Amnistía Internacional (AI) dedicó a China un extenso y duro capítulo de su informe anual publicado este martes, a la que responsabilizó por problemáticas que van desde las violaciones a los Derechos Humanos, la crisis del coronavirus, la represión a las minorías, hasta los cercenamientos contra la libertad de expresión.
De acuerdo con la organización, el año estuvo marcado en el gigante asiático por la dura represión ejercida contra los defensores de los Derechos Humanos y las personas a las que se identificaba como disidentes, además de por la represión de las minorías étnicas.
Éstos “fueron sometidos sistemáticamente a hostigamiento, intimidación, desaparición forzada, detención arbitraria y en régimen de incomunicación, y largas condenas de prisión”.
Represión contra minorías
Otra de las denuncias de Amnistía contra Beijing apuntó contra las crisis abiertas en las regiones autónomas del país. Tanto contra la población uigur en Xinjiang como en la zona del Tibet, el régimen ejerció una dura represión contra las minorías étnicas con el pretexto del “antiseparatismo”, el “antiextremismo” y la “lucha contra el terrorismo”.
En el caso de Xinjiang, AI calcula que, desde 2017, un millón o más de personas uigures, kazajas y de otros pueblos predominantemente musulmanes habían sido recluidas de manera arbitraria y sin juicio y sometidas a adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada en centros de “transformación mediante la educación”.
Además, imágenes captadas por satélite revelaron la construcción de un número cada vez mayor de campos a lo largo del año, mientras que un número cada vez mayor de uigures residentes en el extranjero pidieron a las autoridades alguna prueba que demostrara que sus familiares desaparecidos en Sinkiang continuaban con vida.
Con todo, la organización afirma que los datos sobre la situación continúan siendo escasos debido a los estrictos controles gubernamentales.
Coronavirus y el brote en Wuhan
El brote de COVID-19 registrado en febrero pasado en Wuhan, no sólo terminó con la vida de unas 4.600 personas en China, sino que desató una pandemia global que mató a 2.8 millones de personas. Es en ese contexto que la población exigió libertad de expresión y transparencia después de que las autoridades amonestasen a profesionales de la salud que habían advertido sobre el virus.
En efecto, más allá del debate sobre el origen del virus, fue sobradamente demostrado que la censura del gobierno obstaculizó la circulación de información vital durante las primeras semanas del brote de COVID-19 en Wuhan.
“En las primeras fases de la epidemia, se impidió informar sobre el brote a periodistas —tanto profesionales como ciudadanos— y al personal de salud”, denunció AI.
Además, añadió que, fronteras adentro, “la amplia vigilancia, tanto personal como tecnológica, ejercida en nombre de la salud y la seguridad públicas vino a reforzar aún más el control del Estado sobre la sociedad”.
Vinculado a ese fenómenos Amnistía documentó la continuidad y el reforzamiento de la censura en Internet: “Los mensajes con opiniones disidentes, las etiquetas delicadas relacionadas con el brote y las demandas de libertad de expresión fueron rápidamente borradas”.
Además, señaló que las autoridades detenían o infligían otros castigos a quienes revelaban información sobre el COVID-19. “Un elevado número de periodistas y activistas fueron víctimas de actos de hostigamiento y prolongadas detenciones en régimen de incomunicación sólo por haber compartido información sobre el COVID-19 en las redes sociales”.
Contra las disidencias sexuales
Además de la suspensión del la marcha del Orgullo de Shangai y de todas sus actividades futuras, y la constante reducción de los espacios del colectivo LGTBI, el régimen se ocupó a hostigar a quienes se dedicaban al activismo y alzaban la voz contra la discriminación y la homofobia, denunció el informe de Amnistía.
Aunque un portavoz de la Asamblea reconoció que se habían recibido numerosas peticiones de que se aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo, éste siguió sin ser legalizado en el Código Civil, que entró en vigor el 1 de enero de 2021.
Ataque contra las protestas ciudadanas en Hong Kong
La Ley de la República Popular China sobre la Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong -también conocida como Ley de Seguridad Nacional- fue aprobada por el máximo órgano legislativo chino, en un movimiento que dio lugar a represión de la libertad de expresión en la ex colonia británica.
Por su parte, el gobierno local intensificó la represión de activistas prodemocracia y líderes de oposición e invocó la seguridad nacional como pretexto para injerirse en los medios de comunicación y en el sector educativo.
Por último, el derecho a la libertad de reunión pacífica en el territorio de Hong Kong se vio más recortado aún debido a la aplicación, aparentemente arbitraria, de las normas de distanciamiento físico impuestas con motivo de la pandemia de COVID-19.
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