Detrás del caso Sarkozy: cuán corrupta es la política europea y cuánto se anima a investigar la Justicia

Cuatro horas duró el interrogatorio al que fue sometido este martes Nicolas Sarkozy en un tribunal correccional de París. Los fiscales del llamado “caso Bygmalion” acusan al ex presidente francés de haberse beneficiado de un esquema de subfacturación de gastos de campaña para sobrepasar por varios millones el límite estipulado por la ley en su fallido intento de reelección en 2012, cuando fue derrotado por el socialista François Hollande.

“Me gustaría que me expliquen en qué hice más campaña en 2012 que en 2007 —cuando ganó las elecciones que lo convirtieron en presidente—. ¡Es falso!”, exclamó un indignado Sarkozy. “Es un cuento”, agregó el ex político de 66 años, retirado ya de la competencia partidaria tras sucesivas derrotas y escándalos.

Lamentablemente para él, los fiscales no le creyeron. Este jueves pidieron que sea condenado a un año de prisión, de los cuales seis meses serían de cumplimiento efectivo, y a pagar una multa de 3.750 euros. Sostienen que hay evidencias de que el entonces presidente había sido advertido de que iba a pasar el límite de gastos de campaña, establecido en 22,5 millones de euros, pero que igual insistió en continuar con los actos proselitistas, que terminaron insumiendo casi el doble de los recursos permitidos.

La clave del caso es la empresa Bygmalion, que organizaba los eventos políticos de Sarkozy. Le imputan haber realizado facturas apócrifas, por valores muy inferiores a los que realmente recibía por sus servicios. Todo, para disimular el exceso de gasto.

La presencia del ex mandatario en los juzgados se está volviendo casi habitual para los franceses. Es que Sarkozy se convirtió en marzo en el primer presidente de la V República en ser condenado a ir a la cárcel. El Tribunal Penal de París lo sentenció a tres años de reclusión, dos en suspenso y uno efectivo, por corrupción y tráfico de influencias. Si aún está libre es porque apeló.

Los jueces lo encontraron culpable de sobornar al magistrado Gilbert Azibert, a quien le ofreció un atractivo puesto en Mónaco a cambio de información confidencial referida a una causa que se remonta a 2007, en la que se lo acusa de haber recibido dinero negro de Liliane Bettencourt, la heredera de L’Oreal, para financiar su primera campaña presidencial. El soborno fue comprobado gracias a la pinchadura de una línea telefónica a través de la cual Sarkozy se comunicó con Azibert.

La secuencia protagonizada por Sarkozy llamaría muy poco la atención en América Latina, donde decenas de ex presidentes han desfilado por los tribunales en los últimos años, y muchos han sido condenados y arrestados. Pero resulta bastante más excéntrica en Europa Occidental.

La incógnita es si esto se debe a que en Europa efectivamente hay mucha menos corrupción —y por eso hay menos altos funcionarios investigados— o si está de algún modo velada, lo que les permite a los líderes políticos tener la tranquilidad de saber que difícilmente enfrenten problemas judiciales tras dejar el poder, aunque no hayan sido particularmente impolutos.

“Es imposible saber cuánta corrupción hay en un país, o en un continente, porque es un fenómeno que tiende a ser ocultado por quienes están involucrados”, explicó Alberto Vannucci, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Pisa, consultado por Infobae. “Así que tenemos que basarnos, como estimación, en indicadores indirectos, por ejemplo, los que se apoyan en las percepciones de la gente y de expertos, que están muy influidas por su experiencia personal. Según las estadísticas, podemos observar en prácticamente todos los países europeos un nivel muy bajo de ‘pequeña corrupción’, que es cuando un burócrata le pide a un ciudadano dinero a cambio de un servicio. Pero en la mayoría de los países europeos hay síntomas, confirmados en ocasiones por investigaciones judiciales y escándalos, de una difusión generalizada de la ‘gran corrupción’, que implica a miembros de la clase dirigente, partidos políticos, grupos de presión, empresarios y profesionales“.

La corrupción política en Europa

El mayor obstáculo que existe para analizar la corrupción es su opacidad. No sólo sucede en las sombras, sino que los funcionarios y dirigentes políticos que realizan actos corruptos dedican un gran esfuerzo en asegurarse de que permanezcan ocultos. Y cuentan con muchos recursos para lograrlo.

¿Cómo medir algo que no se ve? Transparencia Internacional, la organización mundialmente más famosa por sus intentos de comparar el fenómeno a escala global, realiza un Índice de Percepción de la Corrupción. Como su nombre lo indica, se basa en percepciones, en lo que ven y opinan expertos y actores de distintos ámbitos acerca de lo que sucede en sus respectivos países.

De acuerdo con este índice, ocho de las diez naciones menos corruptas del planeta son de Europa Occidental. De hecho, el primer puesto lo comparten Dinamarca y Nueva Zelanda, una de las dos que no pertenecen al continente entre las diez, junto con Singapur.

