Las razones de la revuelta de agricultores que conmueve a la India y amenaza a Narendra Modi

El Día de la República es una de las principales fechas patrias de la India. Se celebra todos los 26 de enero para conmemorar el aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución aprobada en 1949, dos años después de la independencia del Reino Unido. Es un día que los primeros ministros suelen usar para insuflar sentimientos nacionalistas en la población y mostrarse como herederos de los padres fundadores del país.

Narendra Modi, en el poder desde 2014, sabe aprovechar estas ocasiones como nadie. Su gobierno, ratificado en 2019 con una aplastante victoria electoral, marcó un quiebre en la historia india, al consolidar un nacionalismo hindú cada vez más asfixiante para las minorías —especialmente los musulmanes— y para cualquier forma de disidencia.

Pero este Día de la República estuvo muy lejos de ser el que Modi esperaba. Mientras contemplaba el tradicional desfile militar que lo tenía a él como protagonista absoluto en la transmisión oficial, una multitud de agricultores copaba el centro de Nueva Delhi, a pocas cuadras de donde se realizaba la ceremonia.

Con sus tractores derribaron las vallas policiales y tomaron por asalto el icónico Fuerte Rojo de Delhi, construido en el siglo XVII como residencia de los emperadores mogoles. Muchos estaban armados con espadas, tridentes y hachas. La Policía, que los dispersó con gases lacrimógenos, reportó que un manifestante murió y 300 agentes resultaron heridos.

Los eventos del martes fueron el punto álgido de una protesta que comenzó en noviembre, en contra de tres leyes aprobadas por el gobierno para modernizar el sector, reduciendo el papel regulador del estado. Los productores movilizados, que en su mayoría practican una agricultura de subsistencia y que están en crisis desde hace años, creen que las reformas los van a terminar de hundir.

Se estima que hasta 300.000 agricultores han participado del acampe que lleva ya dos meses en las afueras de la capital. Su estrategia de mostrar que eran manifestantes pacíficos, en la tradición de Mahatma Gandhi, se vio afectada por las acciones del martes. Por eso, comenzaron este sábado una huelga de hambre.

Esta protesta es el mayor desafío que enfrenta Modi desde 2014. Sus intentos de negociar, ofreciendo demorar un año y medio la implementación de las leyes para facilitar la adaptación, fracasaron. Difícilmente vuelva a insistir por esa vía después de lo que pasó esta semana, lo que abre múltiples interrogantes sobre el futuro político del país.

La crisis existencial del agro indio

A pesar de que cerca de la mitad de los 1.380 millones de habitantes de la India viven de la agricultura, el sector genera apenas el 15% del PIB. Hay en el país 146 millones de campos cultivados y el 86% no supera la hectárea. La gran mayoría son unidades familiares, que ni siquiera proveen todo lo necesario para la subsistencia de los dueños.

La pobreza generalizada del campo indio no es un fenómeno nuevo, pero se agravó en las últimas décadas. El crecimiento demográfico, que obligó a la subdivisión de muchos terrenos a medida que las familias fueron creciendo, se combinó con el agotamiento del suelo por una producción poco saludable y la constante falta de agua.

“La crisis de la agricultura india tiene dos dimensiones entrelazadas: la agraria y la agrícola. La primera tiene que ver con la vida y el sustento de casi la mitad de la población trabajadora del país, que incluye a la multitud de pequeños propietarios y a los jornaleros, que se han visto afectados por la disminución de su porción del pastel. La segunda crisis se relaciona con la inadecuación de una producción intensiva en insumos, guiada por un pensamiento de ‘talle único’, en el que los costos y los riesgos han ido en aumento, agravados por las cambiantes condiciones climáticas. Estas dos preocupaciones requieren reformas sustanciales”, explicó el economista Srijit Mishra, profesor del Instituto Indira Gandhi de Investigación para el Desarrollo, consultado por Infobae.

Entre la producción menguante y el alza de costos por la necesidad de usar cada vez más pesticidas, los productores están sobreendeudados. Muchos terminan quebrando y se ven obligados a vender sus tierras.

Este deterioro en las condiciones de vida está directamente asociado a la gran cantidad de suicidios que se producen entre los pequeños agricultores. En 2019 fueron más de 10.000, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Antecedentes Penales, pero algunos investigadores creen que la cifra real puede ser mucho mayor.

“Es difícil saber cuántos agricultores se suicidan realmente cada año, porque las estadísticas oficiales subestiman enormemente el problema. Lo que sí sabemos es que las cifras son muy elevadas y que los productores son mucho más propensos a suicidarse cuanto más pequeñas son sus tierras y más endeudados están”, dijo a Infobae Jonathan Kennedy, profesor de política y salud global de la Universidad Queen Mary de Londres. “La mitad de la población india depende de la agricultura de un modo u otro, y muchas de esas personas viven en la más abyecta pobreza. Una mala cosecha o una urgencia médica pueden forzarlos a asumir deudas que nunca podrán devolver”

El diagnóstico oficial es que la crisis del sector agrícola se debe a que el modelo de negocios se volvió insostenible. Desde la década de 1960, el sistema está totalmente regulado por el Estado, que les garantiza precios mínimos a los productores, pero les dice dónde y cómo tienen que vender. El Gobierno cree que la única forma de dinamizar la producción es que los agricultores vendan sin intermediarios a las empresas privadas, como alimenticias y exportadoras, y que el precio lo ponga el mercado.

