La fiscalía de Arabia Saudita pedirá la máxima sentencia de prisión para la activista por los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul. De esta manera, si el veredicto final acuerda con el pedido la próxima semana, la mujer podría pasar 20 años tras las rejas por demandar igualdad de género en el país.
De acuerdo con el medio británico The Guardian, el caso de Hathloul fue transferido desde un tribunal penal al tribunal de terrorismo el mes pasado.
“Mi hermana debe ser liberada… Todo lo que ha hecho es pedir que las mujeres sean tratadas con la dignidad y la libertad que les corresponde. Por eso las autoridades sauditas están buscando la pena máxima disponible bajo la ley: 20 años de prisión“, dijo Lina al-Hathloul, la hermana de la acusada, al diario británico.
“Dicen que es una terrorista; en realidad es una activista humanitaria y una mujer que simplemente quiere un mundo mejor y más justo”, agregó.
Hathloul, de 31 años, es uno de las activistas por los derechos humanos más prominentes de Arabia Saudita. Ha sido arrestada y detenida varias veces por desafiar la prohibición de conducir que enfrentan las mujeres en el país y por hacer campaña para poner fin al sistema de tutela masculina, que convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda clase.
En mayo del 2018 fue secuestrada y arrestada junto con varios otros activistas justo antes de que se cambiara la ley que impedía conducir a las mujeres, algo que fue interpretado como un mensaje del liderazgo saudita: las reformas en el reino ultraconservador solo pueden venir de arriba hacia abajo.
Desde entonces, sus familiares dicen que Hathloul ha sido agredida sexualmente, torturada con golpes y descargas eléctricas y mantenida bajo un régimen de incomunicación durante largos períodos de tiempo. Varios intentos de huelga de hambre también han llevado a un comité de derechos de la mujer de la ONU a expresar alarma por su estado de salud.
Después de ser juzgada en un tribunal penal de Riad por cargos falsos -que incluían desestabilización de la seguridad nacional y trabajar con entidades extranjeras contra el estado- el caso de Hathloul fue transferido en noviembre al tribunal penal especializado (SCC) que, asegura, juzga casos de terrorismo.
Amnistía Internacional ha dicho en una presentación sobre el caso que el organismo secreto dicta habitualmente largas condenas de cárcel e incluso la pena de muerte a quienes desafían la monarquía absoluta del país. La organización también ha indicado que las cortes obtienen confesiones bajo tortura.
“Un régimen que ve el activismo de las mujeres como terrorismo está profundamente quebrado. No hay ninguna causa moral o legal que justifique el encarcelamiento continuo (de los activistas), y su encarcelamiento prolongado ni siquiera está en los estrechos intereses del régimen saudita“, dijo Lucy Rae, vocera del organismo de defensa de los derechos humanos Grant Liberty, que hace campaña en en nombre de los presos de conciencia sauditas.
“Arabia Saudita nunca rehabilitará su reputación mientras continúe encarcelando y torturando a quienes hacen campaña por las libertades básicas”, añadió.
El país se ha embarcado en una serie de reformas sociales de gran alcance desde que el príncipe heredero Mohammed bin Salman fue nombrado heredero al trono en 2017: además de permitir que las mujeres conduzcan, la policía moral del país ha sido controlada y las mujeres pueden viajar sin el permiso de un tutor masculino.
Sin embargo, las reformas han ido acompañadas de una creciente represión estatal contra las voces disidentes.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump cultivó una relación personal con el príncipe Mohammed, apoyando la intervención del heredero del trono en la guerra de Yemen y defendiéndolo de las acusaciones de participación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden prometió que reevaluará los vínculos entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
En una señal de que el reino podría estar redoblando sus tácticas represivas, el destacado médico de doble nacionalidad saudita-estadounidense Walid Fitaihi fue sentenciado a seis años de prisión por cargos que incluían obtener la ciudadanía estadounidense sin aprobación y simpatizar con un organización terrorista sin nombre.
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