Nueva investigación sobre el Vuelo 901 de Alas Chiricanas derribado en Panamá un día después del ataque a la AMIA

Un día después de sucedido el golpe terrorista más terrible que conociera el continente latinoamericano sobre la Mutual Israelita AMIA de Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos y mutilados, otro ataque con el sello del terrorismo islámico se produjo en Panamá.

El 19 de Julio de 1994, mientras cubría una ruta de cabotaje entre Colón y Ciudad de Panamá, el Vuelo 901 de la compañía Alas Chiricanas estalló en el aire. La investigación desarrollada indicó que la aeronave siniestrada, modelo Embraer 110 Bandeirante, fue derribada como consecuencia del estallido de un artefacto explosivo dentro de su cabina. No hubo sobrevivientes. Sin embargo, la brutalidad y los daños del ataque ocurrido en Argentina el día anterior, relegó a un segundo plano la caída del avión panameño en los medios de prensa internacionales a pesar del luctuoso saldo de 21 muertos, de los cuales 12 eran prominentes empresarios de la comunidad judía panameña. La compañía aérea Alas Chiricanas quebró y dejó de operar al año siguiente del ataque.

Aunque el golpe terrorista generó un impacto mediático menor que el de AMIA, la investigación judicial avanzó y unos meses después, igual que en el caso de Argentina, la acusación formal de la justicia panameña recayó sobre el liderazgo khomeinista iraní y su representante regional en América Latina, la organización política-terrorista libanesa Hezbollah como el brazo perpetrador.

El detalle no menor del derribo del Vuelo 901 es que no fue reivindicado sino hasta que la investigación, que sospechaba de un operativo de Hezbollah, tomó conocimiento de que un grupo chiita auto-denominado Ansar Allah (Soldados de Dios en idioma árabe) asumió la responsabilidad por el ataque desde la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano.

El nombre del grupo era investigado desde 1992 en la zona de Triple Frontera y el caribe colombiano como integrante de una red asociada a los cárteles involucrados en el tráfico de drogas y armas y se lo sindicaba como pionero en operaciones de lavado de activos en aquellos años. También por su participación en el ataque a la Embajada de Israel en Buenos, dos años antes, pero bajo otro nombre de fantasía que usualmente utilizaba Hezbollah para cometer atentados terroristas sin asumirlos como propios, en el caso de la Embajada, se hizo llamar Yihad Islámica.

Esta semana, después de 26 años y con las actuaciones judiciales archivadas, la investigación retomó impulso y se conocieron importantes detalles a través de nueva información en materia de identificación de uno de los terroristas involucrados en la caída del avión.

Al comienzo de la investigación, en su primer semestre, agencias estadounidenses como el FBI ofrecieron su colaboración a Panamá, de hecho, algunos de sus oficiales ayudaron a las autoridades panameñas en el caso. Sin embargo, Panamá no aceptó derivar las actuaciones negándose a resignar su soberanía judicial, en consecuencia, los agentes federales quedaron fuera de la investigación.

No obstante, a finales de 1995, la justicia panameña solicitó ayuda a la oficina del FBI de Miami para un procedimiento puntual de identificación genética de gran parte de lo que era un torso humano recuperado de uno de los muertos que, étnica y racialmente, pudo haber pertenecido a una persona originaria de Oriente Medio en la sospecha de que esos restos pudieron ser del terrorista que abordó la aeronave portando la bomba que estalló en vuelo. Según la lista de pasajeros se identificaba al sospechoso como Alí Yamal. El dato relevante que atrajo la atención de los investigadores es que fue el único cuerpo de los pasajeros no reclamado por ningún familiar.

La respuesta de las autoridades federales a Panamá incluyó fotografías y videos que disponían en sus archivos. En ese material se observaba a otros 4 hombres que según los oficiales estadounidenses, integraron el grupo de apoyo al “shahid” (suicida en idioma español) que abordó el avión y se detonó en vuelo ejecutando el ataque.

Los sospechosos habían sido filmados por cámaras de seguridad y captados por los sistemas de escuchas del FBI vinculado a investigaciones sobre traficantes de armas que operaban en América Latina, uno de ellos estaba siendo investigado por actividades de tráfico de drogas en tres ciudades de América Latina: San Pablo, en Brasil; Cali, en Colombia y Ciudad del Este en Paraguay.