“En la actualidad, cada agricultor está obligado a vender sus productos en un mercado designado por el gobierno de cada estado. En toda la India hay 6.630 mercados de este tipo, sin posibilidad de arbitraje entre ellos. Poderosos comisionados, en connivencia con los mayoristas, determinan los precios de los productos y explotan a los agricultores”, sostuvo Arvind Panagariya, profesor de economía política india en la Universidad de Columbia, en diálogo con Infobae. “Durante los últimos 20 años, todos los gobiernos centrales han intentado persuadir a los estatales para que modifiquen sus normativas. Es en este contexto que se introdujeron las tres leyes, con el fin de facultar al agricultor para que venda sus productos donde y a quien quiera, y para permitir que los exportadores, los procesadores de alimentos y otros compradores corporativos entren en el mercado mayorista”.

El paquete legislativo fue aprobado el 14 de septiembre de 2020. La más importante de las leyes es la de Promoción y Facilitación del Comercio de Productos Agrícolas, porque recorta el poder regulador de los 28 estados en los que se subdivide el país, que intervenían a través de los comités de comercialización. Además, facilita las transacciones electrónicas de granos.

La segunda es la Ley de Productos Básicos, que corrigió una normativa vigente que les permitía a las autoridades estatales imponer límites al acopio, obligando a vender un mínimo. La tercera es la Ley del Acuerdo de los Agricultores sobre el Aseguramiento de los Precios, que permite un vínculo más directo entre compradores y vendedores privados, sin intermediación estatal.

Para la economista agrícola Surabhi Mittal, que es consultora independiente, “las tres leyes pretenden ayudar a mejorar las oportunidades de comercialización de los agricultores, ampliando el alcance de las áreas de intercambio y proporcionando un marco legal para que celebren contratos preestablecidos con los compradores”. “También establecen un mecanismo de resolución de conflictos y eliminan de la lista de productos esenciales alimentos como los cereales, las legumbres, las papas, las cebollas, las semillas oleaginosas comestibles y los aceites, suprimiendo los límites para el acopio, salvo en ‘circunstancias extraordinarias’”, dijo a Infobae.

Una pulseada de resolución incierta

Los críticos del paquete legal sostiene que, aunque el eje sean los agricultores, y el discurso gubernamental sea que el objetivo es mejorar sus condiciones de vida, lo que se pretende es beneficiar a las empresas comercializadoras. El miedo de algunos productores es que, sin el Estado garantizando precios mínimos, estos bajen aún más y muchos se vean obligados a vender sus tierras.

“Me temo que las leyes no abordan la crisis agrícola, y cualquier pretensión de abordar la crisis agraria es, en el mejor de los casos, indirecta y limitada —dijo Mishra—. Una lectura atenta de las tres revela más bien que están destinadas a facilitar el comercio de productos agrícolas por parte de las grandes entidades. Esto significa que la multitud de pequeños propietarios se enfrentará a unas pocas firmas grandes que comprarán sus productos. Sus preocupaciones sobre la vida y sus medios de subsistencia no sólo no se abordarán, sino que probablemente empeoren”.

Lo que suele ocurrir con este tipo de reformas que liberalizan un sector altamente regulado es que dejan ganadores y perdedores. Es por eso que generan tanto conflicto y que siempre abren controversias entre los analistas. Los productores que logren ser más competitivos podrían beneficiarse, pero es probable que muchos no estén en condiciones de adaptarse y quiebren. Son los que temen ese desenlace los que desde agosto empezaron a hablar de las “leyes negras” y a motorizar las protestas.

“No es difícil entender por qué los productores que viven en condiciones tan precarias están preocupados por las nuevas leyes, que aumentarán el papel del sector privado en la agricultura. Incluso la más mínima insinuación de que el gobierno de Modi eliminará los precios mínimos de los productos agrícolas ha generado un enorme temor y mucho enfado”, afirmó Kennedy.

El acampe en las afueras de Nueva Delhi comenzó el 26 de noviembre. Desde entonces, se volvieron recurrentes las movilizaciones con decenas de miles de agricultores, que ocupan varios kilómetros de carreteras con sus tractores. Esa masividad sería difícil de entender sin tener en cuenta el efecto adicional de las medidas tomadas por el gobierno para contener la propagación del coronavirus, que dejaron a muchos productores sin el segundo trabajo con el que complementaban los escasos ingresos provenientes de sus campos.

