Un total de 130 países llegaron el jueves a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre sus beneficios de “al menos el 15%”, según anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, citado en un comunicado.
Un pequeño grupo de países, entre los que se encuentran Irlanda y Hungría, muy reacios a firmar la propuesta de acuerdo que se estaba negociando, no suscribieron la declaración, según la lista facilitada por la organización.
El documento, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, también prevé un reparto “más justo” de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, celebró un “día histórico para la diplomacia económica”, mientras que su homólogo alemán Olaf Scholz saludó “un paso colosal hacia una mayor justicia fiscal”. Para el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se trata del “acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en el último siglo”.
“Este plan de dos pilares será de gran ayuda para los países que necesitan movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y finanzas públicas, al tiempo que invierten en los servicios públicos esenciales, en las infraestructuras y en las medidas necesarias para una recuperación sólida y sostenible después de la crisis”, sostuvo la OCDE en su comunicado.
Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para “finalizar los trabajos técnicos” y preparar “un plan para su aplicación efectiva en 2023”. Se espera que este sea uno de los ejes a tratar en la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Venecia, el 9 y 10 de julio, en la que se podría definir la ruta de un acuerdo final de aquí a final de año.
La reforma apunta a poner fin a la competencia fiscal en momentos que los estados gastan masivamente por hacerle frente a la pandemia, mientras los gigantes informáticos se enriquecen. Bajo impulso estadounidense, la reunión del G7 en Londres plateó el tema a inicios de junio. Ese acuerdo del grupo de siete grandes potencias (Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos) fue calificado como “histórico” por el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, quien presidió el encuentro.
La tasa de 15% propuesta por Estados Unidos no tenía apoyo unánime, e incluso enfrenta la oposición de los republicanos en el Congreso estadounidense. Países de la Unión Europea como Irlanda y Hungría, que han hecho de la competencia fiscal uno de sus principales atractivos, están desde el comienzo entre los reticentes.
Convencer a China, que también había planteado “inquietudes” sobre el proyecto, era uno de los principales desafíos, en palabras de Yellen. El gigante asiático aplica tasas reducidas de importación a las empresas de ciertas actividades innovadoras y no quería una tasa mínima superior a 15 por ciento. Con esa cifra en el acuerdo final, Beijing decidió sumarse al grupo de 130 países.
A su vez, Reino Unido ha planteado eximir a su sector financiero de la primera columna de la reforma, que modifica la distribución de derechos a gravar en función del país donde se realizaron los negocios. Otros puntos aún deben ser zanjados sobre la base impositiva del futuro tributo mínimo o la cantidad de empresas incluidas.
La propuesta estadounidense apunta a las 100 multinacionales más importantes, un número insuficiente señaló a fines de mayo el G24, un grupo de países emergentes que incluye a Argentina, Brasil e India. Francia también quiere asegurar que la totalidad de los gigantes informáticos estén incluidos en la reforma. Es una “línea roja” para París, insistió el ministro Le Maire.
(Con información de AFP)
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