El régimen de Corea del Norte está aumentando el control sobre la población del país, en una ofensiva impulsada por una represiva ley aprobada a fines del año pasado.
El caso más reciente que muestra el alcance de la nueva ola de represión de la dictadura de Kim Jong-un ocurrió a principios de este mes, cuando un adolescente fue exiliado al campo junto con sus padres tras ser sorprendido viendo pornografía en su casa en Sinuiju, una importante ciudad ubicada en la frontera con China.
Según informó el medio DailyNK, el adolescente estaba viendo un video pornográfico a altas horas de la noche cuando sus padres no estaban en casa. Fue capturado durante una inspección sorpresa por un grupo de tareas creado para monitorear el comportamiento “desviado”.
La condena del adolescente ocurre bajo la “ley del pensamiento antirreaccionario” aprobada por el régimen a finales de 2020. La norma establece penas de 5 a 15 años de trabajo correccional por consumo o posesión de videos o libros pornográficos, fotografías o dibujos que “Predica la superstición”. Las personas que producen, importan o distribuyen dichos materiales pueden ser condenados a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, según la cantidad del material.
En el caso del adolescente, el castigo fue la deportación en lugar del trabajo correccional. Aún así, la sentencia condena a la víctima a perder su base económica y ser estigmatizada políticamente.
La ley también prevé multas de 100.000 a 200.000 wons norcoreanos (de 100 a 200 dólares estadounidenses) si se produce un delito causado por la “educación irresponsable” de los menores y ordena que toda la familia se traslade al campo como castigo para los padres.
El director de la escuela a la que asistía el adolescente también recibió el “castigo revolucionario” del trabajo forzado, según DailyNK.
Al mismo tiempo, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur explicó en un informe del 16 de febrero que Corea del Norte ha reforzado los castigos de la “ley del pensamiento antirreaccionario” al prescribir la pena máxima de muerte para la importación y distribución de material de vídeo de Corea del Sur.
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