“Hay enormes variaciones en Europa —aclaró Vannucci—. Los países escandinavos y algunos del norte del continente, por ejemplo, se encuentran entre los menos corruptos del mundo, mientras que otros, principalmente en el sureste, tienen una puntuación mucho más baja. Esto es probablemente un efecto de la retroalimentación tanto de la corrupción como del buen gobierno. Cuando prevalece la primera, varios ciclos viciosos la refuerzan, como la falta de rendición de cuentas y de transparencia, el mal funcionamiento de la administración pública, la desconfianza de los ciudadanos y la escasa participación política. Por el contrario, el control político y social basado en una ciudadanía activa dispara círculos virtuosos que generan buen gobierno, transparencia, responsabilidad y una baja corrupción”.

El país latinoamericano mejor ubicado en el índice de Transparencia Internacional es Uruguay, en el puesto 21, justo por encima de Francia. Muy cerca está Chile. Ambos superan a España, Portugal, Italia y Grecia, los cuatro peores del oeste europeo.

Pero a juzgar por este indicador, las diferencias entre América Latina y Europa son notorias. La organización establece la posición en el ranking a partir de un puntaje: cuanto más bajo, más corrupto es el país. El promedio de todo el continente americano —incluyendo a Estados Unidos y Canadá— es de 43 puntos. El de Europa Occidental es un 50% más alto: 66 puntos.

“Con algunas excepciones, como el buen funcionamiento de Chile y el pésimo de Italia y Grecia, todos los indicadores internacionales señalan que, por lo general, hay menos corrupción en Europa”, dijo a Infobae Victor Lapuente, investigador del Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo. “Creo que el sistema político importa. En países presidencialistas, como se ve en Latinoamérica y en Francia, donde casi todos los presidentes recientes han sido investigados, es más fácil que haya tentaciones para el abuso del poder. En los sistemas parlamentarios, dados los muchos controles que existen, la corrupción se da en otros niveles administrativos, más presidenciales, como en los municipios. Así es en España”.

Pero no se puede perder de vista nunca que esos números se nutren de percepciones. Tal vez la diferencia se deba a que realmente la corrupción es un problema mucho menor cruzando el Atlántico. O tal vez las formas que adquiere la corrupción son más burdas y notorias en América Latina, lo que puede contribuir a que agrandar la distancia en el índice.

Michael Johnston, profesor emérito de ciencia política de la Universidad Colgate de Nueva York, considera que la corrupción no es una entidad única que pueda medirse perfectamente a través de un barómetro que establezca de forma categórica cuánto más corrupto es un país que otro. “El mayor problema para mí es la noción de que hay tipos de corrupción cualitativamente diferentes. Exprimirlos todos en un índice unidimensional o en una única comparación más-menos es desechar mucha información y detalles esenciales”, sostuvo en diálogo con Infobae.

“Mientras que varios países de América Latina tienen lo que yo llamo corrupción de ‘cárteles de elite’ o, en el peor de los casos, variedades de oligarcas y clanes, gran parte de Europa occidental tiene lo que llamo corrupción de ′mercados de influencias’ —continuó Johnston—. Esta última categoría no suele estar vinculada a la violencia, y coexiste bastante bien con los mercados y la democracia liberal. El inconveniente es que en esos casos hay mucha corrupción institucional o legal, es decir, acciones que la mayoría de nosotros veríamos como corruptas pero que generalmente son más o menos legales, o no claramente ilegales”.

Lo cierto es que Europa también ha tenido sus escándalos de corrupción. Algunos muy notables. España no tiene presidentes presos, pero sí uno destituido por su vinculación a un caso que conmocionó a la opinión pública.

Mariano Rajoy fue desplazado del cargo por una moción de censura en 2018, luego de que la Audiencia Nacional confirmara las condenas contra los responsables del “Caso Gürtel”, que reveló la existencia de una trama de financiamiento ilegal en el Partido Popular, presidido por Rajoy entre 2004 y 2018.

“En los casos de gran corrupción hay una importante cantidad de recursos públicos en juego, y normalmente los políticos son ‘capturados’ por los grupos de presión y otros poderosos actores privados para que actúen a favor de su interés particular’ —dijo Vannucci—. A veces, estos últimos ya no necesitan sobornar ni violar la ley: los reglamentos se adaptan a sus intereses, y las contribuciones políticas y la financiación formalmente regulares se convierten en la retribución para los responsables de la toma de decisiones. En otras palabras, en Europa podemos observar múltiples manifestaciones de ‘corrupción legalizada’, que a menudo ya no pueden ser perseguidas por los jueces”.

El de Rajoy y el PP no son casos aislados. Esta semana se conoció que la justicia suiza investiga una cuenta secreta en Andorra vinculada a Juan Carlos de Borbón. El rey emérito está bajo investigación desde 2018 por irregularidades en sus finanzas. De hecho, la empresaria alemana Corinna Larsen contó el año pasado en una explosiva entrevista que Juan Carlos tenía “cientos de cuentas” y que le había regalado USD 76 millones como “reconocimiento a la relación que tuvieron” entre 2004 y 2009.

