China está construyendo fábricas dentro de los campos de concentración para la minoría musulmana uigur

El régimen de Beijing está intensificando su uso de trabajo forzado por parte de la minoría musulmana uigur, muchos de cuyos miembros son mantenidos en campos de concentración, donde también se intenta que renuncien a su cultura y su religiónmediante abusos físicos y psicológicos

El uso de mano de obra cuasi esclava en esta región occidental del gigante asiático ya ha sido documentada. De hecho, distintos países y grandes marcas -Estados Unidos y H&M, entre ellos- han anunciado que prohibirán los productos cuya fabricación esté vinculada de alguna manera a esta prática.

No obstante, nuevas imágenes satelitales muestran que Beijing ha seguido adelante con ella, al punto que ha construído fábricas dentro de los complejos donde las personas están confinadas.

Según indicó en un reporte especial Buzzfeed News, el gigante asiático ha acelerado la construcción de campos durante los últimos tres años. Un nuevo análisis de las imágenes, publicadas en exclusiva, muestran que al menos 135 de esos predios incluyen fábricas. Y según investigadores y personas que fueron encerradas allí “es prácticamente seguro” que se desarrollen trabajos forzados.

Los edificios que los analistas consideran son fábricas abarcan un total de casi 2 millones de medios cuadrados. Y el área se está expandiendo, considerando que las autoridades chinas también continúan construyendo nuevos campos.

El medio detalló que solo en 2018 el área total de los campos aumentó en 1,3 millones de metros cuadrados. Por ellos ha pasado un total aproximado de un millón de personas desde 2016. La mayoría de ellos llegó allí como consecuencia de arrestos arbitrarios y una vez dentro sufrieron torturas, esterilizaciones y abortos forzados. También han reportado ser obligados a comer cerdo -pese a que el islám lo prohíbe- y tener que aprender chino mandarín.

Dos ex prisioneros dijeron a Buzfeed que fueron forzados a trabajar y nunca se les dio una alternativa y que recibieron a cambio centavos o nada. “Crearon este lugar maligno y destruyeron mi vida”, expresó al medio Dina Nurdybai, quien estuvo detenida entre 2017 y 2018.

Beijing negó una vez más que esas sean las condiciones dentro de los campos. “Esperamos que todos puedan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, respetar los hechos y no ser engañados por rumores”, dijo el consulado chino en Nueva York.

El gigante asiático cambió su mensaje sobre sus prácticas a lo largo del último año, a medida que nuevos reportes confirmaban su naturaleza. Luego de negar su existencia durante años, en septiembre reconoció su existencia pero aseguró que allí se desarrolla su llamado “programa de formación profesional”.

Titulado “Empleo y derechos laborales en Xinjiang”, el libro blanco del Consejo de Estado, gabinete de china, expone el sistema organizacional implementado por el gobierno regional para la llamada “capacitación orientada al empleo en chino estándar hablado y escrito, conocimiento legal, conocimiento general para la vida urbana y habilidades laborales”, cuyo objetivo sería el de mejorar el nivel educacional de la población activa y así luchar contra la pobreza.

El documento reconoce que el gobierno regional brindó capacitación vocacional a un promedio de 1,29 millones de trabajadores urbanos y rurales cada año entre 2014 y 2019. De esos trabajadores, alrededor de 451.400 eran del sur de Xinjiang, un área según señala el libro blanco, dominada por “pensamientos extremistas” por encontrarse luchando contra la pobreza extrema sumado a un deficiente acceso a la educación.

Sin embargo, numerosos documentos muestran otra realidad. A mediados de diciembre tomó estado público información que mostró como miles de trabajadores uigures se ven obligados a colectar algodón mediante un esquema coercitivo.

“Estos hallazgos tienen implicaciones mucho más amplias y afectan a todas las cadenas de suministro que involucran al algodón de Xinjiang como materia prima”, indica el reporte firmado por el investigador Adrian Zenz y publicado por el Center for Global Policy. Xinjiang produce el 85% del algodón de China y el 20% del algodón del mundo. “A pesar del aumento de la mecanización, la recolección de algodón en Xinjiang sigue dependiendo en gran medida del trabajo manual”, explicó Zenz.

En la región también se producen otros productos y Scott Nova, director ejecutivo del Consorcio para los Derechos de los Trabajadores le dijo a Buzfeed que el trabajo forzado está tan expandido en la región que ninguna compañía que tenga vínculos con la región puede asegurar que su cadena de suministros está libre de esta práctica.

La organización sin fines de lucro dedicada a la investigación C4ADS identificó en un reporte 1.500 empresas chinas ubicadas dentro o al lado de las fábricas de los predios. De ellas, 92 indicaron que importan o exportan bienes. Algunas de ellas han vendido sus productos a numerosos países del mundo.

Dentro del país asiático, una de las compañías cuenta entre sus clientes al Ejército de Liberación Popular y otras fuerzas de seguridad de Beijing. El conglomerado indicó abiertamente su uso de mano de obra de este “programa” y detalló que los trabajadores dormían en habitaciones de 3 o 4 personas y recibían un “estipendio mensual para comida” de alrededor de USD 55.

Según un artículo del China News Service, controlado por el estado, miembros de las minorías en otro campo debían asistir a una “escuela bilingüe nocturna” para aprender mandarín. Y todos los lunes debían izar una bandera para luego alabar las políticas del Partido Comunista, así como “el pensamiento socialista con características chinas en la nueva era de Xi Jinping”.

El uso de trabajo forzado trasciende las fronteras de Xinjiang. Un estudio del Instituto de Políticas Estratégicas Australiano identificó 27 fábricas en nueve provincias que incurren en las mismas prácticas.

Actualmente, el Congreso de los Estados Unidos está tratando de Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, copatrocinada por el senador republicano Marco Rubio y el representante demócrata James McGovern, quienes piden una prohibición de importación de bienes producidos en Xinjiang a menos que se pueda probar que los productos no fueron fabricados por convictos, trabajo forzado o contratado.

En mayo también fue aprobada Ley de Política de Derechos Humanos Uigur 2020, también patrocinanda por el senador Marco Rubio la cual ha habilitado al gobierno norteamericano a imponer sanciones a entidades y funcionarios del Partido Comunista presuntamente involucrados en la represión en Xinjiang. En julio, el país sancionó a once empresas por “estar involucradas en violaciones a derechos humanos” en la región. Y días antes ndicó que rechazaría la solicitud de visado de tres altos funcionarios chinos y sus familias como consecuencia de su involucramiento en él.

Entre ellos figura Chen Quanguo, el secretario del Partido Comunista para la región de Xinjiang, a quien se considera el arquitecto de las políticas de línea dura de Beijing contra estas minorías étnicas y religiosas.

Además, el departamento de Estado dijo que se están imponiendo restricciones adicionales a los visados de otros funcionarios del Partido Comunista Chino que se cree que son responsables o cómplices de la injusta detención o el abuso de los uigures, los kazakos étnicos y los miembros de otros grupos minoritarios.

También la Unión Europea se unió a los reclamos en su reunión virtual programada con Xi Jinping, pidiendo al gobierno chino que recibiera una delegación en la región de Xinjiang con el fin de iniciar una investigación que ayude a clarificar la situación y así evitar posibles sanciones.

Sin embargo, China indicó recientemente que probablemente no cambiará su accionar. “No podemos ser complacientes en este momento, porque aún hay amenazas allá afuera”, dijo Xu Guixiang, subdirector general del departamento de publicidad del Partido Comunista en Xinjiang, durante una entrevista con The Associated Press en Beijing.

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