El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el martes una reunión de emergencia para tratar la situación en Myanmar, tras el golpe de Estado llevado a cabo por el ejército del país asiático el lunes por la mañana, según indica su calendario oficial de eventos.
La reunión, que se realizará por videoconferencia, se llevará a cabo a puertas cerradas, detalla el calendario, que fue aprobado el lunes por los miembros del organismo.
El Reino Unido había planteado tiempo atrás la necesidad de tener una reunión sobre la situación en el país. De hecho, esta se iba a celebrar en público el jueves. Pero debido al golpe militar del lunes, la reunión pasó a tener caracter de emergencia y solo a puertas cerradas.
Consultado durante la rueda de prensa diaria, sobre lo que se espera del Consejo de Seguridad, el portavoz de la ONU aseguró que “lo importante es que la comunidad internacional hable con una sola voz” sobre los acontecimientos en Myanmar.
Numerosas naciones y entidades internacionales han manifestado su condena a la decisión de las fuerzas armadas de tomar el control del país, según han anunciado, durante un año.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, se dijo alarmada por los reportes que denuncian la detención de 45 personas -entre ellas la jefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi y otros altos cargos- y exhortó a su liberación inmediata.
En un comunicado desde Ginebra, Bachelet señaló además que existen “profundos temores de una campaña violenta contra voces disidentes” e instó a las fuerzas militares a “abstenerse de usar fuerzas innecesaria o excesiva”.
Minutos antes de que la reunión del Consejo de Seguridad tomara estado público, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró que el golpe “es un asalto directo sobre la transición democrática en el país”.
El mandatario exhortó al Ejército a abandonar el poder “inmediatamente” y ordenó una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas debido a la transición de la nación a la democracia.
“Estados Unidos retiró las sanciones a Birmania durante la pasada década basándose en el progreso hacia la democracia”, indicó el jefe de Estado, utilizando el antiguo nombre de Myanmar. Y agregó: “El retroceso de ese progreso requerirá una revisión inmediata de nuestras leyes y autoridades sancionadoras, seguida de la acción apropiada”.
Asimismo, Biden adelantó que Estados Unidos trabajará con sus socios de la región y del mundo “para apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, así como para hacer rendir cuentas a los responsables de anular la transición democrática de Myanmar”.
El golpe de Estado también fue condenado por decenas de países y organismos internacionales, como la Unión Europea (UE), Naciones Unidas, el Reino Unido, China, Australia, India, Singapur y Canadá, entre otros.
El último organismo en pronunciarse al respecto fue el Comité Nobel noruego, que se describió “horrorizado” por los hechos. También pidió la liberación inmediata de los detenidos y “el respeto de los resultados de las elecciones legislativas del año pasado”.
En efecto, el Ejército anunció su decisión de deponer a los máximos funcionarios civiles dado que la comisión electoral no subsanó las “enormes irregularidades” que se produjeron durante las elecciones legislativas de noviembre, ganadas por amplio margen por el partido de Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, por su parte, instó a la población a “no aceptar el golpe de Estado”, según una carta publicada en las redes sociales por su partido. La jefa de facto del gobierno civil “dejó este mensaje al pueblo”, explicó en Facebook Win Htein, el presidente de su partido, la Liga Nacional para la Democracia.
Los legisladores de Myanmar iban a reunirse en la capital para la primera sesión del Parlamento desde las elecciones del año pasado, en medio de tensiones persistentes por los recientes comentarios de las fuerzas armadas que fueron considerados ampliamente como una amenaza de golpe de Estado.
Sin embargo, los militares insistían en que sus acciones tenían justificación legal aunque el vocero del partido de Suu Kyi y muchos observadores internacionales han dicho que en la práctica era un golpe.
Suu Kyi, de 75 años, es por mucho la política con mayor fuerza en la nación, y se convirtió en la jefa de gobierno luego de liderar durante décadas una lucha no violenta contra el mandato militar.
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