A consecuencia de la pandemia, una ola de mutilación genital femenina afecta a las niñas en Kenia

Desde 2011 la mutilación genital femenina (MGF) está prohibida en Kenia, y sin embargo, supo Christine Ghati Alfons, eso les sucedió a las ocho niñas que faltaron a su clase de higiene menstrual a finales de diciembre en la comunidad de los Kuria en el condado de Migori, un área rural al sudoeste del país. De las 25 asistentes de entre 10 y 15 años que esperaba, sólo se presentaron 17: las otras ocho habían sufrido “el corte”, como se conoce a esa forma de violencia contra las mujeres; dos habían sido, además, casadas a continuación. Las otras seis se recuperaban en sus casas.

Y aun entre las 17 presentes, agregó a NPR, otras nueve habían sido mutiladas en los meses anteriores.

Ghati Alfons creó la fundación Safe Engage para luchar contra la MGF, que han sufrido 200 millones de mujeres y niñas que viven hoy en unos 31 países, según Unicef. Cada año, detalló Orchid Project, 4,1 millones de niñas sufren la MGF y 12 millones son casadas antes de los 18 años; “en ciertos contextos, estas prácticas están asociadas”, explicó la organización.

Si bien en 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la erradicación total de la MGF hacia 2030, el año 2020 parece haber marcado un importante retroceso: “Se espera que el impacto económico de la pandemia y los cierres resultantes lleven a un resurgimiento de la práctica”, sintetizó The Guardian.

“Las ausentes del curso de Ghati Alfons forman parte de una oleada masiva de niñas que se cree que han sido sometidas a la MGF, y en muchos casos, posteriormente casadas, desde el comienzo de la pandemia de coronavirus”, explicó María Godoy, autora del artículo en NPR. “Está ocurriendo no sólo en Kenia sino en toda África oriental y occidental, según un informe de septiembre de Orchid Project”. El aumento, según ese análisis, se derivó de las consecuencias de la pandemia en África.

Organizaciones como las de Ghati Alfons evaluaron que los confinamientos y los cierres de escuelas hicieron que muchas niñas perdieran ese espacio de seguridad y quedaran en sus casas, vulnerables a la mutilación “en comunidades que ven la práctica como un pre requisito para el matrimonio y, en algunos lugares, un rito de pasaje”. Domtila Chesang, de otra fundación contra la MGF, I-Rep, del oeste de Kenia, detalló: “Normalmente las niñas están protegidas por el hecho de estar en la escuela, que es una alternativa al matrimonio”.

Pero las presiones económicas que la crisis del COVID-19 arrojó sobre las familias ha hecho que muchos padres y madres piensen en casar a sus hijas por el pago que reciben, como ganado, por ejemplo.

“Estas niñas no están siendo solo mutiladas. También las obligan a casarse. Y si ha pasado por la MGF vale más. Se lo ve como una inversión en la niña y en su capacidad matrimonial”, dijo Nimco Ali, quien sufrió la mutilación en su país de origen, Somalia. En Londres, donde vive, dirige The Five Foundation, una organización contra la MGF.

También hubo un aumento en la cantidad de personas que realizan la mutilación, muchas de las cuales habían abandonado la práctica tras la prohibición de 2011 y la campaña del presidente Uhuru Kenyatta, quien en 2019 propuso que Kenia erradicara completamente la MGF hacia 2022. Pero con la pandemia encontraron que “podían obtener ingresos en un momento tan difícil”, explicó Ebony Riddell Bamber, de Orchid Project.

Se estima que el 21% de las niñas y mujeres keniatas de entre 15 y 49 años han sufrido mutilación genital. Pero según las distintas etnias cambia la prevalencia: en algunas es prácticamente universal mientras que otras casi no la practican, detalló Unicef. Entre los Kuria, la comunidad en la cual trabaja Ghati Alfons, existe de manera muy asociada a su extrema pobreza: “No tienen qué comer, pero viene alguien y les ofrece dinero a cambio de sus hijas”.

En general la temporada de mutilación comenzaba en noviembre, cuando termina el año escolar en Kenia. Pero este año los cierres de las escuelas comenzaron en marzo y dejaron a las niñas expuestas a sufrir la MGF desde entonces. Entre septiembre y mediados octubre, cuando las escuelas reabrieron parcialmente, las activistas de Five Foundation contabilizaron que unas 2.800 niñas —algunas tan pequeñas como de siete años— habían sufrido la práctica.

“Normalmente se corta por dos semanas, pero esta vez se hizo durante más de cuatro, lo cual significa que más niñas fueron mutiladas, y muchas de ellas ni siquiera han regresado a la escuela”, dijo Ghati Alfons.

Luego de la mutilación, a las niñas Kuria se les suele hacer regalos, como zapatos y ropas, o un colchón, y eso puede funcionar como aliciente para que otras niñas lo acepten, dijo la activista a NPR. “Yo crecí esperando el corte por los regalos”, dijo. Pero su familia estaba en contra de la mutilación y así la evitó. Y evitó también los impactos de largo plazo en la salud de las víctimas, desde cicatrices e incontinencia urinaria hasta dolor al mantener relaciones sexuales y dificultades en el momento de dar a luz, sin mencionar las consecuencias psicológicas como la angustia y la depresión.

Godoy verificó que el fenómeno no se limitó al condado de Migori, sino que se dio en otras áreas de Kenia, como los condados de Samburu y de West Pokot. En el primero, un área de pastoreo en el norte del país, Josephine Kulea, quien dirige la fundación Samburu Girls, observó “un incremento agudo” de la MGF. Su organización ofrece a las familias escolaridad y sostén para sus hijas hasta que terminen la universidad, y de ese modo ha logrado prevenir mutilaciones. Pero en marzo, cuando las escuelas cerraron, las niñas regresaron a sus casas.

Era el mismo momento en que se realizaba la circuncisión de niños. “Cuando las niñas llegaron a los pueblos, se presentó la oportunidad de cortarlas a ellas también”, agregó Kulea. Su fundación denunció más de 500 casos de mutilación de niñas que luego fueron casadas, pero la activista cree que las niñas afectadas en Samburu podrían llegar al doble. “Uno se da cuenta de quién ha sido mutilada por la manera en que caminan”, dijo.

Chesang agregó que en West Pokot más de 1.000 niñas fueron víctimas de MGF, y su fundación, I-Rep, ha refugiado a 25 rescatadas del procedimiento. “También había otras que fueron obligadas a casarse, que traté de rescatar pero no pude”.

No es un trabajo sin riesgos: “He recibido mensajes de texto amenazantes de padres y otros parientes de niñas a las que rescaté”, dijo Ghati Alfons a The Guardian. “Algunos han jurado que me van a secuestrar y quizá obligarme a sufrir el corte”.

A pesar de los esfuerzos de Kenia, el problema ha persistido y se ha agravado por el coronavirus. Ali recordó que “una cosa es tener leyes contra la MGF, pero también se necesitan activistas en el territorio para señalar a los líderes la responsabilidad de cumplirlas”, dijo. Ella quiere que el presidente del país cumpla su promesa de erradicar la mutilación hacia 2022. “El objetivo es más que ambicioso. Ahora él tiene que asumir el reto de comenzar verdaderamente a proteger a las niñas en las comunidades rurales”.

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