Cómo la pandemia hizo crecer el hambre en España, que está entre los países con más pobreza de la Unión Europea

Que los efectos económicos de las medidas adoptadas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia han sido devastadores está ya fuera de toda duda. Se nota muy claramente en los países de bajos ingresos. La CEPAL estimó que en América Latina 22 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 y se sumaron a las 187 millones que ya eran pobres desde antes. Si lo que se mira es pobreza extrema, un nivel en el que ni siquiera la alimentación básica está cubierta, son 78 millones las personas afectadas, 8 millones más que en 2019.

Pero la miseria dejó de ser un fenómeno exclusivo del subdesarrollo. También en los países ricos la pandemia llegó de la mano de un deterioro de las condiciones de vida que no se veía desde hacía décadas. España es uno de los ejemplos más notorios.

Con un PIB per cápita de USD 33.000, que ocupa el puesto 30 a nivel mundial, y un Índice de Desarrollo Humano de 0,904 sobre 1, que la ubica entre las primeras 25 del planeta, España es lo que se considera una nación de ingresos altos. Sin embargo, un millón y medio de personas —en un país de 46,9 millones de habitantes— han pasado hambre en el último año, y se han visto obligadas a acudir a un comedor para alimentarse.

Según la Federación Española de Bancos de Alimentos, la demanda de comida en sus establecimientos creció un 50% desde el comienzo de la pandemia. Es algo que ni siquiera se había visto durante la crisis internacional de 2008-2009.

No sólo tuvieron que pedir comida individuos que se encuentran en la base de la pirámide social. También familias de clase media baja, que se quedaron sin empleo y sin ningún ingreso por el desastre económico causado por los confinamientos y por la prohibición de múltiples actividades comerciales.

España fue probablemente el país más golpeado de Europa en términos sociales y económicos. En parte se debe a que fue uno de los que aplicó medidas más estrictas durante más tiempo. Pero también se explica por las debilidades estructurales de su economía. Es que mucho antes de que emergiera el COVID-19 estaba ya entre los países con mayores niveles de pobreza del continente.

El impacto socioeconómico de la pandemia en España

De los 27 países que integran la Unión Europea (UE) sólo Irlanda se salvó de la recesión en 2020. En gran medida gracias a que su economía depende mucho de la exportación de productos farmacéuticos y de servicios informáticos —entre otros rubros no dependientes de la demanda doméstica—, el PIB creció 3,4%, según las estadísticas de Eurostat.

Todas las demás economías se contrajeron, pero ninguna tanto como la española, que experimentó una caída del 10,8 por ciento. Fueron dos puntos porcentuales más que el segundo, Italia, con una retracción del 8,9 por ciento.

“El impacto económico pudo haber sido mayor que en otros países del centro y del norte de Europa debido a que una menor proporción del empleo se podía pasar a modo remoto, por la gran dependencia de la hostelería, por ejemplo, y por la menor tasa de digitalización”, explicó Carlos Gradín, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigador del Instituto Mundial para la Investigación de la Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, consultado por Infobae.

Con una caída semejante, es imposible que el mercado de trabajo no se resienta. El desempleo, que venía cayendo sostenidamente desde 2013, subió un punto y medio, de 14 a 15,5 por ciento. Sólo Grecia lo supera, con un 16,3 por ciento. Una diferencia que en 2019 era de más de tres puntos porcentuales pasó a ser de apenas 0,8.

“El impacto del COVID-19 en España, comparativamente con el resto de Europa, se ha dejado ver en la destrucción de empleo, al ser España un país muy dependiente del sector terciario, donde adquiere un papel muy relevante el turismo”, dijo a Infobae Ángel Belzunegui, director de la Cátedra de Inclusión Social y profesor titular de sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. “Las economías más industrializadas y los países con un sector servicios altamente tecnologizado han resistido mejor. El sector turístico español es todavía muy intensivo en mano de obra, y las medidas de restricción han recaído fundamentalmente en aquellas actividades económicas ligadas a la sociabilidad. En España, con un Estado de bienestar muy limitado, la pérdida de empleo suele ir acompañada del aumento de la pobreza. Son vasos comunicantes”.

