Arbitraria ironía del destino. Mientras los ciudadanos chinos no pueden manifestar libremente lo que piensan sobre sus gobernantes o informar siquiera sobre nuevos virus que emergen entre la población, los miembros de la aristocracia partidaria se permiten otros lujos occidentales. Esta vez fue el turno del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao. Utilizó su cuenta de Twitter —herramienta social restringida para los habitantes de aquel gran país— para dirigir un golpe bajo el cinturón contra Australia.
El diplomático escribió: “Conmocionado por el asesinato de civiles y prisioneros afganos por soldados australianos. Condenamos enérgicamente tales actos y pedimos que se los haga responsables”. Hacía referencia a las investigaciones en curso que el propio gobierno de Canberra impulsa sobre los aberrantes abusos que se habrían cometido en Afganistán. Las medidas adoptadas fueron drásticas tanto dentro del Ejército como en la misma administración. Cualquier atropello a los derechos humanos será condenado. Acompañando la leyenda del tuit que había escrito, Lijian sumó un fotomontaje: un uniformado sediento de sangre sosteniendo un cuchillo sobre el cuello de un niño con un pequeño cordero en sus brazos. Fake oficial. Australia tildó esa difusión de “repugnante” y “falso”.
Llamativo: Lijian no publicó nada en sus redes sobre los campos de “reeducación” en donde se somete a las minorías en Xinjiang.
El vocero de Beijing aplicó el manual de la nueva diplomacia que ejerce sobre el mundo el régimen comandado por Xi Jinping. A ese manejo de los asuntos exteriores se lo conoce como Wolf Warrior Diplomacy, en honor a una saga de películas de acción en la que se muestra cómo un soldado todopoderoso lucha contra las injusticias a la que se somete a su país. Un nacionalismo básico sostenido en superproducciones millonarias. Su leyenda promocional: “Cualquiera que insulte a China debe ser exterminado”. La estrategia consiste en golpear de manera desproporcionada cada crítica sobre el gobierno central.
Esta particular y agresiva política se intensificó a partir de los cuestionamientos que llovieron de todas partes del mundo por el manejo que las autoridades sanitarias chinas hicieron del surgimiento del nuevo coronavirus Sars-CoV-2, en el último trimestre de 2019. Al virus no solo no se lo logró contener en su etapa inicial, sino que aquellos médicos de Wuhan -epicentro del brote- que quisieron alzar la voz para alertar sobre su alto nivel de contagio fueron reprimidos y amordazados —aún hoy lo son—, lo que derivó en una cadena de silenciamientos y complicidades que terminó con una tardía advertencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta el momento, el COVID-19 mató a 1.460.437 personas en todo el mundo, de acuerdo con las estadísticas que publica Johns Hopkins University of Medicine.
Beijing ve fantasmas a los que trata de exorcizar a fuerza de embestidas diplomáticas. Aunque estos fueran a través de Twitter, la red social que ningún chino puede usar por el férreo control de consciencia y tecnológico que aplica el régimen. El Partido Comunista Chino (PCC) considera que hay poderes externos hostiles que lo rodean por todos lados y que conjuran a sus espaldas. Es por eso que apela a la entrañas nacionalistas para victimizarse. “El sistema que están defendiendo es un estado de un partido único que busca la represión de las críticas tanto dentro como fuera del país”, remarcó en un artículo de junio pasado el diario Financial Times.
El Gobierno australiano —conducido por el primer ministro Scott Morrison— es uno de los mayores críticos de la forma en que Xi Jinping administró la crisis del coronavirus. Pidió algo simple desde el inicio: una investigación independiente que garantice qué fue lo que ocurrió en los últimos días de diciembre de 2019. Fue el 19 de abril último. A partir de entonces, el bullying diplomático chino fue constante y las amenazas de cortar el comercio recurrentes. Ese sistema de ¿extorsión? es utilizado no solo con Australia. Es más visible aún en países más dependientes de sus arcas. Beijing condiciona a otros actores con frenar el flujo de contratos si no cumplen con sus deseos.
Detrás de la furia con Canberra yace otro tema estratégico que el PCC no podrá obtener en Oceanía: dejar en manos de Huawei o de ZTE -las dos más grandes empresas de telecomunicaciones chinas-, el tendido de la red 5G. Australia y Nueva Zelanda creen que esa tecnología en manos de un régimen no democrático representa un peligro para su seguridad. Tienen razón: un miembro del partido único tendría acceso a información de todo tipo con sólo requerirlo. La ley china así lo exige, lo que convierte a ambas compañías de en un gris paraestatal.
Esa filosofía de condicionar inversiones y comercio para rescatar economías deterioradas se ve cada vez más palpable en América Latina. Lo padeció Brasil la semana pasada. Las presiones en el necesitado subcontinente son diarias. Van desde el 5G hasta el dragado de ríos; desde puertos hasta centrales nucleares; empresas eléctricas a concesión de soberanía para observar estrellas. De hacerse con el control de estos sectores estratégicos de la economía, China tendría la capacidad de provocar apagones en regiones enteras o dejar ciegos a los capitanes de buques que quieran transitar sus canales artificiales. Podría hacerlo de forma remota: con un simple botón accionado en Beijing.
Twitter: @TotiPI
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