La dirigente Aung San Suu Kyi, detenida el lunes por el Ejército, instó a la población a “no aceptar el golpe de Estado”, según una carta publicada en las redes sociales por su partido.
La jefa de facto del Gobierno civil “dejó este mensaje al pueblo”, explicó en Facebook Win Htein, el presidente de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. El Ejército proclamó el estado de emergencia por un año y colocó a los generales en los principales puestos.
No era posible confirmar quién había publicado el mensaje, ya que los miembros del partido no respondían a llamadas telefónicas.
Por su parte, el ejército prometió el lunes nuevas elecciones al término del estado de emergencia de un año.
“Pondremos en funcionamiento una auténtica democracia pluripartidista”, declararon los militares en un comunicado publicado en Facebook, añadiendo que se traspasará el poder tras “la celebración de unas elecciones generales libres y justas”.
La televisora militar del país anunció el lunes que las fuerzas armadas habían tomado el control del país por un año y según medios, muchos de los políticos destacados del país, incluida Suu Kyi, habían sido detenidos.
Un presentador de la televisora militar Myawaddy TV anunció la toma del poder y citó una sección de la constitución, redactada por el Ejército y que permite a los militares tomar el control en momentos de emergencia nacional. La operación se debía en parte a la falta de acciones del gobierno tras las denuncias del ejército sobre un fraude electoral en los comicios de noviembre y a que no se habían pospuesto las elecciones debido a la crisis del coronavirus, según dijo el presentador.
El anuncio seguía a días de preocupaciones en torno a la amenaza de un golpe de Estado -y a desmentidos del Ejército sobre que fueran a realizar uno- y justo cuando iba a comenzar el nuevo curso parlamentario del país.
La noticia truncaba bruscamente los progresos parciales pero significativos hacia la democracia de los últimos años, tras cinco décadas de régimen militar y aislamiento internacional iniciadas en 1962. También sería una repentina caída del poder para Suu Kyi, que lideró la lucha por la democracia pese a pasar años bajo arresto domiciliario y ganó un Nobel de la Paz por sus esfuerzos.
Las acciones de los militares ya estaban recibiendo una condena internacional generalizada.
El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado expresando su “grave preocupación y alarma” por las supuestas detenciones.
“Pedimos a los líderes militares birmanos que liberen a todos los funcionarios del Gobierno y líderes de la sociedad civil y respeten la voluntad del pueblo de Birmania, tal y como se expresó en elecciones democráticas”, dijo en un comunicado empleando el nombre antiguo de Myanmar. “Estados Unidos se alza con el pueblo birmano en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo”.
La ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, hizo una declaración similar pidiendo también al Ejército que respetara el Estado de derecho y liberase a los líderes detenidos.
La detención de los políticos y los cortes del lunes en la señal de televisión y servicios de comunicaciones fueron los primeros indicios de que se había puesto en marcha una toma del poder. Se cortaron las conexiones telefónicas y de Internet con Naipyidó, la capital, y no fue posible contactar con la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Suu Kyi. En otras zonas del país también había cortes de teléfono, aunque la gente aún podía conectarse a internet.
El Irrawaddy, un servicio noticioso en internet, reportó que la jefa de Gobierno del país, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y el presidente, Win Myint, fueron detenidos el lunes en la madrugada. El servicio noticioso citó a Myo Nyunt, portavoz del partido gobernante Liga Nacional para la Democracia.
En su reporte indicó que los miembros del Comité Ejecutivo Central del partido, legisladores y miembros regionales del gabinete también habían sido detenidos.
Activistas políticos que pidieron no ser identificados por motivos de seguridad elaboraron una lista de otras personas que se creía habían sido detenidos, como el cineasta Min Htin Ko Ko Gyi, el escritor Maung Thar Cho y veteranos conocidos del movimiento estudiantil de protesta de 1988 como Ko Ko Gyi y Min Ko Naing. No fue posible confirmar las detenciones en un primer momento.
Los legisladores de Myanmar iban a reunirse en la capital para la primera sesión del Parlamento desde las elecciones del año pasado, en medio de tensiones persistentes por los recientes comentarios de las fuerzas armadas que fueron considerados ampliamente como una amenaza de golpe de Estado.
Sin embargo, los militares insistían en que sus acciones tenían justificación legal aunque el vocero del partido de Suu Kyi y muchos observadores internacionales han dicho que en la práctica era un golpe.
Suu Kyi, de 75 años, es por mucho la política con mayor fuerza en la nación, y se convirtió en la jefa de Gobierno luego de liderar durante décadas una lucha no violenta contra el mandato militar.
El partido de Suu Kyi consiguió 396 de los 476 escaños que conforman las dos cámaras del Parlamento en las elecciones de noviembre, pero las fuerzas armadas tienen el 25% de las bancas bajo la Constitución elaborada por los militares en 2008 y varias posiciones ministeriales clave que también están reservadas para funcionarios castrenses.
Las fuerzas armadas, conocidas como las Tatmadaw, denunciaron que hubo un fraude masivo en las elecciones, aunque no han presentado pruebas de ello. La semana pasada, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar rechazó sus acusaciones.
En medio de las disputas por las denuncias, las fuerzas armadas incrementaron la tensión política el martes cuando un portavoz en su conferencia de prensa semanal, en respuesta a la pregunta de un reportero, rechazó descartar la posibilidad de un golpe de Estado. El mayor general Zaw Min Tun proporcionó detalles y dijo que los militares “cumplirían con la ley en conformidad con la Constitución”.
Utilizando un lenguaje similar, el comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing, comentó a oficiales de alto rango durante un discurso el miércoles pasado que la Constitución sería revocada si las leyes no se hacían valer de manera apropiada. Y para agudizar las inquietudes, se llevó a cabo un inusual despliegue de vehículos blindados en las calles de varias de las ciudades más pobladas.
Sin embargo, las fuerzas armadas rechazaron el sábado que hubieran amenazado con realizar un golpe de Estado, acusando a organizaciones que no nombraron y a los medios de comunicación de malinterpretar su posición y sacar de contexto las palabras del general.
El domingo reiteraron su rechazo, y en esta ocasión culparon a embajadas extranjeras no especificadas de malinterpretar la posición de los militares y les pidieron que “no hagan suposiciones injustificadas sobre la situación”.
(Con información de AP y EFE)
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