El muelle de Arguineguín en las Islas Canarias se ha convertido en el nuevo símbolo de la crisis migratoria en la Unión Europea. Es el puerto español donde más pateras procedentes de África han desembarcado este año. Igual que sucediera antes en la isla italiana de Lampedusa o más recientemente en la griega de Lesbos el tapón de seres humanos atrapados allí crece desde hace meses, agravado por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras por causa de la pandemia. La población canaria, que depende de un turismo que no llega, afronta con preocupación la situación.
“La situación es aberrante, yo he pedido entrar tres veces al campamento en el muelle de Arguineguín y se me caía el alma a los pies, aquello parecía un corral de ganado pero con humanos”, dice a Infobae Teodoro Bondyale, de la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias (FAAC) que acompaña a los migrantes y les ofrece asesoramiento gratuito.
Denuncia que les tienen dentro del muelle recluidos, “como si fueran animales”. Duermen al raso del suelo, apenas con unas mantas en el mismo lugar donde se descarga la pesca. “No dejan entrar a la prensa para que no se sepa lo que está pasando ahí dentro”, advierte. Muchos de ellos están desorientados tras un viaje de varios días por mar en unas condiciones precarias.
“A día de hoy no existe ninguna otra alternativa, esperemos que abran pronto otro refugio”, asegura en conversación con Infobae José Antonio Rodríguez, responsable del equipo de ayuda humanitaria a personas inmigrantes de Cruz Roja que trabaja en la zona. Ellos son los responsables de atenderles cuando llegan al puerto, la primera cara amiga que estos ven a pie de muelle. Les ofrecen ropa, una ducha, agua, galletas. “No sabemos la cantidad de días que llevan sin comer”.
Este miércoles por la noche había en el muelle 576 personas, pero que han llegado a tener cerca de 1.500 desde que se produjo un repunte de llegadas en agosto. “Depende de las condiciones climatológicas, si no hay buen tiempo no pueden embarcarse”, explica. Pero sabe que en las próximas semanas seguirán llegando desde África.
Canarias siempre ha sido un paso estratégico de las rutas migratorias, desde la época de los esclavos o, más recientemente, durante la migración española hacia América Latina. El problema actual comenzó durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006, cuando llegaron a las Canarias más de 31.000 africanos. Desde entonces el gobierno español ha invertido grandes sumas de dinero (46 millones de euros sólo en 2019) para controlar la inmigración irregular, subvencionando a las guardias costeras y la policía de fronteras de Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Conakri, Malí, Costa de Marfil y Gambia.
El férreo control en el paso desde Marruecos al sur de España a través de puntos como Ceuta y Melilla ha ocasionado un efecto rebote, disparando las rutas migratorias hacia las Canarias. Este incremento se ha detectado desde finales de 2019 y en lo que va de año se calcula que han llegado a las islas unas 12.000 personas procedentes de África, la cifra más alta en más de una década.
“No han sabido prevenir esta situación, se creían que la ruta por Canarias estaba desactivada porque es la más peligrosa, pero ha sucedido todo lo contrario, ahora no paran de llegar”, dicen desde la Cruz Roja.
En efecto, la del Atlántico hacia las Canarias (un archipiélago español situado junto al noroeste de África) es la travesía más peligrosa para llegar a Europa, mucho más que la temible ruta por el Mediterráneo hacia Italia y Malta: en el mar muere una persona por cada 20 que logran alcanzar las islas.
La presión policial y la vigilancia han aumentado los riesgos: los migrantes cada vez salen desde destinos más lejanos, cubriendo travesías de hasta 1.500 kilómetros que se alargan (si todo sale bien) hasta 12 días navegando.
Viajan en pateras de madera como las que utilizan para la pesca artesanal, de un metro y medio de ancho por cinco de largo, donde se meten hasta 40 personas. Para los viajes más largos usan cayucos hechos de fibra, muy difíciles de hundir, que llegan a los 20 metros de longitud y unos tres metros de ancho, donde se amontonan más de 160 seres humanos.
Las condiciones son precarias: las mafias y redes de tráfico de personas les venden carburante mezclado con agua, en ocasiones el GPS pierde la señal y están varios días a la deriva, el agua y el alimento son siempre muy escasos y las condiciones climatológicas hostiles.
“Son chicos jóvenes, de entre 18 y 25 años como mucho. La mayoría de las veces llegan con problemas de deshidratación, porque a mitad de la travesía se han quedado sin agua. Lo peor es cuando han bebido agua del mar”, explican desde Cruz Roja.
