La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este miércoles al Gobierno de Rusia anular un nuevo proyecto de ley que supondría la restricción “aún más” de la capacidad de funcionamiento de los grupos independientes, que “ya se están asfixiando” bajo la “restrictiva” ley de “agentes extranjeros”, norma que también debería ser revocada según la organización.
El mencionado proyecto de ley, presentado por el Gabinete de ministros de Rusia, permitiría ampliar los requisitos de presentación de informes para los grupos independientes etiquetados como “agentes extranjeros”, mientras que el Ministerio de Justicia podría prohibir cualquier actividad planificada o en curso de esos grupos. El incumplimiento de esta disposición serviría de base para cerrar la organización.
Por otro lado, la ley introduciría motivos adicionales para las inspecciones gubernamentales no programadas.
Por tanto, este proyecto se convertiría en “otra herramienta represiva más que el Gobierno puede utilizar para hostigar a los grupos independientes, interferir en su trabajo y, en última instancia, cerrarlos”, ha lamentado el director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson.
Por este motivo, este proyecto de ley debe ser retirado “inmediatamente”, así como las otras leyes “represivas”.
La legislación vigente permite al Ministerio de Justicia prohibir la actividad o el proyecto de un grupo extranjero, en parte o en su totalidad, aunque el nuevo proyecto de ley permitiría ampliar esta autoridad para prohibir actividades y proyectos de organizaciones rusas que sean calificadas como “agentes extranjeros”.
Además, la nueva normativa permitiría realizar inspecciones no programadas de un grupo si las autoridades reciben denuncias de que ha participado en actos organizados o en colaboración con una organización extranjera que figure en la lista de “indeseables” del país.
HRW denuncia que durante casi una década Rusia ha utilizado las leyes que regulan a los organismos no gubernamentales para restringir cada vez más el espacio para la actividad cívica, así como para penalizar a los dirigentes de los grupos y a activistas.
Desde 2012, la ley de “agentes extranjeros” obliga a las organizaciones calificadas como tal a marcar su condición en todas las publicaciones, mientras que el Gobierno aplica restricciones a las actividades que pueden llevar a cabo, “demonizándolas”, ya que en el país la acepción tiene una fuerte connotación negativa, similar a “traidor”. La ley se amplió posteriormente para incluir también a medios de comunicación.
Actualmente, 68 organizaciones figuran como “agentes extranjeros”, muchas de ellas grupos de Derechos Humanos, grupos ecologistas o organizaciones asistenciales. Ante las restricciones impuestas por la legislación, más de 30 organizaciones han cerrado al negarse a aceptar la “falsa y estigmatizante” etiqueta de “agente extranjero”.
Esta normativa de “organizaciones extranjeras indeseables”, por su parte, permite a las autoridades prohibir, sin supervisión judicial, un grupo extranjero o internacional que presuntamente “socave la seguridad, la defensa o el orden constitucional de Rusia”. La lista de organizaciones incluidas en esta clasificación es actualmente de 24.
A estas legislaciones se sumaría el nuevo proyecto de ley, que “dará lugar a nuevas violaciones de los derechos a la libertad de asociación y expresión garantizados en los principales tratados de Derechos Humanos de los que Rusia es parte”, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concluye HRW.
Con información de Europa Press
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