contactos con familiares, amigos, sacar adelante el trabajo, obtener dinero en metálico. Lo que no logró fue librarse del acoso, la vigilancia y las amenazas, cosa que también afectó a su hija, dice.
No es un caso aislado: las parejas, los hijos o los padres de encausados por casos que Pekín considera “sensibles” se convierten también, en buena proporción, en víctimas e incluso en acusados de crímenes que se les imputan a sus familiares.
Shi está ahora exiliada en Estados Unidos, mientras que su marido, Cheng Yuan, trabajador de la ONG Changsha Funeng, fue detenido hace dos años junto a otros dos compañeros, acusado de “subversión contra el poder estatal” y juzgado en secreto a mediados del pasado año, si bien su sentencia aún se desconoce.
Se trata de una acusación que puede acarrear hasta cadena perpetua, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China.
VIGILANCIA CONSTANTE
La situación le resulta conocida a Xu Yan, esposa del abogado encarcelado Yu Wensheng -sentenciado en 2018 a 4 años por “incitar a la subversión contra el poder estatal”- y cuya salud se va deteriorando entre rejas, denuncia su mujer, que llegó a ser acusada de los mismos cargos.
Las amenazas, los interrogatorios eternos “por ser la mujer de Yu” o la vigilancia a Xu se alternan con otras técnicas intimidatorias, asevera, como entrar a su vivienda en su ausencia y llevarse objetos o dejar otros para que quede patente que alguien ha estado allí.
Los padres del abogado de derechos humanos Jiang Tianyong lo llevan con aplomo. Jiang fue sentenciado a dos años de cárcel en 2017 por “incitar a la subversión del Estado” y fue liberado en 2019, pero desde entonces ha estado sometido a vigilancia permanente.
El letrado cree que la Policía ha extendido rumores en su contra, acusándole de traidor y de estar conchabado con Estados Unidos, lo cual se hace particularmente pesado en un pueblo como en el que reside ahora con sus padres.
A estos -explica a Efe el abogado- les supone una molestia que los agentes estén permanentemente fiscalizando quién entra y quién sale de su propia casa, así como el dispositivo de seguridad montado en torno a la vivienda, que incluye una cámara delante de la terraza.
TAMBIÉN A LOS HIJOS
Al resto de su familia, por ejemplo, le han dicho que visitar a alguien como Jiang puede repercutir en el futuro de sus hijos, y que “quizá tengan problemas a la hora de entrar en la universidad”.
El hijo de Li Wenzu y del abogado Wang Quanzhang -liberado en 2020 y que pasó casi cinco años privado de libertad, acusado de “subversión”- ha pasado largas temporadas sin pisar la escuela ya que ni los centros públicos ni los privados le aceptan, tras recibir las presiones de la Policía, asegura Li.
Estas presiones también las reciben algunos caseros, lo que ha obligado a mudarse con regularidad a los familiares de encausados que luchan por que se respeten los derechos -constitucionalmente recogidos- de los suyos.
La propia Li, que mientras su marido estuvo preso se convirtió en una de las activistas más conocidas del país, afirma que fue detenida en una decena de ocasiones e incluso obligada a desnudarse para someterse a un cacheo humillante.
Los ejemplos abundan y afectan también a familiares de víctimas de la matanza de Tiananmen de 1989, sometidas aún a vigilancia constante por el hecho de reclamar justicia.
SIN RESPUESTA OFICIAL
Desde una asociación de defensa de abogados chinos que prefiere permanecer en el anonimato explican que las leyes chinas están redactadas de manera muy vaporosa e indefinida, lo que da pie a una amplia interpretación en la que se escudarían las autoridades para casos relacionados con la “seguridad nacional”, como la “subversión”.
”Hasta donde sé, no hay ninguna base legal en las leyes chinas (para este tipo de actuaciones), pero al mismo tiempo, la ley es suficientemente flexible como para otorgar a la Policía los poderes que necesite para el cumplimiento de los objetivos políticos del Partido Comunista”, relata por su parte a Efe William Nee, de la organización Chinese Human Rights Defenders.
Según Nee, el objetivo de ese trato es silenciar a las familias.
Desde el Ministerio de Justicia no ofrecieron respuesta alguna a las preguntas planteadas sobre este tipo de situaciones, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública negó que le competieran esas situaciones y recomendó a Efe que se pusiera en contacto con la Policía local de cada una de las ubicaciones donde suceden los casos mencionados.
Desde el Departamento de Seguridad Pública de Pekín dijeron a Efe que no podían responder a las preguntas remitidas.
(con información de EFE)
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