Portugal abrió la puerta a la inseminación “post-mortem” tras la aprobación en el Parlamento a un proyecto de ley que ahora deberá ser sancionado por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.
La ley, de ser sancionada, permitirá a una mujer ser inseminada con el material genético de su pareja fallecida, siempre que se realice en un periodo de entre seis meses y tres años tras la muerte, con consentimiento previo dado en vida y se demuestre que la paternidad era un objetivo ya establecido.
No se pondrá límite al número de intentos de inseminación, que podrán efectuarse hasta que la mujer quede embarazada.
El bebé será hijo póstumo del fallecido, salvo que la madre se haya emparejado durante el proceso y la nueva pareja se registre como padre.
El incumplimiento de estos requisitos puede llevar a una pena de prisión de hasta dos años.
La iniciativa fue apoyada por socialistas -con libertad de voto que se tradujo en cinco abstenciones-, Bloque de Izquierdas (BE), Partido Comunista, animalistas (PAN), ecologistas (PEV) y Liberales (IL), aunque registró cinco abstenciones en la bancada socialista.
La formación de ultraderecha Chega, los populares y el Partido Social Demócrata (PSD) votaron en contra.
El debate sobre la reproducción post-mortem en Portugal ha estado marcado por las reservas de organizaciones médicas como el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNEVC), el Consejo Nacional de la Procreación Médicamente Asistida (CNPMA) o la Asociación Portuguesa de Fertilidad.
Rita Lobo Xavier, presidente de CNEVC, consideró que la decisión de la madre puede estar afectada por el luto patológico y subrayó la imposibilidad real de contrastar la voluntad real del donante fallecido.
Reservas compartidas por la CNPMA, que envió un documento a la Asamblea de la República con algunas consideraciones, como el hecho de que no se diferencie entre inseminación de espermatozoides o de embriones, la falta de requisitos para la autorización del donante o la ausencia de límites para el número de intentos de inseminación.
El Ministerio Público, por su parte, pidió aclaraciones sobre el registro del bebé en caso de que la mujer gestante contrajera matrimonio durante el proceso.
La ley debe ahora ser analizada por el presidente de la República, que puede enviar el texto al Tribunal Constitucional antes de vetarla o sancionarla. En este último caso, la ley entra efectivo al día siguiente de su publicación en el Diário da República.
Su ratificación convertiría a Portugal en uno de los pocos países europeos que permiten esta técnica, prohibida en Suiza, Alemania, Italia o Francia pero legal en Inglaterra, Países Bajos o Grecia.
(Con información de EFE)
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