Qué significa el acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido para sancionar juntos a China por primera vez en 31 años

El Consejo Europeo se reunió de emergencia el 26 de junio de 1989 en Madrid para discutir qué hacer con China. Habían pasado 22 días del ingreso de los tanques del Ejército Popular de Liberación en la Plaza de Tiananmen para aplastar la masiva protesta que durante casi dos meses había captado la atención del mundo.

La Cruz Roja china informaba que 2.700 personas habían sido masacradas y en Occidente crecía la presión para dar algún tipo de respuesta. La Unión Europea (UE) resolvió sancionar a China con un embargo de armas, en una acción coordinada con Estados Unidos para ejercer la máxima presión posible.

Más de 31 años tuvieron que pasar para que se repitiera una iniciativa comparable de las grandes potencias occidentales contra el gobierno chino. Washington, Bruselas y Londres anunciaron esta semana sanciones contra altos funcionarios de la región de Xinjiang, considerados responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra la minoría uigur.

“China sigue cometiendo un genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang”, dijo Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, al informar las medidas. “Junto a nuestros aliados de todo el mundo seguiremos pidiendo la inmediata detención de los crímenes de China”.

Dominic Raab, secretario de Relaciones exteriores británico, dijo que lo que estaba haciendo la República Popular con los uigures representa “la mayor detención masiva de un grupo étnico y religioso desde la Segunda Guerra Mundial”.

Beijing respondió buscando dejar en claro que no iba a aceptar que nadie condicione sus políticas: impuso sanciones contra diez ciudadanos europeos —entre ellos cinco eurodiputados, diplomáticos y académicos— y cuatro organismos. Los acusa de “dañar gravemente la soberanía y los intereses chinos y expandir mentiras perniciosas e informaciones falsas”.

Las evidencias de los abusos cometidos contra los uigures en Xinjiang son inmensas. Encierros en campos de trabajo, separación de padres e hijos, violaciones y esterilización forzada son algunos de los crímenes cometidos en el afán del gobierno de eliminar cualquier forma de disidencia y de identidad alternativa.

Pero la decisión de la UE y del Reino Unido de sumarse a Estados Unidos en la presión contra China no puede explicarse sólo por lo que está pasando en Xinjiang. Hay un factor de corto plazo insoslayable, que es el cambio de gobierno en Washington. Difícilmente Europa podría haber coordinado una acción así con Donald Trump, que apeló siempre al unilateralismo en su política exterior.

También hay elementos de mediano plazo que no pueden obviarse. La decisión de esta semana forma parte de un cambio de enfoque general de Occidente hacia China, que empezó hace ya algunos años. Beijing dejó de ser un conveniente socio comercial para convertirse en una amenaza para las potencias occidentales, que ven con preocupación su imparable avance económico y su política exterior crecientemente aventurera.

“La frustración con otros aspectos del comportamiento chino, relacionados con Hong Kong y la Ley de Seguridad Nacional, y con las causas inventadas contra canadienses en China después de la detención de una ejecutiva de Huawei por motivos mucho más plausibles, pueden no ser razones oficiales, pero probablemente están en la mente de muchas personas. Además, la acción colectiva de Occidente es más factible ahora que en los últimos cuatro años. Las cosas no son tan sencillas como podría sugerir la afirmación de Biden de que ‘Estados Unidos ha vuelto’, pero la UE, el Reino Unido y Canadá tienen ahora alguna posibilidad real de coordinar con Washington. Y sólo la acción coordinada puede llegar a importar”, explicó Kenneth Pomeranz, profesor de lenguas y civilizaciones de Asia Oriental de la Universidad de Chicago, consultado por Infobae.

La UE publicó en marzo de 2019 un documento titulado ‘UE-China: Una perspectiva estratégica’. Este documento afirma que el bloque europeo considera a China como un socio en distintas áreas de cooperación y negociación, pero también como un “rival sistémico”.

“Los derechos humanos son una de las áreas en las que China es un rival sistémico”, dijo a Infobae Gudrun Wacker, investigadora de la División Asia del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “Esto se relaciona con sus esfuerzos por redefinir valores a nivel mundial, por ejemplo en las Naciones Unidas. Los países europeos y muchos otros tienen un interés fundamental en que existan reglas comúnmente aceptadas y normas universales a las que todos los países al menos se esfuercen por adherirse. China firmó casi todos los convenios internacionales que sustentan el orden mundial basado en normas, por lo que la presión diplomática es un recordatorio de que no somos indiferentes si se violan sistemáticamente las reglas acordadas”.

Los uigures, el catalizador

La región autónoma de Xinjiang, ubicada en el noroeste de China, es la más grande de las unidades administrativas que componen el país, aunque está entre las menos pobladas. Tiene 25 millones de habitantes, de los cuales 13 millones son uigures.

Este grupo étnico de raíces túrquicas tiene pequeñas comunidades repartidas en distintos países de Asia, pero la gran mayoría de sus miembros viven en Xinjiang. Los contrastes culturales e identitarios entre ellos y los han, grupo étnico al que pertenece más del 90% de los chinos, son enormes.