Aunque los datos son por ahora parciales, ya que tardan más tiempo en ser procesados, hay indicadores contundentes de la suba de la pobreza, más allá de las reveladoras estadísticas de la Federación Española de Bancos de Alimentos. De acuerdo con la ONG Oxfam Intermón, unas 790.000 personas cayeron en 2020 por debajo de la línea de la pobreza severa, marcada por quienes ganan menos de 16 euros al día. Ya son 5,1 millones de personas en total, que representan el 10,8% de la población.

Como suele ocurrir en las crisis, no todos los sectores sociales fueron afectados de la misma manera. Los jóvenes sufrieron desproporcionadamente la suba del desempleo. Entre ellos, la desigualdad creció 1,6 veces más que en la media de la sociedad, según Oxfam.

Otro grupo particularmente golpeado fueron los inmigrantes. La ONG estima que entre ellos la pobreza asciende al 57%, contando tanto a quienes no tienen residencia legal como a los que están viviendo en España con todos los papeles en regla.

“En España se dan condicionantes de mayor fragilidad laboral y social, que explican que los niveles de pobreza ya fueran periódicamente altos incluso antes de la pandemia”, sostuvo Francesc Valls Fonayet, doctor europeo en sociología y profesor de la Universidad Rovira i Virgili, en diálogo con Infobae. “Habría que tener en cuenta que una parte relevante del mercado de trabajo en España depende del turismo, que ha sido uno de los sectores más afectados. Para afrontar estos efectos económicos de la pandemia, el Estado ha implementado dos grandes medidas. Por una parte, la protección por ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporal) ante causas de fuerza mayor. Aunque ha habido deficiencias, su efecto ha sido globalmente positivo. La otra medida ha sido el Ingreso Mínimo Vital, una red de protección para asegurar ingresos dignos a todos los hogares. Sin embargo, los resultados demuestran que la población que ha podido acceder de manera efectiva ha sido mucho menor que las expectativas planteadas inicialmente”.

El estado español, como los de casi todos los países del mundo, distribuyó distintos tipos de ayudas para paliar los efectos de las restricciones que impuso contra la propagación del virus. Pero está claro que fueron mucho menos efectivas que las de sus vecinos.

Es la consecuencia lógica de partir de una posición mucho más vulnerable. España tenía en 2019 un déficit fiscal de 2,9% del PIB, tercero más alto de la UE detrás de Francia y Rumania. En el año de la pandemia lo elevó al 11%, superando a todos los demás países. El Gobierno quedó con pocos recursos para intervenir.

“España apenas tenía margen fiscal, con una deuda pública de alrededor del 100% del PIB en la situación pre-pandemia”, dijo a Infobae José Ignacio Antón Pérez, profesor de economía aplicada de la Universidad de Salamanca. “Se establecieron subsidios púbicos para compensar parcialmente los salarios de los trabajadores, pero no ha habido ni de lejos una política del tipo de las seguidas por Austria o Alemania, que establecieron compensaciones claras a los negocios que tuvieron que cerrar”.

Pobreza estructural en España

La pandemia agravó los problemas sociales en España, pero no los creó. Las dificultades para generar empleo de calidad para la gran mayoría de la población son previas y, por eso mismo, la pobreza es mal endémico en el país.

“Podríamos definir los altos niveles de pobreza en España como crónicos y estructurales —dijo Valls Fonayet—. De entrada, por las características del mercado de trabajo: deteriorado, con tasas de desempleo que duplican la media comunitaria; y con una proporción significativa de demanda de mano de obra no cualificada, de ocupación temporal y de puestos de trabajo con bajos salarios. Segundo, el sistema de protección social en España es muy poco eficaz en la lucha contra la pobreza en comparación con otros países europeos. Las prestaciones sociales son poco cuantiosas y están enfocadas de manera poco eficiente, puesto que cubren relativamente bien a algunos segmentos de la población, como los jubilados, pero desatienden a otros, especialmente aquellos con escasa cotización laboral previa”.

España entró a la pandemia con el 25,3% de su población bajo la línea de pobreza, según los datos consolidados de Eurostat para 2019. Se trata de un indicador relativo, ya que no establece el umbral en función del acceso a determinados bienes y servicios —o a un nivel de ingresos equivalente—, sino en relación a cuál es la mediana de ingresos en el país.