La corrupción no es sólo un problema de los países del sur de Europa. Por ejemplo, la Democracia Cristiana de la canciller alemana Angela Merkel se vio sacudida en marzo tras la revelación de que dos diputados del partido cobraron cientos de miles de dólares en comisiones por fungir como intermediarios para la compra de barbijos. Ambos tuvieron que renunciar y están siendo investigados judicialmente.

“Cuando las empresas pueden conseguir lo que quieren a través de contribuciones políticas legales y conexiones personales con las elites, es menos probable que se dediquen al soborno directo: no lo necesitan —dijo Johnston—. Las personas y los grupos adinerados son capaces de sesgar la política y las decisiones de gobierno a su favor. Podría ser tentador concluir que la corrupción de ′mercados de influencias’ es benigna, pero en las democracias ricas tiende a desalentar la innovación y la competencia y puede contribuir a la sensación de exclusión. Así, el aparente contraste entre América Latina y Europa Occidental es mucho más complejo de lo que mucha gente cree”.

Justicia y política

Una dimensión crucial del fenómeno de la corrupción es qué hace la Justicia ante los casos que surgen. La comparación con América Latina muestra que en Europa es mucho más frecuente que los funcionarios y líderes políticos se vean forzados a dimitir ante los escándalos —como muestra el caso de los diputados alemanes—, pero es menos habitual que la Justicia avance con condenas. Especialmente contra máximas figuras políticas.

Sarkozy sería una excepción en este punto. Aunque todavía está por verse si finalmente tendrá que pasar tiempo detenido. Antes que él en realidad había sido condenado su mentor, Jacques Chirac, presidente de Francia entre 1995 y 2007, por malversación de fondos públicos durante su paso por la alcaldía de París, entre 1977 y 1995.

La diferencia es que en la condena de 2011 a dos años de cárcel la pena no era de cumplimiento efectivo, por la elevada edad que tenía Chirac en ese momento (79 años). El ex mandatario murió en 2019 sin haber pasado por ninguna forma de detención.

“Durante mucho tiempo los políticos de alto nivel en Europa Occidental disfrutaron de una especie de inmunidad de facto, sólo por el prestigio de sus cargos y porque al menos algunos fiscales y tribunales eran reacios a intervenir en el proceso de gobierno —afirmó Johnston—. Pero eso ya no es así en la mayoría de los casos. En Francia, por ejemplo, que durante mucho tiempo tuvo una presidencia casi imperial en su estatura simbólica, Sarkozy está envuelto en otro juicio por corrupción y es posible que pase algún tiempo en la cárcel. En Italia, Silvio Berlusconi fue condenado por fraude fiscal. Debido a su edad, no fue enviado a prisión, pero su culpabilidad quedó oficialmente establecida”.

Si hay en Europa una figura emblema de la corrupción, y de la elusión de la Justicia, es el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. A pesar de las decenas de causas abiertas en su contra, muchas de las cuales terminaron en condenas, siempre logró evitar la reclusión.

En 2013 fue sentenciado a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el “caso Mediaset”, vinculado a su papel como empresario de medios. Sin embargo, gracias a una serie de recursos legales que él mismo había impulsado durante su paso por el gobierno, logró que el castigo quede reducido a prestar servicios comunitarios, sin siquiera pasar por arresto domiciliario.

“En Europa, como en todas partes, los líderes políticos implicados en casos de corrupción tienen un gran interés en utilizar su poder para evitar las investigaciones y las condenas —dijo Vannucci—. Italia es un ejemplo extraordinario de la adopción con éxito de esta estrategia. Gracias a su mayoría parlamentaria y a su papel de magnate de los medios de comunicación, Berlusconi introdujo varias leyes destinadas a beneficiar a una sola persona: él mismo. Reformas del código penal y de las normas de delitos financieros le permitieron ser absuelto o exonerado en varias investigaciones por corrupción”.

Otra diferencia que aflora con América Latina es que en Europa la corrupción suele estar corrida de la discusión política. Si bien ha estado presente en Italia por la figura de Berlusconi y en España con Rajoy, en la mayor parte de los países los partidos políticos no hacen campaña con la corrupción como eje.

Esta tendencia contribuye a que en general no exista una gran presión de la clase política ni de la ciudadanía para que los dirigentes presuntamente corruptos vayan presos. Lo que suele suceder es que poco después de la aparición del escándalo, el funcionario en cuestión renuncia o es desplazado, y muchas veces allí se da por terminado el asunto.

“Aunque la situación varía mucho según el país, en Europa, con un contexto democrático más estable, las acusaciones de corrupción rara vez se utilizan como medio de competencia partidista”, dijo a Infobae Donatella Della Porta, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Escuela Normal Superior de Pisa. “Por otro lado, las democracias parlamentarias en Europa son menos propensas a las batallas personalistas que los sistemas presidenciales en América Latina. Sin embargo, podría haber en Europa un potencial de ‘latinoamericanización’ dada la disminución de la confianza en las instituciones representativas con el aumento de la inestabilidad, así como con la creciente personalización. De hecho, desde Islandia hasta España o Austria se han extendido los escándalos de corrupción que involucran a miembros de los gobiernos y las evidencias emergentes durante la pandemia muestran casos desenfrenados de corrupción en los suministros de salud”.

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