La religión es el rasgo diferencial más importante. La revolución liderada por Mao Zedong, que dio origen a la República Popular en 1949, combatió fuertemente a los distintos credos, porque le interesaba imponer uno sólo: el del Partido Comunista de China (PCCh). Así que la mayoría de los chinos son ateos y la primera minoría es el budismo.

Los uigures, en cambio, son preponderantemente musulmanes, y para muchos de ellos la fe ocupa un lugar central en la vida. Por eso enfrentan desde hace décadas la represión estatal, una de las razones por las que han surgido distintos grupos separatistas. El más importante es el Partido Islámico del Turquestán, que ha realizado diversos ataques terroristas en la región.

Combatir el extremismo islámico es el principal argumento esgrimido por Beijing para justificar la limpieza étnica en Xinjiang. Pero lo cierto es que el recrudecimiento de la persecución coincidió con el giro que empezó a dar el PCCh a partir de 2012, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo.

En todos los niveles de la vida política, social y económica hay una tendencia hacia la centralización del poder y a la disminución de los espacios de libertad y autonomía. En ese contexto, los uigures empezaron a ser vistos como una anomalía que había que corregir.

“Cada vez hay más pruebas de abusos verdaderamente atroces en Xinjiang —dijo Pomeranz—. Esto incluye encarcelamientos masivos, evidencias de abuso sexual sistemático en algunos centros y la dispersión involuntaria de quienes son liberados, mediante asignaciones de trabajo lejos de sus familias y comunidades. La represión en Xinjiang parece ser considerablemente peor que la del Tíbet, que habría sido uno de los desencadenantes más probables de sanciones en distintos momentos de los últimos 30 años. Y Xinjiang está integrado en varias cadenas de suministro globales, como la del algodón. Esto refuerza la sensación de algunos en Occidente de que si no trazan algún tipo de línea, serán cómplices de lo que está ocurriendo”.

El grupo de expertos mundiales en derechos humanos, crímenes de guerra y derecho internacional del Newlines Institute for Strategy and Policy publicó semanas atrás un detallado informe en el que acusa a China de cometer un “genocidio contra los uigures”. La investigación puntualiza que la campaña comenzó en 2014 por orden de Xi: “Funcionarios chinos de alto rango llevaron a cabo las órdenes de ‘detener a todos los que deberían ser detenidos’, ‘limpiarlos completamente’, ‘destruirlos de la raíz a la rama’ y ‘romper su linaje, raíces, conexiones y orígenes’”.

Más de un millón de uigures han sido internados en una red de centros de detención en Xinjiang. Allí son sometidos a los peores abusos y a un intenso adoctrinamiento, que busca borrar los rasgos de sus orígenes culturales, además de ser forzados a trabajar.

También hay evidencias de que el Gobierno está separando a miles de niños de sus padres, en un intento de borrarles su identidad. Adrian Zenz, investigador de la Fundación para el Monumento a las Víctimas del Comunismo en China, accedió a planillas oficiales que muestran que entre 2017 y 2019 pasó de 500.000 a casi 900.000 el número de niños que, como tienen a sus padres encerrados en centros de detención, son puestos en internados bajo tutela del Estado.

“En los últimos años aumentó la preocupación en la UE por el deterioro de los derechos humanos en China, como se ve en el trato a las minorías étnicas —dijo Wacker—. La práctica de la UE y de los Estados miembros de plantear estas cuestiones con sus homólogos chinos a puertas cerradas ya no era suficiente, a la luz de la postura cada vez más asertiva de China, que rechaza cualquier crítica como una injerencia en los asuntos internos”.

Lo que se puede esperar y lo que no

Las sanciones de Europa y Estados Unidos no van a tener efectos directos ni inmediatos sobre la situación de los uigures. Tampoco van a forzar a China a cambiar su política exterior.

Su alcance es en sí mismo limitado. Apenas apuntan a restringir los movimientos de cuatro altos funcionarios: Zhu Hailun, ex secretario del Comité de Asuntos Políticos de Xinjiang, considerado el artífice del programa de detención de los uigures; Wang Junzheng, jefe del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang; Chen Mingguo, director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang; y Wang Mingshan, secretario del Comité Político de la Región Autónoma de Xinjiang.

Nicola Casarini es un investigador del Wilson Center que estudia las relaciones entre Estados Unidos, Europa y China. “Si lo ponemos en perspectiva, el boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing en agosto de 2008 por parte de algunos importantes líderes de la UE y del Reino Unido por la represión en el Tíbet fue más significativo y más perjudicial para la reputación internacional de China que las sanciones que se han adoptado hace unos días. No castigan a los líderes en Beijing, que son los que manejan a los funcionarios locales, sino que apuntan a los ejecutores: cuatro funcionarios locales de bajo rango, uno incluso jubilado, y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang. No se ha tocado a los autores intelectuales del encarcelamiento masivo de uigures, ni a las grandes empresas internacionales que se benefician indirectamente de los trabajos forzados”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Las potencias occidentales saben que esos dirigentes no fueron más que quienes pusieron en práctica las órdenes de Xi y del Comité Central del PCCh. Pero expresamente evitaron tocar a nadie de ese círculo, para no desencadenar una escalada. La respuesta china también fue medida, ya que sancionó a eurodiputados, pero a ninguna autoridad europea.

