Michelle Bachelet resaltó el viernes la necesidad de llevar a cabo una “evaluación independiente y exhaustiva” de la situación en la región china de Xinjiang, al tiempo que subrayó que activistas, abogados y defensores de los derechos se enfrentan a acusaciones, detenciones y juicios injustos en el gigante asiático.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humano dijo que su oficina está trabajando para encontrar “parámetros mutuamente aceptables” para que pueda visitar China, incluyendo Xinjiang, donde vive la mayoría de los miembros de la oprimida musulmana uigur, cuyos derechos son sistemáticamente violados, principalmente en campos de concentración que Beijing asegura son de “reeducación”. Los esfuerzos para organizar una visita de este tipo para la comisionada de derechos humanos se remontan a antes de que asumiera el cargo en septiembre de 2018.
Bachelet habló de China mientras presentaba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su habitual informe sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, que en esta ocasión incluye a unos 50 países.
Bachelet reconoció los avances de China en la lucha contra el COVID-19, pero dijo que “los derechos fundamentales y las libertades cívicas siguen siendo recortados en nombre de la seguridad nacional y de la respuesta” a la pandemia.
La preocupación por los centros de detención para uigures musulmanes en Xinjiang ha sido un punto de contención internacional durante muchos meses, y la oficina de Bachelet y las autoridades chinas no han conseguido hasta ahora organizar una visita a la región.
“En la región autónoma uigur de Xinjiang, la información que es de dominio público indica la necesidad de una evaluación independiente y exhaustiva de la situación de los derechos humanos”, dijo Bachelet, añadiendo que su oficina estaba estudiando las denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y violencia sexual en las instituciones, entre otras violaciones de derechos humanos.
La portavoz de la oficina de Bachelet, Ravina Shamdasani, dijo que continuaban las conversaciones para una “misión técnica preparatoria” que podría allanar el camino para que Bachelet visite China. Shamdasani dijo que tal misión era necesaria antes de una visita de Bachelet “para asegurar un acceso significativo”.
El discurso de Bachelet repasó una serie de preocupaciones y problemas relacionados con los derechos, como “la creciente ampliación de la definición de ‘agente extranjero’” en Rusia; una “grave contracción del espacio cívico” en varios países del sudeste asiático; el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en algunos países sudamericanos, y las “acusaciones de sedición contra periodistas y activistas” en India por informar o comentar las protestas de los agricultores de ese país.
Señaló que varios gobiernos europeos restringieron la labor de grupos que defienden los derechos de los migrantes, y citó unos 50 casos abiertos en Alemania, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y España en los últimos cinco años relacionados con misiones humanitarias de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo.
Los comentarios fueron ajenos a otros discursos de Bachelet y a los debates del Consejo sobre “situaciones de países importantes” sobre lugares que incluían Bielorrusia, Myanmar, Sri Lanka, Venezuela. En general, Bachelet advirtió sobre el impacto de COVID-19 en los derechos humanos. “Hoy en día, en todas las regiones del mundo, la gente se está quedando atrás -o se está quedando aún más atrás- a medida que la pandemia de coronavirus sigue ganando terreno”, dijo.
Por JAMEY KEATEN (Associated Press)
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