La mediana es el número que divide a la población en dos, de modo que una mitad gana por encima de ese nivel y la otra mitad está por debajo. Para Eurostat es pobre toda persona que gane menos del 60% de la mediana de ingresos. En 2019, eso significaba en España tener una renta inferior a 750 euros mensuales para personas solteras y a 1.576 euros para hogares de dos adultos y dos hijos.

Con ese criterio, España era antes de la crisis del COVID-19 el séptimo país con mayor pobreza de la UE. El primero era Bulgaria, con 32,8%, seguido por Rumania (31,2%), Grecia (30%), Letonia (27,3%), Lituania (26,3%) e Italia (25,6%). En el otro extremo se encontraba República Checa, con 12,5%, la mitad que España.

“Son cuatro, entre otros, los factores estructurales —enumeró Belzunegui—. Primero, un mercado de trabajo altamente precarizado, sobre todo para los jóvenes, incluso para los que están altamente capacitados. Segundo, la naturaleza de los trabajos que hay en el mercado. Muchos son intensivos en mano de obra. Esto es especialmente visible en el gran sector de servicios: comercio minorista, grandes superficies comerciales y sector turístico. Estos puestos tienen una altísima rotación precisamente por su falta de calidad. Tercero, el débil Estado de bienestar español que pauperiza a las capas sociales que no tienen capacidad de compra en el mercado. Un ejemplo es la falta de guarderías públicas. Cuarto, el elevado precio de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Para determinados estratos, supone entre un 70% y un 80% del salario familiar. Todos estos factores combinados hacen de España una anomalía en términos de riesgo de pobreza cuando la comparamos con sus vecinos europeos”.

Todos los estudiosos de la pobreza coinciden en que el factor decisivo está en un mercado de trabajo deficiente, que es a su vez una manifestación de un modelo de desarrollo relativamente débil para la media europea. Este déficit explica que España tenga desde hace décadas un desempleo mayor al de sus vecinos. Un problema que se profundizó con la crisis de 2008.

“La Gran Recesión produjo un deterioro marcado de la distribución del ingreso, con una fuerte pérdida en los sectores de menor renta —dijo Antón Pérez—. El empleo en la construcción, por ejemplo, que absorbía el doble de mano de obra que en otros países europeos, no se recuperará en su totalidad. Y el estado de bienestar en España consiste fundamentalmente en pensiones, sanidad, educación y prestaciones de desempleo, que no se recogen en las estadísticas que permiten medir la pobreza y la desigualdad. En consecuencia, el gasto social en España reduce la desigualdad que genera el mercado menos que en otros países”.

Es cierto que la forma de medir la pobreza elegida por Eurostat mide esencialmente la desigualdad, pero no necesariamente la cobertura de determinadas necesidades básicas. Hipotéticamente, es posible que muchas personas ganen menos del 60% de la mediana de ingresos, pero igual tengan acceso a buenas condiciones de vida, si esa mediana es muy alta. Pero no es lo que suele suceder.

“La pobreza relativa en España siempre fue muy alta en términos europeos, como también lo es la desigualdad del ingreso —dijo Gradín—. Por un lado hay que tener en cuenta que España muestra un elevado nivel de desempleo estructural, así como de empleo precario. Esto se agrava por un sistema de bienestar que funciona relativamente bien en proteger a los recién desempleados o a los jubilados, pero no a las familias en edad laboral con empleos precarios o desempleo de larga duración. España destaca en Europa occidental por carecer de una prestación universal a las familias con hijos, lo que contribuye a la elevadísima pobreza infantil”.

Una forma de medir la pobreza absoluta es el índice de carencias materiales de Eurostat, que sin importar cómo se distribuyan los recursos en el país, considera pobres a quienes carecen o no pueden pagar al menos tres de nueve ítems considerados esenciales: una alimentación saludable, el alquiler y los servicios básicos del hogar, la calefacción, un teléfono, un televisor, un lavarropas, un auto y un mínimo de gastos inesperados.

Desde ese punto de vista, España también está por encima de la media de la UE, pero más cerca de la mitad: el 12,4% de sus ciudadanos padecen de carencias materiales severas y hay 12 países en los que este porcentaje es mayor. En peores condiciones está Bulgaria, con 32,6 por ciento. Y el que está mejor es Luxemburgo, con apenas 3,7% de sus ciudadanos en esa situación.

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