Las estrategias de China para exportar su autoritarismo aprovechando la pandemia y el aumento de la pobreza

China quiere convencer al mundo que su modelo autoritario de gobierno es tanto o más exitoso que el modelo democrático cuando se trata de controlar una pandemia o sacar a la población de la pobreza. Los países occidentales fueron quienes crearon al gigante asiático, especialmente los Estados Unidos, creyendo ingenuamente que China al adoptar el sistema capitalista muy pronto optaría también por volverse democrático y respetuoso de las libertades individuales, pero los cálculos fallaron.

El ascenso económico y militar de China ha profundizado la convicción de Beijing de que el autoritarismo es esencial para la prosperidad económica y la estabilidad cívica. Hoy habiéndose transformado en segunda potencia, China busca reemplazar a Estados Unidos en el liderazgo mundial exportando su sistema autoritario. Los candidatos sin discusión listos para importar este sistema son aquellas naciones en vías de desarrollo, ávidas de dinero y poder, donde reina la corrupción. Impedir que este modelo autocrático de vigilancia orwelliana y opresión se multiplique depende de la acción conjunta y medidas acertadas que tomen Estados Unidos y sus aliados para defender todas aquellas ideas que fundamentaron la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde 1945, las naciones del mundo han consagrado en los principales tratados de la ONU un amplio conjunto de preceptos que ahora sirven como normas globales. Aunque se implementan de manera desigual e imperfecta, la libertad individual, las restricciones al poder del gobierno, la democracia y el estado de derecho son principios ampliamente aceptados que gozan de altos niveles de aprobación popular. Ahora, sin embargo, el propio régimen de derechos globales está en peligro, amenazado por poderes autoritarios en ascenso.

Pero ningún gobierno amenaza el sistema internacional de derechos humanos tanto como el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh). A pesar de haber firmado ciertos acuerdos internacionales, nunca ha estado dispuesto a garantizar los derechos a la libertad de expresión, juicios justos, libertad religiosa o prohibición de tortura y trabajo forzoso. Beijing rechaza el papel de los organismos de control de los derechos humanos, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los periodistas independientes.

Beijing también se ha convertido en el principal proveedor del mundo de sistemas de vigilancia basados en alta tecnología. Empresas chinas han exportado estas herramientas que incluyen el reconocimiento facial, a más de 60 gobiernos extranjeros, subvencionando las compras a los participantes en su iniciativa Belt and Road, un ambicioso esfuerzo de desarrollo de infraestructura global destinado a reforzar los lazos chinos con el mundo. Huawei es una de las empresas que vende un complejo sistema de vigilancia que incluye cámaras de televisión, centros de control, procesamiento de datos y otras elementos como drones . También proporciona cursos de capacitación. En Uganda ya han capacitado a casi 1000 personas en gobernanza electrónica y en cómo administrar tecnologías que promueven el plan “ciudad seguras”. Es así como países con liderazgos autoritarios se hacen de tecnología que les proporciona un nivel de detalle sobre todos con sus ciudadanos. Con quiénes se reúnen, dónde trabajan, su historial de salud, sus hogares, si participan en protestas, qué cosas ven en Internet, por dónde se mueven y qué productos consumen.

Beijing también está ganando apoyo para un esfuerzo por reescribir las reglas de Internet reemplazando un énfasis basado en los derechos en la libertad digital con la idea de la “cibersoberanía”, un principio que proporciona un margen ilimitado para que los gobiernos controlen el ámbito digital como mejor les parezca sin tener en cuenta la libertad de expresión, la privacidad u otros derechos civiles.

A través de estos esfuerzos, China está arraigando su enfoque estatista para socavar la libertad creativa, la libertad académica, la privacidad y otras normas de derechos humanos mucho más allá de sus fronteras.

De los cientos de miles de estudiantes chinos que estudian en el extranjero, muchos tienen vínculos profesionales o familiares con el gobierno chino, lo que hace sospechar de posible casos de espionaje y robo de propiedad intelectual en las ciencias y la tecnología.

China no solo está trabajando para socavar las normas de derechos humanos, sino también para rehacerlas. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Beijing ha bloqueado la protección de civiles en Siria, rohingyas en Myanmar y víctimas de abusos en Venezuela. Durante el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Beijing aprovechó la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para expandir su propia influencia. En el consejo, Beijing ha tratado de inculcar normas que defiendan su propia soberanía a expensas de las normas básicas de derechos humanos. Eslóganes del Partido Comunista Chino (PCCh) como “futuro compartido” y “respeto mutuo”, palabras clave para silenciar las críticas, han logrado introducirse en los textos del consejo. A medida que se expande la red de relaciones bilaterales de China, crece su capacidad para reunir votos detrás de su agenda.

China ahora también es miembro del Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que selecciona candidatos para puestos clave de la ONU; su presencia asegura que estos nombramientos no desafíen a Beijing. Mientras presionan a los países y empresas para que se suscriban a su alternativa autoritaria al sistema internacional de derechos humanos, los enviados chinos están trabajando simultáneamente desde dentro de ese sistema para vaciarlo.

No faltan cuestiones que podrían impulsar tanto a la sociedad civil como a los gobiernos respetuosos de los derechos a reforzar el sistema de derechos humanos frente a un gobierno chino que busca desmantelarlo. Las nuevas normas podrían proteger a los científicos y médicos de la influencia política y las represalias mientras realizan su trabajo, por ejemplo, fomentando la salud pública y promoviendo otros bienes públicos esenciales.

En el ciberespacio, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la libertad de expresión en plataformas como TikTok y WeChat, de origen chino pero utilizadas en el mundo entero, deben abordarse a través de nuevos protocolos globales que protejan la privacidad de sus usuarios . Al abordar cuestiones oportunas que afectan la vida de las personas, los defensores de los derechos humanos deben poner a los diplomáticos chinos a la defensiva, obligándolos a gastar capital político y elegir sus batallas.

El éxito dependerá también de la creación de amplias coaliciones dispuestas a hacer frente a las intrusiones de Beijing. Democracias como Alemania, Canadá y Japón, entre otras, deben formar coaliciones interregionales que otorguen legitimidad a los reclamos contra las violaciones de Beijing a los derechos humanos. Estados Unidos, por su parte, necesitará forjar colaboraciones estrechas entre sus propios expertos, diplomáticos y embajadas regionales para enfrentar a Beijing en sus tácticas y objetivos trazados. Solo un esfuerzo a gran escala puede garantizar que el ascenso de China no traiga consigo un recrudecimiento de la represión mundial poniendo en juego los derechos humanos y el sistema democrático.

Estados Unidos y otras democracias deberán reforzar los controles de exportación de tecnologías que promueven el autoritarismo, sancionar los regímenes que participan en el autoritarismo digital y a las empresas que los suministran como ya lo han hecho con Huawei. A su vez, deben desarrollar un modelo democrático competitivo de gobernanza digital con un código de conducta y aumentar la conciencia pública sobre la manipulación de la información, incluida la financiación de programas educativos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico digital entre los jóvenes.

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