Occidente asegura que se está produciendo un nuevo genocidio ante nuestros ojos. China dice que es una cuestión de seguridad y que apenas está reeducando a un sector de la población para mejorar la convivencia entre las diferentes etnias. Lo cierto es que en los últimos cuatro años al menos dos millones de personas, la gran mayoría de la etnia de los uigures, una minoría predominantemente musulmana en la región de Xinjiang, en el occidente del país, pasaron por una extensa red de centros de detención en toda la región. Los ex detenidos aseguran que fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento político, trabajos forzados, torturas y abusos sexuales.
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) reaccionaron la última semana e impusieron sanciones contra funcionarios chinos y empresas de ese origen por su responsabilidad en la represión. En la lista figuran altos jerarcas regionales y autoridades del Partido Comunista de Xinjiang a los que se les congelaron sus activos en la UE y les retiraron las visas. “Usaremos el nuevo régimen global de sanciones para la defensa de derechos humanos”, dijo al llegar a la reunión el canciller francés, Jean-Yves le Drian, recordando las recientes sanciones de la UE a funcionarios rusos por la detención del opositor Alexey Navalny. China respondió de inmediato y anunció represalias contra diez funcionarios europeos, incluidos dos parlamentarios, así como contra cuatro organizaciones de DD.HH. internacionales.
El 19 de enero, un día antes de dejar su cargo, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aseguró que las acciones de China contra el grupo minoritario uigur constituían “genocidio y crímenes contra la humanidad.” Antony Blinken, el sucesor de Pompeo, dijo que estaba de acuerdo con esta caracterización en su audiencia de confirmación. La noción de que se está produciendo un genocidio en pleno siglo XXI parece descabellada, pero las pruebas de las atrocidades que China está cometiendo contra los uigures son innegables.
Más de un millón de uigures y otros pueblos musulmanes de la región occidental china de Xinjiang se encuentran en este momento en campos de internamiento masivo, prisiones y otras instituciones penales donde son sometidos a estrés psicológico, tortura y, como informó recientemente la BBC, a violaciones sistemáticas. Fuera de estas instituciones penales en esa misma región, el gobierno chino mantiene una vigilancia constante mediante tecnologías de vanguardia, esteriliza involuntariamente a las mujeres, separa a los niños de sus familias y los envía a internados, y envía a cientos de miles de personas a trabajo forzado en fábricas de toda China. Los guardias enviados por Beijing también están borrando las características uigures de la región, destruyendo mezquitas y lugares de peregrinación, arrasando barrios tradicionales y suprimiendo la lengua uigur.
Los uigures son el principal grupo étnico de Xinjiang. Son mayoritariamente musulmanes, hablan su propia lengua turca y mantienen una cultura distinta a la de la población mayoritaria Han de China. Según las cifras del gobierno chino, hay 12 millones de uigures en Xinjiang, una gota de agua en comparación con los 1.400 millones de habitantes de China.
El comportamiento brutal de China en Xinjiang no sólo refleja el giro cada vez más autoritario del país bajo la presidencia de Xi Jinping o la ideología del Partido Comunista Chino (PCCh). Más bien, la represión de los uigures surge de una relación fundamentalmente colonial entre Beijing y un territorio que conquistó hace mucho tiempo pero que no incorporó plenamente a la China moderna ni permitió una verdadera autonomía. En la década de 1980, pareció que el politburó del PCC podría alcanzar un modus vivendi más tolerante con los uigures. Pero todo terminó como muchas otras acciones de apertura.
Xinjiang, que los uigures consideran su patria y que significa “nueva frontera” en chino, fue conquistada por la dinastía Qing a mediados del siglo XVIII y absorbida por el imperio como provincia a finales del siglo XIX. Cuando la dinastía Qing cayó en 1911, la nueva República de China heredó esta región como un apéndice colonial lejano, gobernando sobre ella a través de líderes Han que mantenían una vaga comunicación con el poder estatal central. Cuando el PCCh de Mao Zedong asumió el poder en 1949 trató de ejercer un mayor control sobre la región, imitando un sistema de etnofederalismo al estilo soviético. Se rebautizó el territorio como Región Autónoma Uigur de Xinjiang.
Así lo explica Sean Roberts, director del programa de Desarrollo Internacional de la universidad George Washington en un artículo recientemente publicado en la revista especializada Foreign Affairs: En la Unión Soviética, el Partido Comunista en el poder reconoció los excesos del colonialismo zarista y dio a los pueblos anteriormente colonizados la oportunidad de estar al frente de la cultura y el gobierno soviéticos dentro de las repúblicas nacionales soviéticas. A estas repúblicas se les concedió incluso el derecho -aunque fuera simbólico- de separarse de la Unión Soviética. Pero China nunca dio los mismos pasos en sus territorios obtenidos por el imperio en Mongolia Interior, Tíbet y Xinjiang. A diferencia de sus homólogas soviéticas, las “regiones autónomas” étnicas de China apenas eran autónomas: no tenían el derecho teórico de separarse y muy pocos miembros del partido local alcanzaron puestos de poder significativo en el gobierno. Además, en 1959, el PCCh defendía la posición de que Xinjiang era una parte histórica de China, teoría que mantiene enfáticamente hasta hoy, negando el carácter colonial de la entrada de la región en China”.
