Huawei es el Ejército Chino: mucho más en tiempos de coronavirus

Hace poco más de un año se hacía referencia a una realidad fácil de probar que hoy parece más vigente que nunca: Huawei es el brazo tecnológico que utiliza el régimen chino -y su ejército- para su expansión definitiva. Huawei es China. No su pueblo, sino su estado. Y Beijing parece destinada a proteger y promover los negocios estratégicos de la nación y las redes de su diamante más valioso hasta el final. Incluso, está dispuesta a mezclar armas con smartphones, como podría estar sucediendo en India.

Su vecino, también potencia nuclear, ha colocado en un paréntesis la posibilidad de utilizar la red 5G que la diplomacia china está empujando a fuerza de bullying en todos los continentes. Es muy probable que Nueva Delhi decline de ella por la desconfianza que le genera dejar en manos del Partido Comunista Chino (PCC) su información más sensible. Las dudas entre los asesores de Narendra Modi surgieron mucho antes de que tropas chinas violaran límites fronterizos y mataran a soldados indios, lo que provocó una creciente tensión en los Himalayas.

A partir de ese enfrentamiento trágico, India decidió bloquear decenas de aplicaciones cuyos datos tenían un flujo directo hacia Beijing y se mostró más decidida a frenar el avance del 5G tanto de Huawei como de ZTE, la otra empresa que ofrecen como alternativa las embajadas chinas de todo el mundo.

Pero al acecho militar contra India también se suma la propaganda psicológica. Cada día los órganos informativos del régimen de Xi Jinping dedican líneas para alertar sobre las graves consecuencias que tendría para la economía de Modi decidir por una red europea de 5G. Se refieren a Nokia. Global Times, uno de los periódicos del PCC, señala a diario que no inclinarse por Huawei provocaría daños severos en las finanzas de la nación.

En sus líneas, el diario orgánico pretende estimular fibras sensibles, algo recurrente en la cada vez más extendida “diplomacia del Wolf Warrior” que impone el régimen. En ella se muestra víctima de una creciente tendencia “anti-China”. En su última alusión a Huawei, el medio del PCC juega con ese arma: “Impulsada por una ola de sentimiento anti-China luego del fatal choque entre las tropas fronterizas de los dos países en junio, India ha impuesto una serie de restricciones y prohibiciones absolutas a las empresas e inversiones chinas”, dice el editorial.

El periódico sigue y pone en primer plano las consecuencias generadas por el COVID-19: “Bajo el impacto de la pandemia, la economía de la India se ha enfrentado a grandes dificultades, y el boicot irracional a las aplicaciones e inversiones chinas solo ha empeorado su economía. En la actualidad, reparar las relaciones entre China e India y corregir las desviaciones anteriores es lo que más necesita la India”.

Pero Nueva Delhi no es el único gobierno en Asia que está en vías de bloquear a la compañía paraestatal china para su tendido. El de Japón también lo evalúa: se sumaría así a grandes potencias que no quieren ver comprometidos sus datos -de seguridad nacional y militar, pero también de sus ciudadanos-. Las grandes democracias asiáticas desconfían -con razón- del control que tendrá Beijing sobre esa información si deja sus antenas bajo el poder de Xi y su ejército.

El motivo de tal desconfianza emerge de un simple hecho que no puede ser negado ni por las empresas ni por las autoridades: las leyes chinas obligan a las compañías de capital local a aceptar a un miembro del PCC en su directorio. Este integrante tendrá a su disposición toda la información que pretenda de los clientes de la corporación de la que forma parte. Esto rige tanto para una firma tecnológica como para una que realice dragados de ríos, administre puertos o comercialice granos de soja.

Pero Beijing cuenta con otros métodos para golpear las mesas de negociaciones cuando pretende algo. Luego de la crisis sanitaria y económica desatada como consecuencia de la pandemia por coronavirus, varios países impulsaron campañas para que se realice una investigación independiente de la administración que hizo el régimen del brote en Wuhan.