En el informe enviado a la justicia panameña, el FBI involucró a los sospechosos con el robo de una tarjeta de crédito a un ciudadano estadounidense que un mes antes del atentado al Vuelo 901, visitó como turista el Archipiélago de San Blas, en Panamá.

Aunque las autoridades judiciales panameñas nunca comunicaron a la prensa la totalidad del contenido del documento reservado del FBI, fuentes de la comunidad de inteligencia indicaron que la red integrada por esos hombres alquilaron dos automóviles, uno de los cuales apareció abandonado una semana después del ataque en el estacionamiento del Aeropuerto de Tocumen sin que nadie lo retirara. El vehículo fue incautado por la policía y sus datos incorporados a la investigación judicial; el automóvil restante fue hallado a unos 10 kilómetros de la terminal aérea. Ambos automóviles habían sido alquilados con la tarjeta de crédito robada al turista estadounidense, con la que también se compró un radio transmisor Motorola de canal-dual que fue hallado en el automóvil secuestrado fuera del aeropuerto. Un dispositivo de comunicaciones similar pudo ser portado por el sospechoso que subió al avión y se encontró entre los restos del vuelo.

Según el informe, la agencia federal, tres de los cuatro sospechosos se fugaron después del ataque a Colombia, Venezuela y El Líbano respectivamente.

En una nueva línea de la investigación, en septiembre de este año, la oficina del FBI en Miami publicó un Boletín de búsqueda y requerimiento sobre Alí Zaki Jalil, un sujeto de unos 50 años de edad, con antecedentes como traficante de armas y nacionalidad libanesa. Según el Bureau Federal, Jalil fue visto el día del ataque en la zona del aeropuerto. El sospechoso fue detenido por la policía panameña meses después pero por tenencia y posesión ilegal de 14 fusiles AK 47 de origen ruso, 5 pistolas belgas calibre 9 milímetros y un sistema de cableado para activar detonadores de chalecos explosivos similar al utilizado por el suicida en el derribo del Vuelo 901.

Cuatro meses despues Alí Zaki Jalil logró salir de la cárcel panameña pagando una fianza de USD 150.000 a través de sus abogados locales. Las actividades y el rastro de Jalil se perdieron a finales de 1995. El interrogante que quedó abierto hasta nuestros días es cómo fue que las autoridades panameñas cometieron el error de dejar escapar al principal sospechoso, y tal vez, al ideólogo del derribo del Vuelo 901 sin asegurarse que no se fugara del país, como finalmente ocurrió.

Actualmente una circular de búsqueda vigente del FBI identifica a Jalil como persona de alto interés y pide al público información sobre su paradero a cambio de una recompensa. La sospecha es que podría estar residiendo en el Valle del Bekka, en Líbano; donde se cree que ingresó vía Chipre con pasaporte venezolano luego de vender un local de elementos de comunicaciones y electrónica de su propiedad en Isla Margarita, Venezuela.

Sin embargo, un informe de seguridad nacional de Brasil, que colaboró con el FBI, ubicó una empresa de paracaidismo deportivo en Panamá inscrita a nombre de Jalil con documento de identidad de ciudadano venezolano, la empresa que fue vendida a finales de 2017 y transferida en marzo de 2018 a otro ciudadano venezolano allegado al gobierno de Nicolás Maduro. El nuevo titular también está bajo investigación actualmente pero el FBI reservó su nombre porque tiene un domicilio de residencia en la Florida, más precisamente en el Norte de Miami Beach.

Más allá del paso del tiempo, los investigadores estadounidenses y panameños creen que Alí Zaki Jalil dispone de información sumamente importante y está relacionado de forma directa con el derribo del Vuelo 901.

Hoy, después de 26 años del ataque terrorista, se espera que el caso sea reabierto en diciembre e incluso se evalúa la posible realización de un juicio en ausencia contra Jalil. La información y el plexo probatorio es mucho más amplio del que dio a conocer la justicia panameña en su momento y la investigación involucra nombres de primera línea dentro de la dirigencia política venezolana y libanesa actual.

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