“Dudo mucho que alguien esperara que estas sanciones se tradujeran en mejoras inmediatas en Xinjiang —dijo Pomeranz—. China escaló inmediatamente sancionando a varios individuos e instituciones europeas que no habían cometido ningún pecado más allá de ser críticos con sus políticas. Así que el panorama a corto y mediano plazo no es bonito. Pero el mundo necesita desesperadamente que las relaciones sino-occidentales mejoren. Las consecuencias de un impasse prolongado podrían ser muy malas para todo tipo de desafíos globales, como el cambio climático o la península de Corea”.

Lo relevante de las sanciones es que terminan de dar forma a un quiebre en el vínculo entre Occidente y China, lo cual sí puede tener efectos significativos de largo plazo. Por supuesto, una ruptura total es imposible. Las economías de China, Estados Unidos y Europa están totalmente integradas en cadenas globales de producción y comercialización que no se pueden desanudar. Pero sí puede haber una confrontación en aumento.

“La preocupación por el maltrato a los uigures es sólo un elemento más de una lista de dificultades con China que se está alargando”, dijo a Infobae Bates Gill, profesor de estudios de seguridad de la región Asia-Pacífico en la Universidad Macquarie de Sydney. “Entre ellas se encuentran la represión de las libertades civiles en Hong Kong, la intensificación de la intimidación militar contra Taiwán, las tácticas agresivas en la disputada frontera con la India, las medidas económicas punitivas contra Australia, el encarcelamiento de ciudadanos australianos, canadienses y europeos bajo cargos falsos y el involucramiento en actividades políticas no deseadas en países de todo el mundo. Muchos gobiernos occidentales están cansados y dispuestos a contraatacar”.

China dejó de ser visto como un socio amigable y pasó a ser considerado un rival geopolítico. Es una consecuencia lógica de dos transformaciones que se produjeron en las últimas décadas. Por un lado, el avance de la economía china a un nivel que amenaza a muchos países industrializados, que ven cómo sus grandes empresas pierden cuotas de mercado ante las chinas.

Por otro lado, el giro en la política exterior china, que en el último lustro dejó de lado la prudencia que la había caracterizado durante mucho tiempo y adoptó una postura mucho más agresiva. El avasallamiento de la autonomía de Hong Kong, el despliegue naval en el Mar del Sur y la profundización de la nueva ruta de la seda son sólo algunos ejemplos.

Los gobiernos occidentales consideran que la competencia es desigual, ya que al ser un régimen autoritario China casi no tiene que rendir cuentas de sus actos. Para cualquier gobierno democrático, el manejo inicial del brote de coronavirus podría haber sido devastador. No así para el chino.

“Con Xi, el PCCh ha reforzado el modelo de desarrollo económico dirigido por el estado, ha llevado a cabo una ambiciosa política de innovación tecnológica, ha abolido el ‘perfil bajo’ en la escena mundial y se ha vuelto mucho más firme en lo que respecta a la ideología y a la soberanía”, enumeró Anastas Vangeli, investigador especializado en china y la globalización de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Liubliana. “Todos estos son cambios significativos que han hecho que Occidente desconfíe de las ambiciones chinas, sobre todo porque su ascenso ha coincidido con una serie de crisis en muchos países. En el fondo, se puede identificar un enfoque hacia China que no es sólo una reacción ante su comportamiento, sino también ante la desilusión que hubo con el viejo paradigma del compromiso constructivo que marcó las relaciones entre Occidente y China hasta hace sólo unos años”, dijo a Infobae.

Detrás de la presión diplomática está la intención de hacerle pagar un costo a China por violar los derechos humanos, para emparejar la disputa. Aunque probablemente no sea suficiente para que Beijing cambie de actitud, al menos le sirve a los otros países para afectar la imagen de China en el mundo. Y no debe subestimarse la fuerza del poder blando en la política internacional. En la medida en que China sea visto como un actor hostil, su capacidad de influencia se va a ver afectada.

“No parece que China esté dispuesta a tomar otro camino —dijo Gill—. Hemos visto un cambio cualitativo en la forma en que interactúa con el mundo, especialmente con aquellos países que la critican por sus políticas internas en asuntos como los derechos humanos y el COVID-19. Beijing sabe que su comportamiento es arriesgado y está creando grandes problemas en sus relaciones con países clave. En todo el mundo, la opinión pública hacia China se está volviendo menos favorable. Pero a los líderes chinos no parece importarles. Como se han convertido en una gran potencia, están decididos a seguir su política interior y exterior como les parezca, independientemente de lo que piensen otras capitales”.

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