No todos logran llegar al destino: una embarcación que salió el pasado 24 de octubre de Senegal rumbo a las Islas Canarias se incendió apenas unas horas después de zarpar y se hundió. Iban 200 personas pero sólo 50 fueron rescatadas con vida. “Los que no aparecen, damos por hecho que el mar se los ha tragado”, lamentan desde la FAAC.
Xenofobia
“Stop invasión”, “Más turismo, menos parásitos”, “No a la inmigración ilegal”, “No somos racistas, queremos seguridad”, “Desmantelamiento de ese campamento”… Un millar de personas gritaba estas consignas el pasado 31 de octubre en Arguineguín, donde está el muelle donde han ubicado a centenares de africanos. Esta localidad, situada en el municipio turístico de Mogán (en el suroeste de Gran Canaria) y de tan sólo 2.500 habitantes, es el más claro ejemplo de los riesgos que afrontan las islas.
Si España es un país que depende estratégicamente del turismo, en las Islas Canarias eso es más pronunciado: el sector supone el 35% del PIB y el 60% de la población (poco más de dos millones de habitantes) depende directa o indirectamente de las remesas de turistas. Los vecinos esperan que estos días (el otoño y el invierno es temporada alta en las islas) vuelvan a retomarse los vuelos de países como Gran Bretaña y Alemania. Mientras tanto, el malestar por el desempleo y la incertidumbre siguen creciendo.
Desde las autoridades canarias creen que la estrategia migratoria de la Unión Europea de bloquear el paso de las rutas migratorias hacia el continente, aislando los núcleos en áreas geográficas periféricas como las Canarias, es la responsable de la situación. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, pide al gobierno español que permita a estas personas seguir su tránsito, pues su objetivo final no es quedarse en las islas sino alcanzar la Península y, de ahí, subir a países más ricos como Francia y Alemania.
Critican que las Canarias no tienen infraestructuras para acoger a tantas personas (han tenido que improvisar refugios, además de en el muelle, en polideportivos, colegios y hasta en recintos de lucha canaria, el deporte local) mientras en España los centros de acogida están por debajo del 50% de ocupación.
Desde el Ministerio del Interior español, en sintonía con las directrices de la Unión Europea, la estrategia es contener los flujos migratorios en origen e intentar frenar el paso hacia España y otros países europeos. “El resultado de esas políticas erróneas son los estallidos de xenofobia de estos últimos días”, dice a Infobae Loli López, de la Pastoral Diocesana de Migraciones que trabaja en la acogida y asesoramiento de los migrantes que llegan a Canarias.
Recalca que las manifestaciones donde se escuchan comentarios racistas no incluyen a todos los vecinos. El día de la marcha contra la inmigración, ella y otras varias personas se plantaron enfrente para mostrar su apoyo y solidaridad a los africanos. “Al vernos, muchos vecinos se unieron porque comprenden que estas personas vienen huyendo de la guerra, del hambre o de los desastres medioambientales y no tienen otra salida”, reflexiona.
La imagen de niños pequeños arrebatados de los brazos de sus madres por las autoridades nada más llegar a las costas canarias ha despertado la indignación de la opinión pública. La Fiscalía de Las Palmas declaró esta práctica ilegal hace unos días, tras descubrir que 12 menores llevaban tres meses separados de sus madres.
Loli López cree que la solución pasa por invertir en recursos y por facilitar visados humanitarios que les permitan a los migrantes circular a donde deseen. “Muchas de estas personas huyen de la guerra en Malí, un país declarado como zona catastrófica por ACNUR. Son refugiados pero cuando llegan aquí muchos no lo saben y se vulneran sus derechos”.
Tras casi ocho meses de suspenso por la pandemia, el gobierno español quiere retomar ahora los llamados vuelos de repatriación, que en la práctica supone la devolución a la fuerza de estos migrantes que llegaron a Canarias a países con los que España tiene este acuerdo, como Marruecos y Mauritania. Desde las ONG ven con preocupación esta noticia, pues el problema es que también pueden obligar a volver allí a ciudadanos de Malí (u otros orígenes), aunque no sea su país pero se considere que pasaron por esas fronteras para llegar a las costas españolas.
Mientras España se debate entre aplicar medidas más restrictivas de confinamiento para frenar la pandemia y salvar la temporada de Navidad, al suroeste del país, en el archipiélago de las Canarias junto a las costas africanas, el muelle de Arguineguín sigue siendo una señal de alerta de todo lo que podría salir mal si no se resuelve esta nueva crisis migratoria que, como advierten las ONG, no es local sino global.
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