El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará un debate especial este viernes para discutir sobre Bielorrusia, donde la reelección para un sexto mandato del presidente del país, Alexander Lukashenko, en las elecciones de agosto ha provocado una ola de protestas multitudinarias que han sido reprimidas con virulencia por las fuerzas de seguridad.
“Desapariciones forzosas, secuestros forzosos, expulsiones y detenciones arbitrarias siguen produciéndose cada día en Bielorrusia”, afirmó el embajador alemán ante el organismo, Michael von Ungern-Sternberg, explicando así este lunes por qué los países de la UE han pedido incluir la antigua república soviética en la agenda.
La decisión de incluir Bielorrusia en el debate fue apoyada por 25 países, en su mayoría occidentales, mientras que el representante de la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de Filipinas se opusieron y otros 20 países en vías de desarrollo y emergentes se abstuvieron, según la agencia de noticias DPA.
Por su parte, el embajador bielorruso, Yuri Ambrazevich, denunció la decisión, que definió como “una forma de intervención directa en los asuntos internos de un Estado soberano” por parte de los países de la UE.
Entretanto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la situación en Bielorrusia en su discurso en el inicio de la cuadragésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Según dijo, su oficina sigue “recibiendo informaciones alarmantes de la continuada represión violenta de manifestaciones pacíficas por parte de cientos de miles de personas”. Dichos informes “siguen indicando un uso innecesario o indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, precisó.
Asimismo, dan cuenta de “miles de arrestos, muchos de ellos aparentemente arbitrarios, y cientos de denuncias de tortura y malos tratos, incluidos contra niños”, e incluso de los casos de “violencia sexual”.
Bachelet también hizo mención a los recientes “secuestros por individuos no identificados de personas vinculadas con la oposición” así como al arresto y acoso del que están siendo víctimas periodistas que informan sobre las protestas, denunciando que “ha habido pruebas limitadas de cualquier paso por parte de las autoridades para abordar” estos casos.
La ex presidenta chilena defendió que para restablecer “la paz social en Bielorrusia hace falta un diálogo de largo alcance, reformas y rendición de cuentas por las graves violaciones de los Derechos Humanos” que se han producido en las últimas semanas.
En este sentido, instó al Consejo a que centre sus acciones en estas tres áreas con el fin de “evitar una mayor escalada de violencia y agravios”. “Dada su escala y número, todas las denuncias de tortura y otras formas de maltrato por parte de las fuerzas de seguridad deberían ser documentadas e investigadas, con vistas a llevar a los autores ante la justicia”, reclamó.
(Con información de Europa Press)
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