Un tribunal independiente británico comenzará a celebrar en mayor una serie de audiencias para determinar si las acciones del régimen chino contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang constituyen genocidio. El panel escuchará las declaraciones de decenas de testigos de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Beijing en el extremo occidental del país.
El organizador de la iniciativa, Nick Vetch, informó este jueves que los ocho miembros que actuarán como jurado ya fueron elegidos, y señaló que los investigadores del tribunal están examinando unos 1.500 documentos y pruebas presentadas por diferentes países.
El tribunal, que no cuenta con el respaldo del gobierno británico, estará presidido por el destacado abogado Geoffrey Nice, que anteriormente participó en distintos procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos la acusación contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic.
Los miembros del tribunal estudiarán las denuncias contra el régimen chino, que es acusado de estar perpetrando actualmente violaciones de los derechos humanos de la minoría uigur, entre ellos torturas, esclavitud, separación forzada de los niños de sus padres y esterilización forzada. Aunque la sentencia del tribunal no es vinculante para ningún gobierno, los organizadores esperan que el proceso de exponer públicamente las pruebas obligue a una acción internacional para hacer frente a los supuestos abusos en Xinjiang.
Se espera que unos 30 testigos y expertos declaren en la primera audiencia pública, que se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo en el centro de Londres. Se prevé que la segunda sesión se desarrolle a mediados de septiembre, y el tribunal espera emitir una sentencia a finales de año.
Los testimonios escritos de los testigos incluyen declaraciones de “personas que han tenido una experiencia directa o tangencial, alegando la desaparición de parientes o miembros de la familia”, dijo Vetch, así como un número considerable de testimonios de expertos, algunos aún no publicados.
Los miembros del panel que examinará las pruebas son académicos, abogados y un ex diplomático. Vetch indicó que intencionalmente no incluyeron a ningún experto en China.
La conformación de este tribunal representa un nuevo esfuerzo para exponer al mundo la situación que enfrentan los uigures y otras minorías étnicas turcas -todas predominantemente musulmanas- que han sido objeto de una represión sin precedentes en el gigante asiático. Esta situación está suscitando una creciente preocupación internacional.
El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró antes de dejar su cargo que las políticas del régimen chino contra los musulmanes y las minorías étnicas de Xinjiang constituían crímenes contra la humanidad y genocidio. Su sucesor, Antony Blinken, reiteró la declaración en su primer día en el cargo. El Departamento de Estado norteamericano expresó que está “profundamente consternado”.
Este jueves, en declaraciones a la prensa, una portavoz de la cartera ha recalcado que deben tomarse medidas para hacer frente a las “atrocidades” cometidas en la zona. Así, ha matizado que se trata de “crímenes contra la humanidad y genocidio” y ha lamentado que dichos actos “golpean la conciencia y deben acarrear a graves consecuencias”.
El martes pasado, tras las declaraciones de Blinken, el responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de China (PCCh), Yang Jiechi, pidió al nuevo gobierno de Estados Unidos que las relaciones entre ambas potencias vuelvan a ser “predecibles y constructivas” y que no interfiera en “asuntos internos” como Taiwán, Hong Kong o Xinjiang.
Investigadores y grupos de derechos humanos estiman que China ha confinado a más de un millón de uigures y otras minorías en prisiones y campos de adoctrinamiento, que el régimen de Xi Jinping llama centros de entrenamiento desde 2016.
Al calificar las acciones de genocidio, Pompeo citó el control de natalidad forzado generalizado y el trabajo forzado entre los uigures. La agencia The Associated Press informó el año pasado que el gobierno chino estaba obligando sistemáticamente a esterilizar y abortar a las mujeres uigures y a otras mujeres musulmanas, y envió a muchas a campos simplemente por tener demasiados hijos.
China niega todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos e insiste en que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir el terrorismo y un movimiento separatista en la región. Los funcionarios han arremetido contra la declaración de Pompeo y le han acusado de intentar socavar las relaciones de Beijing con el presidente Joe Biden. De hecho, un día después de dejar su cargo fue sancionado, junto a otros ex funcionarios.
Vetch dijo que el tribunal ha escrito a los embajadores chinos en Londres -al anterior actual y al actual- para solicitar la presencia y cooperación del gobierno chino, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Con información de AP
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