“Múltiples etapas de negligencia estatal” llevaron a la enorme explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto. La conclusión pertenece a Forensic Architecture (FA), un grupo de investigación basado en la universidad de Londres que utiliza técnicas arquitectónicas para investigar casos de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo.
Distintos documentos y cronicas de organizaciones locales e internacionales han descrito a lo largo de los meses la manera en que la corrupción y desidia llevaron a la devastadora detonación, que causó la muerte de más de 200 personas, hirió a más de 6.500 y destruyó buena parte de la capital libanesa.
FA contribuye a continuar comprendiendo el hecho con un video en el que recrea paso a paso como se produjo la detonación, y la sucesión de detalles que la propiciaron. Gareth Collet, experto de la ONU, explicó que es “extremadamente difícil” que el nitrato de amonio, la sustancia que generó que tuviera tal magnitud, explote solo con fuego. Sin embargo, las distintas violaciones de seguridad existentes en el galpón se combinaron para lo que definió como una “detonación catastrófica”.
A partir de imágenes y documentos oficiales, la organización determinó que las 2.750 bolsas de nitrato de amonio se encontraban juntas en el centro del galpón, ocupando un área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. La sustancia debe permanecer inalterada, pero ese no fue era el caso. Al analizar distintas fotos, Collet concluyó que estaba “confinada (es decir, en un ambiente cerrado) y contaminada”.
Además, explicó que el nitrato de amonio “pasa a ser extremadamente volátil con la presencia de las cantidades más pequeñas de aditivos y por eso debe permanecer separada”. Sin embargo, las distintas columnas de humo muestran que había numerosos otros materiales dentro del galpón. Entre ellos 23 toneladas de fuegos artificiales y neumáticos, generaron la combinación fatal. “Una vez más, las regulaciones no fueron obedecidas”, indica FA.
El análisis fue publicado pocos días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU reciba un informe sobre la situación en El Líbano. También en anticipación de la cita, una organización llamada Legal Action Worldwide (Acción Legal Global) presentó una serie de demandas en nombre de más de 1.000 sobrevivientes de la explosión, pidiendo apoyo internacional para lograr “sin demora, una investigación independiente e imparcial” sobre el hecho.
Tanto la organización como sus representados manifestaron desconfianza en el proceso oficial, sugiriendo que aquella llevada a cabo por las autoridades del país presenta graves fallas y probablemente no provea una conclusión confiable.
Las aseveraciones, de hecho, fueron respaldadas por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La primera destacó acusaciones de “interferencia política” en el nombramiento del investigador jefe, mientras que la segunda aseguró que el proceso no es “independiente ni imparcial”. La ONU, en tanto, ha manifestado su preocupación durante décadas sobre la falta de independencia del poder judicial libanés.
En el sector privado, la asociación de abogados de Beirut, que formó un comité que lleva más de 600 casos en nombre de las víctimas y sus familias, habló de “enormes desafíos y barreras” a la hora de buscar justicia. No obstante, no dio más detalles.
Las autoridades libanesas han ordenado el arresto de 25 personas, incluyendo el titular del puerto y el de la agencia de aduanas. También ha tomado el testimonio de más de 50 personas, pero no ha presentado resultados.
La desconfianza generalizada excede la noción sobre la corrupción endémica que afecta al Líbano. Los más altos funcionarios del país -el presidente Michel Aoun y el primer ministro Hassan Diab- recibieron numerosas advertencias sobre el peligro que representaba la presencia de los químicos durante años, pero no se tomaron acciones al respecto. Ambos negaron tener responsabilidad directa en el hecho.
Sin embargo, las masivas protestas que tuvieron lugar en el país -que ya atravesaba una grave crisis económica y sanitaria- llevaron a la renuncia de todo el gobierno poco después del hecho. El 22 de octubre Saad Hariri fue vuelto a nombrar primer ministro y dada la tarea de formar un nuevo gobierno. Su último gobierno de coalición del líder Hariri había sido derrocado cuando las protestas se apoderaron del país, furiosas contra la élite gobernante del Líbano.
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