Cómo el régimen chino utiliza las inversiones en sus empresas para financiar su maquinaria represiva

“La amenaza del Partido Comunista Chino (PCCh) a la seguridad nacional estadounidense se extiende a nuestros mercados financieros e impacta a los inversores”. Esa advertencia fue lanzada semanas atrás por el Departamento de Estado norteamericano, unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el 12 de noviembre una orden que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos invertir en empresas chinas que pudieran estar apoyando al aparato militar y de seguridad de Beijing.

El Departamento de Estado indicó que importantes índices de acciones, como MSCI y FTSE Rusell, “incluyen compañías malignas de la República Popular China (PRC, por sus siglas en inglés), que figuran en la lista de entidades del Departamento de Comercio y/o en la lista del Departamento de Defensa de ‘compañías militares comunistas chinas’ (CCMC)”.

El dinero que fluye hacia esos fondos indexados, procedente de inversores minoristas norteamericanos, “respalda a las empresas chinas involucradas en la producción tanto civil como militar”. Algunas de esas compañías, añaden las autoridades de Estados Unidos, “producen tecnologías para la vigilancia de la población civil y la represión de los derechos humanos, como es el caso de los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang, así como en otros regímenes represivos, como Irán y Venezuela”. Otras, por su parte, “ayudan a la construcción militar de China y a militarizar las islas artificiales condenadas internacionalmente en el Mar de China Meridional”.

Hasta diciembre de 2020, al menos 24 de las 35 empresas militares comunistas chinas tenían valores de sus filiales incluidos en un importante índice de valores. Asimismo, por lo menos 13 empresas de la República Popular China están en la lista de entidades cuya empresa matriz o filiales están incluidas en los índices bursátiles MSCI o FTSE.

Además, el índice de mercados emergentes del MSCI incluye 230 acciones A de China, cotizadas en renminbi, y que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen, controladas por el Partido Comunista de China.

China Communications Construction Company (CCCC), China Shipbuilding Group y Guangzhou Haige son algunos ejemplos destacados de empresas que permitieron al régimen chino de Xi Jinping “recuperar y militarizar las islas artificiales en disputa en el Mar de China Meridional”. Hikvision, iFlyTek , FiberHome y Dahua, en tanto, tienen reconocidos vínculos “con la opresión de los uigures”.

China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corporation, China Telecommunications Corp, y China United Network Communications Group Co., son las compañías militares chinas comunistas “afiliadas” en la Bolsa de Valores de Nueva York. En 2019, unas 165 empresas chinas cotizaron en Wall Street, incluido Alibaba, el gigante del comercio electrónico.

“Algunas de las empresas chinas [en el índice MSCI] presentan importantes preocupaciones humanitarias y de seguridad nacional para los Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de que puedan estar sujetas a sanciones, protestas públicas, restricciones comerciales, boicots y otras medidas punitivas que ponen en peligro sus negocios y rentabilidad: por ejemplo, contratistas militares que brindan apoyo en aviones militares y telecomunicaciones al Ejército Popular de Liberación. La lista también incluye empresas que fabrican equipos de vigilancia que China utiliza para oprimir a las minorías religiosas, así como una empresa acusada de participar en actividades económicas con Irán y Corea del Norte en violación de la ley de sanciones de Estados Unidos”, señalaron en una declaración conjunta Robert C. O’Brien, Asesor de Seguridad Nacional, y Lawrence Kudlow, Director del Consejo Económico Nacional del Departamento de Trabajo.

Ante este contexto, y tras el veto aplicado por el gobierno de Trump, la semana pasada el gestor MSCI excluyó de sus índices a siete empresas chinas, que estaban incluidas en la orden emitida por el Ejecutivo. Entre las firmas afectadas se encuentran SMIC -el mayor fabricante de chips chinos- y Hikvision -mayor proveedor mundial de sistemas de videovigilancia y proveedor de las agencias policiales de Xinjiang, donde son reprimidas las minorías musulmanas-: ambos cotizan en Hong Kong y Shenzhen, respectivamente. Las otras cinco son: China Communications Constructions Group (cotizada en Shanghai y Hong Kong), China Spacesat (Shanghai), China Railway Construction (Hong Kong y Shanghai), CRRC (Shanghai y Hong Kong), y Dawning Information Industry (Shanghai). Las siete suponen el 0,3% del índice MSCI emergente.

