Un grupo de derechos humanos ruso que tiene entre sus clientes al opositor Alexei Navalny anunció el domingo que tendrá que disolverse luego que las autoridades de Rusia le bloquearon su portal de internet, supuestamente por publicar contenidos “indeseables”.
La medida afecta a Komanda 29 (Equipo 29), una asociación de abogados y periodistas especializados en casos de traición, espionaje y libertad de información.
La agrupación relató que las autoridades rusas la habían acusado de propagar contenidos de una ONG checa que había sido tachada de “indeseable” en Rusia.
El website de la agrupación fue bloqueado el viernes a pesar de que negó enfáticamente las acusaciones. Sus abogados indicaron que lo más probable es que el gobierno ruso ahora acuse penalmente a los miembros y partidarios de la agrupación.
“Bajo estas condiciones, continuar las actividades de Komanda 29 presentará un riesgo claro y directo a la seguridad de una cantidad considerable de personas, y no podemos ignorar ese riesgo”, expresó la agrupación.
Añadió que borrará todos sus contenidos en internet a fin de eliminar todo riesgo, y que sus abogados seguirán representando a los clientes, pero a modo personal.
La organización fue fundada en 2014 por Ivan Pavlov, un abogado detenido por el Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia este abril.
El cierre de Komanda 29 ocurre en medio de una ofensiva del gobierno contra opositores, periodistas independientes y grupos de derechos humanos de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.
Esa votación es considerada parte importante de los planes del presidente Vladimir Putin de afianzarse en el poder antes de la elección presidencial del 2024.
En este marco, hace unas semanas, una corte rusa declaró “extremistas” a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK) y al Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG), fundadas por Navalny, lo que supuso en la práctica el desmantelamiento inmediato del movimiento político del líder opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal.
Según la Fiscalía, las ONG de Navalny buscan la desestabilización social y política de Rusia y tienen por objetivo cambiar el orden constitucional del país, en particular a través de un escenario de “revoluciones de colores”.
Por su parte, el pasado 9 de julio, el equipo de letrados del FBK denunció que la decisión de declarar extremistas a estas organizaciones fue tomada por medio de “violaciones burdas de las normas del derecho sustantivo y procesal, por lo cual es ilegal”.
El FBK -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el FZPG ya fueron declarados “agentes extranjeros” en octubre de 2019 y diciembre de 2020, respectivamente, y desde entonces perseguidas mediante la detención de sus empleados, la congelación de sus activos y registros de sus oficinas.
(Con información de AP, EFE y Europa Press)
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