En 1960, el gobierno de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang tenía muy poco de autónomo o uigur. China ya había eliminado los cuadros nativos de la dirección regional a finales de los 50 y había comenzado a fomentar la migración de chinos Han a la región, facilitando un marcado cambio demográfico. En 1953, los Han constituían sólo el 6% de la población de Xinjiang. En 1982, eran el 38%. A pesar de esta transformación demográfica, la patria uigur permaneció al margen del régimen comunista chino hasta la década de 1970. La mayoría de los emigrantes Han se asentaron en el norte de la región y vivieron apartados de los núcleos de población uigur del sur, como Kashgar y Khotan. Las diversas campañas de ingeniería social de Mao Zedong, desplegadas en esta región como en toda China, tuvieron un impacto limitado en la transformación de los uigures en maoístas leales. En la década de 1980, Xinjiang seguía siendo muy diferente cultural, lingüística y físicamente del resto de China, especialmente en los oasis del sur de la región, que seguían estando poblados mayoritariamente por uigures.
El periodo de reformas bajo Deng Xiaoping, que cobró fuerza tras la muerte de Mao en 1976, fue favorable para los uigures. Beijing adoptó tímidamente una estrategia de descolonización parcial en Xinjiang. Hu Yaobang, estrecho colaborador de Deng y secretario general del PCCh de 1982 a 1987, encabezó las reformas liberalizadoras en la región, al igual que en el resto del país. Pidió que muchos de los emigrantes Han de Xinjiang regresaran a sus ciudades de origen y abogó por una reforma cultural, religiosa y política sin precedentes. El gobierno permitió la reapertura de mezquitas cerradas anteriormente y la construcción de otras nuevas. Las publicaciones y la expresión artística en lengua uigur se dispararon.
Pero la visión de Hu de una región uigur más autónoma y de una China más democrática nunca se hizo realidad. Los conservadores del partido purgaron a Hu en 1987, culpando a sus políticas más liberales de avivar la agitación estudiantil en todo el país. La represión de las protestas estudiantiles masivas en la plaza de Tiananmen en 1989 -que surgieron en parte como respuesta a la destitución de Hu- marcó el fin de la era de la reforma política. Sin embargo, el acontecimiento que realmente selló el destino de la región uigur fue la caída de la Unión Soviética en 1991. “China consideró erróneamente que las campañas por la autodeterminación étnica eran el motor de la disolución de la Unión Soviética y actuó para asegurarse de que China no sufriera un destino similar”, explica Sean Roberts de la universidad George Washington.
En los 90, el PCCh desplegó numerosas campañas denominadas antiseparatistas, destinadas a sofocar los signos de agitación. El Estado consideraba la práctica del islamismo como un llamamiento a la autodeterminación, y purgó a miles de los religiosos practicantes. También detuvo a numerosos artistas y escritores laicos. Estas agresivas campañas implicaron una importante violencia estatal: detenciones masivas, torturas y ejecuciones. “A pesar de este conflicto sangriento y esporádico, no existía ningún movimiento militante uigur organizado en la región, ninguna amenaza real de secesión ni ninguna razón para creer que Xinjiang mereciera un trato tan severo”, dice el profesor Roberts. Los atentados del 11/S en Estados Unidos y la posterior declaración de Washington de una “guerra contra el terrorismo” mundial le dieron a Beijing la oportunidad de aumentar su represión sobre la minoría uigur. Aseguró que los militantes uigures estaban vinculados a Al Qaeda. Y Washington lo aceptó. Incluso colocó en una lista de organizaciones terroristas al Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM), un pequeño grupo uigur desconocido hasta entonces.
Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, China intensificó la supresión de la disidencia y la represión de la religión en el territorio uigur. Al mismo tiempo, invirtió miles de millones de yuanes en la construcción de nuevas infraestructuras e industrias en Xinjiang para atraer a migrantes de otras zonas del país. Hasta que, en 2017 con la consolidación de Xi Jinping en el poder, comenzó a desarrollarse el sistema de “reeducación” y limpieza étnica que estamos viendo en este momento. La excusa, esta vez, fue la necesidad de desarrollar Xinjiang como puente terrestre de la nueva Ruta de la Seda. En los últimos cuatro años, las autoridades chinas internaron en campos de confinamiento masivo a casi el 20% de la población local y sometieron al resto a una vigilancia sin precedentes, rastreando su comportamiento, sus asociaciones y sus comunicaciones en busca de cualquier signo de deslealtad que pudiera conducir a su encarcelamiento. Un documento oficial del PCCh revelado por la agencia France-Presse dejó muy clara la estrategia: el objetivo general de estas políticas hacia los uigures, es “romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes.”
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