El secretario de la Oficina del Gabinete del Gobierno británico, Simon Case, el funcionario de más rango en Downing Street, no negó que el primer ministro, Boris Johnson, usara inicialmente donativos no declarados de simpatizantes del Partido Conservador para hacer reformas en su apartamento oficial en Londres.
En una comparecencia parlamentaria, Case admitió este lunes que hace un año, antes de que él asumiera el cargo, hubo conversaciones en el Gobierno a fin de crear una fundación benéfica para velar por el complejo de edificios de Downing Street, donde están la vivienda y despacho oficiales del primer ministro, si bien no llegó a constituirse porque el entramado legal era “complicado”.
El alto funcionario confirmó que el lord conservador David Brownlow se preparaba para asumir el cargo de presidente de esa “Fundación de Downing Street” y había comenzado a buscar posibles miembros del consejo, y no negó que se hubieran hecho entonces aportaciones económicas.
Según la normativa, la Oficina del Gabinete paga por el mantenimiento de las instalaciones oficiales del “premier” mientras que cada titular recibe una dotación de unas 30.000 libras, unos 34.500 euros, para redecorar la residencia, de manera que, si los gastos son superiores, debe pagarlos de su bolsillo.
Boris Johnson está siendo cuestionado después de que la prensa y su ex asesor jefe, Dominic Cummings, revelaran que trató de emplear donaciones no declaradas de afiliados conservadores para redecorar el apartamento del número 11 de Downing Street, donde reside con su pareja, Carrie Symonds, y el hijo de ambos porque es más amplio que el legendario “número 10”, dónde está su despacho oficial.
Aunque, de acuerdo con los medios, el líder “tory” habría devuelto después el presunto donativo, cifrado en unas 58.000 libras, unos 67.000 euros, pudo violar la legislación de financiación de partidos, lo que debe examinar la Comisión Electoral.
Cummings, despedido en noviembre por luchas de poder, reveló también que Johnson intentó frenar una investigación interna sobre quién del Gobierno había filtrado a los medios que impondría en noviembre un segundo confinamiento por la pandemia, al darse cuenta de que el culpable podía ser un amigo de su pareja, el asesor Henry Newman.
En su intervención ante la comisión de Administración Pública y Asuntos Constitucionales, Case aseguró hoy que esa pesquisa “sigue” en marcha cinco meses después y avisó de que es “poco probable” que se encuentre a los responsables.
(Con informació de EFE)
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