La junta militar birmana eliminó derechos fundamentales para facilitar y aumentar el número de detenciones y registros en medio de las crecientes protestas contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Las autoridades suspendieron los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Protección de la Seguridad y la Privacidad de los Ciudadanos, que exige una orden para poder detener a alguien y retenerlo más de 24 horas, entre otras garantías legales, según informó el medio castrense True News Unit.
A partir de ahora, los policías y militares tampoco necesitarán órdenes para realizar registros, además de tener carta blanca para interrumpir las comunicaciones de los ciudadanos y pedir sus datos a las operadoras de internet.
Por otra parte, las autoridades castrenses también exigirán que los ciudadanos informen de los invitados que pasen la noche en sus hogares con el fin de localizar de manera más fácil a disidentes y simpatizantes de las protestas.
Los más buscados
La junta dirigida por el general Min Aung Hlaing publicó una lista de siete de los activistas más destacados del país, a los que busca activamente por promover las protestas.
“Si encuentran a alguno de los fugitivos mencionados o si tienen alguna información sobre ellos, preséntense en la comisaría de policía más cercana”, decía el domingo un comunicado en los medios estatales. “Los que los alberguen se enfrentarán a medidas de acuerdo con la ley”.
Desde el inicio del movimiento, los militares ya han detenido a unos 400 políticos, activistas y miembros de la sociedad civil, entre ellos periodistas, médicos y estudiantes.
La lista de siete “fugitivos” incluye a Min Ko Naing, una figura del movimiento estudiantil de 1988, que pasó más de diez años en prisión por su papel en las manifestaciones contra la dictadura de la época. “Detienen a la gente por la noche y tenemos que tener cuidado”, declaró horas antes de que se emitiera su orden de detención, en un vídeo publicado en Facebook el sábado, violando la prohibición de la Junta de utilizar la red social. “Podrían reprimir con fuerza y tendremos que estar preparados”, añadió.
El pasado viernes, las autoridades liberaron a 23.000 presos con motivo del Día de la Unión mediante una amnistía, una medida de perdón que se otorga normalmente en días señalados.
Desde el golpe militar, al menos 384 personas han sido detenidas, de las que 24 han sido liberadas, según el último informe de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Entre los detenidos se encuentra la nobel de la paz y líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, de quien no se tienen noticias desde que fue puesta bajo arresto domiciliario el día del golpe en la capital del país, Naipyidó.
Además de en las calles, la movilizaciones contra el golpe también se llevan a cabo en las redes sociales, a pesar de la orden de la junta militar de bloquear Facebook y Twitter, lo que muchos están sorteando gracias a programas VPN, que permiten acceder a internet a través de servidores situados fuera del país.
Las redes sociales son el elemento que distingue más claramente estas movilizaciones de las protestas contra los militares en 1988 y 2007, que fueron sofocadas de manera violenta por el Ejército.
La junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.
Myanmar estuvo gobernada por diferentes juntas militares entre 1962 y 2011, cuando dieron paso a una transición a una “democracia disciplinada” en la que los mandos castrenses se atribuyeron grandes cuotas de poder y casi total autonomía.
(Con información de EFE y AFP)
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