El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, expresó este martes su “profunda preocupación” por la supuesta ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de una serie de hospitales públicos en Myanmar, algo que consideró “totalmente inaceptable”.
Desde la ONU recordaron que los hospitales son, y deben seguir siendo “lugares de refugio y neutralidad inequívoca para garantizar la seguridad de los pacientes que reciben atención médica”. La consideración es particularmente importante durante una pandemia, señalaron.
Dujarric reiteró la “enérgica” condena del secretario general de la ONU, António Guterres, a la violenta represión y al uso de la fuerza letal en el país asiático, e insistió en el llamamiento para que el Ejército y la Policía garanticen el pleno respeto del derecho de reunión pacífica.
“Volvemos a pedir que se respeten los derechos a la libertad de reunión y de expresión del pueblo de Myanmar mientras se manifiesta pacíficamente y expresa sus esperanzas y deseos para el futuro de su país”, solicitó el portavoz, tras la represión sostenida -y letal- de las protestas contra el golpe de Estado. Al martes se cuentan más de 50 muertos y alrededor de 1.800 detenidos desde el 1 de febrero.
También indicó que los trabajadores humanitarios sobre el terreno han informado de que la situación en el país es “muy grave” y que las operaciones de ayuda se han visto interrumpidas por el golpe de Estado, mientras millones de personas identificadas a principios de año como necesitadas de asistencia -incluyendo a 350.000 desplazados internos- todavía necesitan ayuda.
En este sentido, Dujarric denunció “continuas interrupciones en las comunicaciones, el transporte y las cadenas de suministro, así como escasez de efectivo para las operaciones debido a las limitaciones”.
Asimismo, los trabajadores humanitarios de la ONU informaron que la capacidad de análisis, planificación y respuesta frente a la pandemia de COVID-19 se han visto afectadas por la toma de poder militar.
Por último, Dujarric informó que han recibido una carta enviada por un funcionario designado como enviado del Parlamento disuelto de Myanmar ante la ONU, conocido como Sasa, y que las “autoridades del organismo, incluida la enviada especial del secretario general, han estado en contacto con los parlamentarios, como parte de los contactos que se están realizando entre las partes”.
En la carta, dirigida a Guterres y al Consejo de Seguridad, Sasa habría pedido que se invoque la “responsabilidad de proteger”, que contempla la posibilidad de una intervención militar extranjera como medida de último recurso para prevenir crímenes y garantizar los derechos humanos.
Sasa denunció la semana pasada que los militares parecían haberle declarado la guerra “a su propia gente”.
(Con información de Europa Press)
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