Pero la enorme cantidad de manifestantes podría inducir a interpretaciones erróneas, como que las protestas expresan el malestar de todo el país agrícola. Por el contrario, la mayoría de los movilizados provienen de Punjab, en el norte. Con 27 millones de habitantes, es el 16º estado más poblado y es el único de mayoría sij, razón por la cual tantas de las personas que se ven en las manifestaciones tienen sus característicos turbantes.

“Según mi comprensión del tema y las investigaciones que hice en este ámbito, ninguna de las leyes van en contra de los agricultores —dijo Mittal—. Es poco probable que tengan efectos adversos para ellos. Las protestas en la India son sólo de un pequeño grupo del norte del país. No son representativas de las voces de todos los productores”.

El otro estado en el que el rechazo a las leyes es abrumador es Haryana, vecino a Punjab. Es el 18º más habitado, con 25,3 millones. Ambos están a pocos kilómetros de Nueva Delhi, lo que facilita la participación de las protestas en la capital.

Lo que más inquieta al gobierno es que se hayan sumado también agricultores de Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, con 199,8 millones de habitantes. Muchos productores de caña de azúcar lo hicieron más por solidaridad con los otros que por sentirse directamente amenazados por las reformas. Pero es un indicador del potencial efecto contagio que tiene el movimiento.

“Los agricultores de todos los estados, excepto dos, han recibido bien la reforma —dijo Panagariya—. No están reclamando. Las protestas se han limitado en gran medida a los de Punjab y Haryana, con cierto apoyo de una fracción de productores del oeste de Uttar Pradesh, que se benefician de los grandes subsidios gubernamentales a la caña de azúcar. Punjab y Haryana se especializan en arroz y trigo. El gobierno central, que dirige un amplio programa de distribución pública de arroz y trigo, le compra la mayor parte a estos estados a precios lucrativos. Los comisionados locales se han enriquecido sin ningún riesgo, cobrando una fuerte comisión. Además, el gobierno de Punjab cobra un impuesto del 6% sobre estas compras. El temor es que estos ingresos desaparezcan si, en virtud de las nuevas leyes, la administración central comienza a comprar en los mercados privados que puedan surgir de la competencia”.

Por el momento, si bien las leyes fueron promulgadas, su aplicación permanece en suspenso por orden de la Corte Suprema, que determinó el 12 de enero la creación de un comité especial para tratar de encontrar un punto intermedio entre los objetivos del gobierno y las objeciones de quienes se oponen. Pero los agricultores dicen que no van a cooperar porque sus integrantes son figuras cercanas al oficialismo.

Por otro lado, a lo largo de estos meses se realizaron 11 rondas de diálogo entre líderes de la protesta y funcionarios de Modi. Pero no hubo ningún acercamiento, y la oferta de demorar un año y medio la puesta en marcha de las normas fue rechazada.

No hay señales de que ninguno de los dos bandos esté dispuesto a ceder. El Gobierno esperaba que los violentos incidentes en el Fuerte Rojo hicieran que la causa perdiera respaldo. Un hecho en esa dirección fue el alejamiento de tres de las más de 40 organizaciones agrícolas que están detrás de los reclamos. Otro se vio el viernes, cuando un grupo de 300 personas atacó a piedrazos el campamento de protesta.

Pero la oposición política mantiene su apoyo. También el viernes, un numeroso conjunto de diputados, liderados por la bancada del Congreso Nacional Indio, boicoteó la sesión de apertura de la Lok Sabha en solidaridad con los agricultores. Claro que el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP) de Modi tiene una amplia mayoría que le permite prescindir de los opositores.

En los próximos días se verá si la huelga de hambre que comenzó este sábado tiene algún efecto. No parece lo más factible. Si se observan los antecedentes, es muy difícil torcerle el brazo a Modi. Se vio con la Ley de Ciudadanía aprobada en diciembre de 2019, que es abiertamente discriminatoria con los musulmanes. Desató masivas protestas durante meses, pero con el tiempo perdieron impulso y el Gobierno logró lo que quería.

“Las protestas son sin duda costosas —dijo Panagariya—. Pero si el gobierno acepta las demandas de una pequeña fracción de agricultores enviaría una muy mala señal, porque cualquier grupo de interés que pueda reunir a 10.000 o 20.000 personas se vería animado a exigir lo que quiere. Así que, aunque se mostró dispuesto a modificar las leyes para responder a algunos de los temores de los agricultores, se mantiene firme al rechazar el pedido de derogación total de las leyes. La simpatía de la opinión pública, especialmente después del asalto sobre Delhi el Día de la República, está con el gobierno central. Así que es probable que Modi salga más popular de este episodio. Perderá apoyo en Punjab, pero ya tenía una presencia muy limitada allí”.

La clave está en que no se vea afectada la base electoral de Modi. En Punjab obtuvo menos del 10% de los votos en 2019, así que no tiene mucho para perder. En Haryana, en cambio, ganó y se quedó con sus diez diputados. Pero podría perderlos y aún así conservar la mayoría. Sólo si los agricultores de esos estados logran sumar a un número considerable del resto del país podrían forzar al primer ministro a ceder. Es una incógnita si podrán.

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