La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunciaron que, cien días después de que las Fuerzas Armadas diesen un golpe de Estado en Birmania, la represión no cesa y son ya más de 780 las personas que perdieron la vida en un contexto de “graves” abusos, por lo que solicitaron “una mayor implicación internacional” para calmar la crisis.
“Las autoridades militares no dan muestra de reducir la brutal represión de la oposición en un intento por consolidar su poder”, señaló el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, al hacer balance de lo ocurrido en las principales ciudades de Birmania desde el 1 de febrero, cuando las Fuerzas Armadas depusieron al Gobierno de Aung San Suu Kyi.
El “movimiento de desobediencia civil” tampoco cesa, lo que se tradujo en choques constantes que suman ya “al menos 782” fallecidos, según un balance elaborado a partir de “fuentes creíbles” y que Colville atribuyó al uso “innecesario, desproporcionado y letal” de la fuerza por parte de las autoridades.
También persisten las redadas contra la oposición, hasta el punto de que serían ya “más de 3.740” las personas actualmente detenidas. La ONU se muestra “profundamente alarmada” por el hecho de que se desconozca el paradero de cientos de estas personas y concluye que podrían tratarse de “desapariciones forzadas”.
“De quienes están bajo custodia, la gran mayoría no ha comparecido ante un juez, mientras que la mayoría de los 86 procesados hasta ahora han sido juzgados en secretos, con ningún acceso o limitado a cualquier forma de asesoría legal”, lamentó Colville, que confirmó al menos 25 condenas a muerte “unas 20 de ellas tras juicios ‘in absentia’”.
La presión trasciende a las propias manifestaciones, con más de 1.560 órdenes de arresto contra activistas, sindicalistas, periodistas, académicas y personalidades públicas, y tácticas de “presión” que incluyen el traslado de familiares de personas huidas en busca de rendiciones voluntarias.
Además, en un intento de que los funcionarios vuelvan al trabajo y depongan cualquier posible paro, la junta militar apartó a más de 3.000 trabajadores, de los cuales casi un 70% serían mujeres, si bien la cifra podría ser mucho mayor. “Hay informaciones de que hasta 11.000 más trabajadores docentes fueron suspendidos el lunes”, apuntó Colville.
EL PAPEL INTERNACIONAL
Para Naciones Unidas, “está claro que es necesaria una mayor implicación internacional” con la que evitar que la situación de Derechos Humanos en Birmania empeore “aún más”. Colville afirmó que la junta militar no ha hecho ningún gesto para cumplir el plan de cinco puntos que aprobó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en abril y que planteaba, entre otras cuestiones, el cese inmediato de la violencia.
“Instamos a la ASEAN a reaccionar rápidamente e intensificar sus acciones”, de tal forma que se pueda garantizar que las Fuerzas Armadas “cumplen sus compromisos” y que, de no hacerlo, rindan cuentan por sus incumplimientos, añadió el portavoz.
Asimismo, reclamó “protección y apoyo” para quienes huyen de Birmania, especialmente ante el temor por los efectos colaterales de la “intensificación” del conflicto entre las autoridades militares y algunos grupos armados en estados como Kachin y Kayin.
(con información de EP)
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