La Casa Blanca celebró la decisión de MSCI. “Durante años, los inversores estadounidenses han financiado sin saberlo compañías militares comunistas chinas, que ayudan al [Ejército Popular de Liberación] a amenazar a los miembros del servicio estadounidense y aliados”, indicó John Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, quien además destacó el “liderazgo del presidente Trump” para que estas prácticas del régimen chino “estén llegando a su fin”.

Otros grandes proveedores de índices, como FTSE Russell, Nasdaq y S&P Global Dow Jones Indices, aplicaron medidas similares para cumplir con la orden ejecutiva del Gobierno. Esta decisión afecta miles de millones de dólares en fondos negociados en la Bolsa y otras inversiones pasivas que siguen los puntos de referencia.

De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Estado, las acciones de la República Popular China “afectan directamente los activos de pensiones de los trabajadores y jubilados estadounidenses”, ya que existen más cinco mil sistemas públicos de pensiones en el país. Más de diez mil millones de dólares invertidos en los planes privados están cubiertos por la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés).

Según el decreto firmado por Trump, el régimen chino obliga a las empresas privadas a apoyar sus actividades militares y de seguridad, y a través de los mercados de capital, “explota a los inversores de Estados Unidos para financiar el desarrollo y la modernización de su ejército”.

La orden será efectiva a partir del 11 de enero, nueve días antes de que Trump sea reemplazado en la Casa Blanca por el presidente electo, Joe Biden. Los estadounidenses que tienen acciones y otros intereses financieros en ese tipo de empresas tienen hasta el 11 de noviembre de 2021 para cederlos.

En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, Trump declaró una emergencia nacional alegando que los inversionistas norteamericanos están ayudando a China “a amenazar directamente el territorio de Estados Unidos y a las fuerzas estadounidenses en el extranjero, con el desarrollo y despliegue de armas de destrucción masiva, armas convencionales avanzadas y acciones cibernéticas maliciosas contra Estados Unidos y sus habitantes”.

La prohibición afecta a 31 empresas, incluidas empresas de los sectores de telecomunicaciones, aeroespacial y de construcción.

Es tal la preocupación de las autoridades, que el subsecretario de Estado Keith Krach envió una carta a las juntas directivas de las universidades del país “alertándolas sobre las amenazas que el Partido Comunista Chino representa para la libertad académica, los derechos humanos y las dotaciones universitarias”. “Estas amenazas pueden venir en forma de financiamiento ilícito para investigación, robo de propiedad intelectual, intimidación de estudiantes extranjeros y esfuerzos opacos de reclutamiento de talentos”, apuntó.

La semana pasada el régimen chino se pronunció en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de Trump. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, adelantó que las recientes decisiones de las compañías de índices de excluir valores de las firmas chinas sancionadas no mantendrán alejada la inversión global.

El funcionario chino instó a Washington a “dejar de politizar los asuntos económicos y comerciales” y “dejar de recurrir al poder nacional excesivo para reprimir a las empresas extranjeras”: “Los mercados de capitales de China han ampliado cada vez más el acceso para la asignación de acciones de empresas chinas, mientras que muy pocas empresas chinas están excluidas de algunos índices globales (...) No evitará que los inversores internacionales inviertan en estas empresas y compartan el crecimiento de la economía de China”.

Una investigación publicada por el diario The Wall Street Journal semanas atrás, señala que el sector privado chino está convirtiéndose vertiginosamente en un sector paraestatal. Por orden de Xi Jinping, el régimen busca que en cada firma se encuentre un miembro del Partido Comunista, que rige la vida de la población. “Xi Jinping, desconfiado durante mucho tiempo del sector privado, se está moviendo con firmeza para dominarlo”, señala el informe.

El artículo firmado por Lingling Wei asegura que el jefe de estado pretende que todos los empresarios se alineen con los mismos objetivos del Partido Comunista Chino (PCC), los que en la mayoría de las veces nada tienen que ver con los objetivos de los emprendedores que lo arriesgan todo para salir adelante. “En algunos casos se hace cargo en la totalidad de las empresas que considera indisciplinadas y las absorbe en empresas estatales”, indicó la autora.

“Nosotros, las pequeñas empresas, no tenemos otra opción más que seguir al Partido. Aun así, no nos beneficiamos en absoluto de las políticas gubernamentales”, señaló al diario norteamericano Li Jun, propietario de una empresa de pesca en la provincia de Jiangsu.

Las relaciones entre las dos superpotencias han estado marcadas por rencores y recriminaciones durante los cuatro años del mandato Trump, que impuso elevados aranceles a bienes chinos y culpó a Beijing del origen de la epidemia del covid-19.

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