España atravesada por los indultos a los separatistas catalanes: ¿una trampa al rey o una ley necesaria para la pacificación?

Un carajillo tempranero en el bar de la esquina de la madrileña Calle de la Palma, el televisor encendido con la tertulia y la polémica enrevesada del posible indulto a los separatistas catalanes. Una escena repetida en cientos de miles de bares y esquinas de toda España. De todas las Españas. Y en las redes sociales. También, por supuesto, en La Moncloa y en el Congreso de los Diputados. Con los dirigentes de la nueva extrema derecha de Vox y los de la vieja derecha del Partido Popular y Ciudadanos en oposición absoluta. Y los socialistas del PSOE que creen que el indulto es la vía para apaciguar los ánimos independentistas de Cataluña. Mientras la oposición acusa al presidente Pedro Sánchez de entregar el indulto de los nueve sentenciados por sedición y malversación de fondos por “el procés” de 2017 como moneda de cambio para mantener el apoyo parlamentario de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel. Y en el medio quedó el rey Felipe VI quien tiene la responsabilidad última de firmar los indultos.

El domingo en la Plaza de Colón de Madrid, donde flamea la bandera española “más grande” con 294 metros cuadrados, hubo una multitud protestando contra los indultos. Fueron convocados por una plataforma de intelectuales entre los que se encuentran Fernando Savater. Los dirigentes políticos del PP, Pablo Casado, de Vox, Santiago Abascal y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, esta vez, se mezclaron con la gente y no subieron al escenario. No querían repetir la “foto de Colón”, o la “foto de los fachas” como dijeron desde la izquierda, que se tomaron en 2019 en otra manifestación contra el gobierno. Pero las cámaras estaban enfocadas en ellos y fue cuando la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó una pregunta que quedó resonando desde entonces: “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”. Felipe quedó metido en el berenjenal.

Nueve de los doce acusados del procés dirimido por el Tribunal Supremo fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. El resto, a multas e inhabilitación por delitos de desobediencia. El preso más emblemático es Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, quien dijo desde la cárcel que “es un orgullo estar preso por haber colocado urnas. El indulto se lo pueden meter por donde les quepa”. Dejó muy descolocado a “Sánchez, el magnánimo”, como le dicen al presidente en los bares de Malasaña.

La Ley de Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto que quiere aplicar Sánchez data de 1870, aunque fue revisada y actualizada varias veces. Es el artículo 62 de la Constitución española y da prerrogativa al Jefe de Estado, en este caso Felipe VI, a “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Y agrega que los indultos no pueden mancillar “el prestigio de los tribunales, ni la misma moralidad y orden público”. También aclara que no se trata de una amnistía, que es la que perdona el delito. El indulto perdona la pena y el reo debe hacerse cargo de los costos del proceso y asumir su culpabilidad.

Paradójicamente, quien queda fuera de todo esto es quien lideró la jugada independentista, Carles Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat, que escapó a Bruselas el 29 de octubre de 2017. Fue arrestado un año más tarde cuando viajaba por Alemania, pero la Corte Suprema de ese país negó la extradición a España. Regresó a Bruselas y desde allí lanzó su candidatura al Parlamento Europeo. Obtuvo la banca, pero en marzo de este año le quitaron los fueros. Desde entonces, juega con el “voy pero no voy” y hasta manda mensajes por las redes insinuando que se encuentra en forma clandestina en Barcelona. Fue él quien encabezó “el procés” separatista que creó la peor crisis en el país desde la instalación de la democracia tras la noche franquista. Alrededor del 90% de los votantes catalanes apoyaron la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero la participación fue solo del 43%. A pesar de eso, el Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, antes de que Madrid suspendiera la autonomía de la región. El gobierno español destituyó a los dirigentes catalanes, disolvió el parlamento y convocó elecciones regionales anticipadas dos meses después. Los partidos separatistas obtuvieron una estrecha mayoría. Puigdemont, al no haberse sometido a la justicia española —sobre él todavía pesa una euroorden de detención y el viernes pasado pasó a disposición de las autoridades judiciales belgas— no tiene derecho a ser indultado. Primero deberá ser condenado.

El polémico indulto se suma a otros que hicieron temblar a España como cuando en 1993 el Tribunal Supremo se pronunció a favor de sobreseer a Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó un intento de golpe de Estado en 1981. Sin embargo, no prosperó, y el ex guardia pasó quince años en prisión. Quién sí fue indultado fue el general Alfonso Armada, también protagonista del 23-F. Otro indulto controvertido fue el que concedió el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, que benefició al ex ministro de Interior Barrionuevo y el ex director general de Seguridad del Estado Vera condenados a diez años de cárcel por su implicación con los GAL, una organización paramilitar financiada con fondos reservados del Estado.

En esos casos, nadie preguntó nada a los ciudadanos. Ahora, una encuesta publicada por el diario El Español apunta que el 80% de los españoles, incluido el 72% de los votantes del PSOE, están en contra de los indultos, y el 78% considera que conceder la medida de gracia a los presos del procés supondría un aliciente para que el independentismo repita su desafío.

El debate está encendido. Como los televisores que retransmiten las tertulias en las que se enroscan los “opinadores de plató”. Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid y jueza emérita dijo que “ni el indulto es algo perverso, ni anticonstitucional, ni va en contra de la división de poderes, creencias que en parte derivan de la falta de transparencia en cuanto a su uso en el pasado”. Por su parte, el escritor y filólogo Jordi Amat cree que se trata de “una crisis constitucional que deriva en una crisis de Estado y la ausencia de una solución ha tenido consecuencias muy problemáticas. Retrocediendo a 2017, cuando el asunto salió del margen de la deliberación política, quien tenía más fuerza la impuso, pero no solucionó el conflicto. Para zurcir el roto, es necesario un proceso de negociación”.

Pero cuando la cámara enfoca hacia el lado de los opinantes con cargo político vigente, el lente se vuelve a empañar. “Es una absoluta vergüenza que el rey tenga que firmar semejante documento”, redobló su apuesta la alcaldesa del PP, Isabel Díaz Ayuso. Y remató: “El gobierno y los independentistas han llevado a Cataluña a una situación de conflicto civil que no ha sido peor por la otra mitad de Cataluña, los que siempre ceden. Son políticos que se ríen de todos nosotros. Esos políticos celebran haber puesto al Rey de España en una trampa porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice. Por supuesto, no es cómplice”.

De todos modos, la dinámica de los indultos continúa con su impulso inercial. Para fin de junio deberían estar firmados. Tal vez, lleguen al Palacio de la Zarzuela antes de lo esperado. Se enterarán los españoles tomando otro cafecito y poniendo unas pelas en las máquinas de monedas del bar de la esquina mientras el sonido de la tertulia de la tele lo envuelve todo.

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