El presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, es un pilar del poder judicial del país y, como tal, responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones masivas de presos de la oposición en 1988, denuncian varios activistas en el exilio que fueron testigos de las atrocidades cometidas por el nuevo líder persa
“El único lugar para Raisi es el banquillo de los acusados, no la presidencia”, dijo días atrás Shadi Sadr, directora ejecutiva de la ONG Justice for Iran (Justicia para Irán), con sede en Londres.
Raisi, de 60 años, es un hodjatoleslam (rango inferior a un ayatolá en el clero chiita). Lleva más de tres décadas en la judicatura iraní, que lidera desde 2019.
Nombrado fiscal adjunto del tribunal revolucionario de Teherán a mediados de la década de 1980, desempeñó un papel clave en la ejecución en 1988 de miles de detenidos marxistas o de izquierdas, en su mayoría sospechosos de ser miembros del movimiento prohibido de los Muyahidines del Pueblo (PMOI, por sus siglas en inglés) y retenidos en las prisiones de Evin y Gohardasht, cerca de Teherán, según los activistas.
El periódico británico The Times reunió a algunos de los ex prisioneros que estuvieron cara a cara con Raisi y mostraron su indignación por su afán de mostrarse como un defensor de los derechos humanos.
Farideh Goudarzi fue encarcelada durante seis años en 1983 por apoyar al PMOI. No hubo piedad: fue azotada mientras estaba embarazada, y luego obligada a dar a luz en la cárcel.
Hoy, a sus 59 años, recordó que Raisi estuvo presente mientras los guardias dejaban caer al suelo a su bebé de apenas un mes durante un interrogatorio y luego la desnudaron con la excusa de buscar pruebas comprometedoras.
También afirmó que, siendo fiscal de 23 años, Raisi observó cómo los guardias la azotaban con cables eléctricos en la prisión de Hamedan, en el oeste de Irán. “Fui detenida a los 21 años, justo una semana antes de dar a luz”, dijo ayer, y añadió que su marido y su hermano también fueron detenidos y ejecutados por ser partidarios del izquierdista PMOI.
Goudarzi afirmó que las doctrinas de los tribunales revolucionarios iraníes exigían que fiscales como Raisi estuvieran presentes, junto con los jueces, cuando se llevaban a cabo los interrogatorios o las sentencias. “Estuve recluido en régimen de aislamiento durante siete meses”, dijo Goudarzi, que huyó de Irán hace cinco años y vive en Albania.
“Raisi fue testigo de todas estas escenas y las aprobó él mismo”, dijo Goudarzi. “¿Cómo puede pretender ser un defensor de los derechos humanos cuando ha visto y hecho tales cosas?”, lamentó en declaraciones al Times.
Otro ex prisionero que brindó su testimonio es Mahmoud Royaei, quien fue condenado a muerte por el propio Raisi por apoyar al PMOI.
Royaei, de 58 años, relata que logró evitar la pena capital debido a un descuido al no incluir su nombre en una lista, pero todos los otros que estaban en la fila fueron ejecutados al negarse a confesar. “Mi nombre no estaba en la lista y el guardia se confundió. Me devolvieron a mi celda. Sólo más tarde me di cuenta de que todos los que pasaron por la puerta fueron ejecutados. Muchos eran estudiantes, algunos sólo tenían 15 o 16 años. Eran mis mejores amigos”.
Según afirmó, Raisi era conocido en la comisión por instar a los presos a arrepentirse o ser ejecutados. Aquellos que, como él, evitaron por poco ser enviados a la horca, recuerdan que “presionó para que hubiera más ejecuciones y ninguna piedad”.
“Ebrahim Raisi fue el primero que ordenó arrojar a un joven desde la cima de una montaña como castigo, cuando era fiscal de Karaj”, dijo.
Otros testigos compartieron sus vivencias en una reciente conferencia organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), brazo político del PMOI.
“Cuando comparecí ante la comisión de la muerte, vi a Raisi con un uniforme de la Guardianes de la Revolución”, dijo Reza Shemirani, que cumplió diez años de prisión y ahora vive en Suiza. Era “el miembro más activo de esta comisión” que dictaba sentencias de muerte, dijo.
En 2018 y 2020, preguntado sobre este oscuro capítulo de la historia reciente, Raisi negó haber desempeñado ningún papel pero rindió “homenaje” a la “orden” que, según él, dio el ayatollah Khomeini, fundador de la República Islámica, de llevar a cabo la purga.
Las ejecuciones masivas de 1988, que tuvieron lugar entre julio y septiembre, siguen siendo un tema tabú. Según los activistas en el exilio, varios miles de prisioneros fueron asesinados. El CNRI afirma que 30.000 personas fueron ejecutadas. La cifra real es probablemente más cercana a cuatro o cinco mil.
Angès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró: ”El hecho de que Ebrahim Raisi haya llegado a la presidencia en lugar de ser investigado por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura es un sombrío recordatorio de la impunidad suprema que reina en Irán”.
La ONG documentó en 2018 que Raisi había sido miembro de la ‘comisión de la muerte’ que sometió a desaparición forzada y ejecución extrajudicial secreta a miles de disidentes políticos. “Hasta la fecha, las autoridades iraníes vienen ocultando sistemáticamente las circunstancias que rodean la suerte de las víctimas y el paradero de sus cuerpos, lo que hace que constituyan crímenes de lesa humanidad continuado”, añadió Callamard.
“Seguimos pidiendo que Ebrahim Raisi sea investigado por su implicación en crímenes de derecho internacional pasados y presentes, lo que incluye la posibilidad de que lo hagan otros Estados en el ejercicio de la jurisdicción universal”, indicó.
Según una grabación de audio que salió a la luz en 2016, Hosein Ali Montazeri, considerado como posible sucesor de Khomeini antes de ser destituido, había advertido a los miembros del comité calificando las ejecuciones como “el mayor crimen de la historia de la República Islámica”.
Hosein Abedini, un responsable del del CNRI, dijo que Raisi era un “asesino de corazón de piedra” con un “historial de 40 años de represión”.
Como jefe adjunto de la Autoridad Judicial en 2004, Raisi prometió “enfrentarse a los alborotadores” y “extirpar la sedición”. Los activistas también denuncian un endurecimiento de la represión desde que se puso al frente de la Autoridad Judicial.
“Raisi es un pilar de un sistema que encarcela, tortura y mata a las personas que se atreven a criticar al Estado”, afirma Hadi Ghaeni, director del Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Nueva York.
(Con información de AP)
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