Las primeras pruebas comenzaron a brotar a mediados del año pasado. En el marco del plan sistemático de supresión de la minoría uigur en la región de Xinjiang, el régimen chino está separando a un número creciente de niños de sus padres, en un intento de borrarles su identidad e implantarles una afín a los preceptos del Partido Comunista de China. En los últimos días se difundieron evidencias detalladas y concluyentes del alcance de un programa que atenta contra los derechos humanos más elementales.
Adrian Zenz, investigador de la Fundación para el Monumento a las Víctimas del Comunismo en China, accedió a planillas oficiales del régimen, en las que hay constancia de que cerca de 10.000 niños del condado de Yarkand, en la prefectura de Kashgar, donde la mayoría de los habitantes son uigures, tienen a uno o ambos padres internados en centros de detención o en campos de reeducación. Separados de sus familiares, quedan bajo la tutela del Estado, como si fueran huérfanos.
Los registros fueron compilados por funcionarios de Xinjiang en desacuerdo con las atrocidades que realiza el gobierno, y luego analizados por Zenz. Los documentos dan cuentan de que en 2018 más de 9.500 niños eran clasificados como con “adversidad simple” o “adversidad doble”, eufemismos para decir si uno o los dos padres se encontraban privados de su libertad.
Por otro lado, las estadísticas muestran que el número de menores que, como no tienen a sus padres son alojados en internados, pasó entre 2017 y 2019 de unos 500.000 a casi 900.000, lo que supone un aumento de alrededor del 76 por ciento. Lo más inquietante es que estos datos corresponden a solo un condado de toda la región de Xinjiang. Si se diera la misma proporción en todo el territorio, podría haber hasta 250.000 niños uigures con uno o ambos padres confinados.
“La estrategia de Beijing para someter a sus minorías ariscas en Xinjiang se está alejando del internamiento y se está orientando hacia mecanismos de control social de largo plazo. A la vanguardia de este esfuerzo está la batalla sobre los corazones y las mentes de la próxima generación”, explicó Zenz en un informe publicado en el portal Medium.
Las últimas estimaciones independientes indican que más de un millón de uigures están detenidos en estos campos de reeducación en los que se busca homogeneizarlos. El objetivo declarado y defendido por el presidente Xi Jinping en un discurso reciente es suprimir el crecimiento de la población de este grupo étnico y eliminar su cultura, aunque en nombre de erradicar la pobreza y las amenazas terroristas.
Una investigación presentada el mes pasado por un grupo de expertos australianos presentó evidencias contundentes de que China ha construido casi 400 campos de internamiento en la región de Xinjiang a través de una red que es mucho más grande de lo que se pensaba. La construcción de varias decenas ha continuado durante los últimos dos años, incluso cuando las autoridades chinas dijeron que su sistema de “reeducación” estaba siendo desmantelado.
El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) dijo que había identificado más de 380 “presuntos centros de detención” en Xinjiang, donde se cree que China tiene más de un millón de la minoría de los uigures y otros residentes de habla turca, en su mayoría musulmanes. La minoría uigur constituye el principal grupo étnico de la región, que tiene fronteras comunes con Afganistán y Pakistán.
La cantidad de instalaciones es alrededor de un 40% mayor que las estimaciones anteriores, según la investigación, y ha estado creciendo a pesar de las afirmaciones de China de que se han liberado muchos uigures.
Utilizando imágenes satelitales, relatos de testigos presenciales, informes de los medios y documentos oficiales de licitación de construcción, el instituto dijo que “al menos 61 sitios de detención han visto obras de nueva construcción y expansión entre julio de 2019 y julio de 2020”.
Catorce instalaciones más estaban en construcción en 2020 y en alrededor de 70 se han retirado vallas o muros perimetrales, lo que indica que su uso ha cambiado o se han cerrado.
“La evidencia en esta base de datos muestra que, a pesar de las afirmaciones de los funcionarios chinos sobre los detenidos que se gradúan de los campos, la inversión significativa en la construcción de nuevos centros de detención ha continuado durante 2019 y 2020”, dijo el investigador de ASPI Nathan Ruser.
ASPI ha dividido los campamentos en cuatro categorías diferentes, lo que refleja diferentes niveles de fortificación y controles de los presos. Aproximadamente la mitad de las 60 instalaciones que se han ampliado recientemente son de máxima seguridad, lo que sugiere un endurecimiento de la campaña del Gobierno central contra las minorías en Xinjiang, dijo el informe.
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