Australia fue una de ellas: en respuesta, Xi Jinping sacudió el comercio entre ambos países como primera embestida. Scott Morrison, primer ministro australiano, no dio marcha atrás y continúa en su postura. Otro detalle: tampoco aceptará que Huawei haga el tendido que comprometería sus comunicaciones confidenciales con otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

La desconfianza es sobre todo, de seguridad. Desde su génesis, Huawei está signada por su impronta militar. Su fundador, Ren Zhengfei fue miembro del Ejército Popular de Liberación (PLA) durante décadas. En 1978 se unió al Partido Comunista. En la fuerza, trabajó siempre en el área de innovación y ciencia, su gran pasión, donde se destacó hasta que cumplió su ciclo. En 1982 se radicó en la provincia de Shenzhen, cerca del mayor centro financiero de Asia, Hong Kong. Cinco años después concretaría su sueño al fundar la corporación tecnológica más importante del continente.

Su crecimiento estuvo impulsado, de acuerdo a múltiples denuncias, por el robo de información confidencial de compañías que competían en el sector.

Pero el amor de Ren por el ejército no mutó y la colaboración fue permanente entre ambos actores. De acuerdo con una investigación hecha por Bloomberg, el acuerdo involucra investigaciones en las que participan empleados de la corporación y uniformados. “Durante la última década los trabajadores de Huawei han formado equipo con miembros de varios órganos del Ejército Popular de Liberación en al menos diez emprendimientos de investigación que abarcan desde inteligencia artificial hasta comunicaciones por radio", advierte el medio. Ese vínculo continúa imperturbable. Huawei es China. O más preciso: Huawei es el régimen chino y el Ejército chino.

En ese contexto, América Latina no escapa al complejo escenario post-coronavirus. Beijing extendió hasta esta región su “diplomacia de las mascarillas” para lavar la precaria imagen que su gobierno había cosechado por la pobre administración que hizo de la epidemia de COVID-19 cuando el mundo poco sabía sobre síntomas y consecuencias de una cepa mortal similar al SARS que estaba gestándose un año atrás en la importante provincia de Hubei. Xi Jinping prefirió silenciar a quienes advertían sobre el brote e informar tarde a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El resto es historia en desarrollo.

Como respuesta, la maquinaria productiva china se puso en movimiento y su industria de insumos médicos floreció. Ofreció elementos de protección para trabajadores de la salud de todo el mundo, mascarillas de dudosa calidad y todo cuanto pudiera hacerse para provocar una amnesia conveniente en sus detractores. Los gobiernos receptores debían agradecer al gran líder chino por su generosidad. Y pagar en efectivo, desde luego.

Sin embargo, no todo se reduce a cubrebocas N95 o trajes descartables para médicos y enfermeros. El cimbronazo, además de sanitario, fue (es) económico. Esa conmoción en los números se siente muchísimo más en aquellas naciones pobres, con instituciones débiles y gobiernos voraces, con leyes laborales pretéritas y una fuerza trabajadora informal como principal motor económico. Allí Beijing también agudiza su diplomacia.

El régimen de Xi olfatea que entre esos países necesitados de la región está la Argentina. El gobierno kirchnerista está decidido a hacer más fluida esa relación carnal. En tiempos de Tinder, pareciera ser un match perfecto para la Casa Rosada. A la entrega de soberanía en el sur patagónico -donde una base militar china instaló antenas de observación y no permite inspección alguna por parte de funcionarios argentinos-, ahora se está en vías de “yuanizar” la economía local.

Para ese dudoso beneficio -advierten los delegados del régimen- Huawei tendrá que tener un lugar de privilegio en el tendido del 5G: esa es una de las condiciones que China busca imponer en Buenos Aires. El deterioro de las finanzas argentinas es el mejor recurso que tiene Beijing para hacer pie en América Latina. Un pie a medias: en Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil podría tenerlo más difícil.

Twitter: @TotiPI

MÁS SOBRE ESTE TEMA: