El 20 y el 21 de septiembre, Italia celebrará el referéndum constitucional sobre la reducción del número de parlamentarios.
La propuesta que se votará en el referéndum constitucional busca reducir en un tercio los escaños en ambas cámaras, por lo que la Cámara de Diputados pasaría de 630 a 400 escaños y el Senado, de 315 a 200.
Las dos cámaras ya han aprobado la reducción de su tamaño —en la última votación se opuso sólo un partido menor— pero la Constitución obliga a someterlo a referéndum. En un principio, la consulta popular estaba prevista para marzo, pero fue suspendida por la pandemia de coronavirus.
Unos 5 millones de italianos residentes en el exterior están llamados a votar por correo. De estos, la comunidad más numerosa —un millón y medio de personas— vive en América del Sur. En Argentina son 800 mil ciudadanos. El sufragio es de carácter voluntario y es ejercido por medio de un sobre que todos los consulados envían al domicilio del ciudadano, quien tendrá que completar y enviarlo nuevamente a este organismo. El sobre que contiene la boleta debe llegar al consulado estrictamente hasta las 4 pm, hora local, del martes 15 de septiembre de 2020. Toda la información sobre el voto en Argentina puede consultarse en esta página de la Embajada de Italia en Buenos Aires.
Algunos números
Italia es actualmente el país con más representantes electos en números absolutos (945 entre diputados y senadores) de toda Europa Occidental.
La reforma prevé reducir los escaños de la Cámara de 630 a 400 y los del Senado de 315 a 200: una reducción de aproximadamente un tercio. Hoy hay un diputado por cada 96.000 habitantes y un senador por cada 188.000. Con el recorte, habría un diputado por cada 151.000 habitantes y un senador por cada 302.000. Después de la reforma, el número de representantes por habitante disminuiría significativamente, pero Italia aún se mantendría en la media de otros países de Europa occidental.
En caso de prosperar la propuesta, el número de parlamentarios que se eligen fuera del país, que representan a los italianos en el extranjero, pasaría de 18 a 12, de los cuales ocho serían diputados y cuatro, senadores.
También se establecería un límite máximo al número de senadores vitalicios nombrados por los presidentes de la República, que no podrán ser nunca más de 5.
Quienes votan “SÍ” apoyan el recorte, piden que se confirme y entre en vigor la reforma. Quienes votan “NO” en cambio piden que se derogue. En los referéndum constitucionales no se tiene en cuenta el quórum, como en los referéndum abrogativos normales. Independientemente del número de votantes, el resultado siempre se tiene en cuenta.
Los partidos favorables
Este cambio es una iniciativa del oficialista Movimiento 5 Estrellas (M5S), que lo ve como parte de su batalla para acabar con los privilegios de la élite política, a la que achaca una corrupción desmedida. No obstante, casi todos los grandes partidos han mostrado interés o simpatía en recortar el número de parlamentarios (las dos últimas reformas constitucionales propuestas, y rechazadas por los votantes, incluyeron, entre otras cosas, esta reducción).
Ningún partido importante se ha puesto abiertamente del lado del “NO”. El Partido Demócrata (centroizquierda, aliados del M5S) apoya el SÍ siempre y cuando se acompañe con medidas de “reequilibrio” y la aprobación de una ley electoral proporcional; en cualquier caso, dio libertad de elección a su miembros.
En cuanto a los representantes elegidos en el exterior, el partido Unión Sudamericana de Emigrantes Italianos (USEI) llamó a votar NO debido a que consideran que “no es cierto que Italia tenga más parlamentarios que los demás países europeos”.
Ricardo Merlo, fundador y líder del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) y actualmente senador en Italia y vicecanciller, también instó a votar en contra al considerar que la reforma "toca desproporcionadamente a los representantes de los italianos en el exterior”.
Las razones del SÍ y del NO
Los argumentos a favor del SÍ tienen que ver en primer lugar con la reducción de los costos de la política y por tanto con un ahorro económico para el presupuesto estatal que equivaldría a 100 millones de euros al año, es decir 500 millones de euros en los cinco años que dura el mandato legislativo.
Según los partidarios del SÍ, además, el recorte haría el parlamento más eficiente, mejoraría la relación entre ciudadanos e instituciones y eliminaría la fragmentación entre varios grupos parlamentarios.
Según Carlo Fusaro, ex profesor de derecho electoral y parlamentario de la Universidad de Florencia, “es bueno que la clase política parlamentaria esté más contenida”. “Es una reforma modesta, limitada, que se limita a hacer lo que desde hace 40 años han propuesto casi todas las fuerzas políticas”, dijo al sitio Pagella Politica. Según el jurista, "es una experiencia común que las asambleas más pequeñas son potencialmente más eficientes: menos personas hablan, hay menos exhibicionismo y más trabajo concreto. También porque el grueso del procedimiento legislativo se desarrolla en comisiones parlamentarias y una composición de 30 diputados y 15 senadores (por cada comisión), que resultaría del recorte de los funcionarios electos, me parece más que suficiente. Finalmente, hay un modesto ahorro económico y una democracia algo más austera, me parece deseable”.
Otros juristas apoyan el recorte con el argumento de que el número actual de diputados y senadores fue establecido en un momento en que el Parlamento era el único órgano de producción legislativa. En 1963, cuando se fijó el cupo de 945 parlamentarios, aún no existían las Regiones, que hoy eligen cerca de 900 concejales con funciones legislativas crecientes. Además, en los últimos años creció la importancia regulatoria de la Unión Europea.
Según especialistas como Stefano Ceccanti, el recorte es una consecuencia natural que conducirá automáticamente a un sistema más funcional. Por lo tanto, no habría riesgo para la democracia, cuyo principal problema no sería el de una escasa representatividad, sino el de una ineficacia generalizada en cuanto a la gestión. La reducción de los parlamentarios sería entonces solo un punto de partida, no un punto de llegada: sino el primero y más significativo paso para proceder posteriormente con otras reformas necesarias para eliminar el mal funcionamiento de las instituciones.
En cambio, otros expertos y juristas han duramente criticado el recorte. Gianfranco Pasquino, profesor Emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, advirtió en una nota para Infobae que “es legítimo reducir el número para ahorrar dinero, pero menos parlamentarios no equivale ni implica mejoras automáticas en su calidad y eficiencia. Por el contrario, el exceso de trabajo los debilitará frente al gobierno”, ya que en un sistema parlamentario una de las principales funciones del Congreso es controlar la actividad del Ejecutivo.
Pasquino y otros también afirman que el recorte, al no ser acompañado de una reforma más amplia sobre el funcionamiento del parlamento, podría distorsionar la relación entre representantes y representados en beneficio de los territorios más poblados, además de disminuir la representatividad al caer la relación entre parlamentarios y habitantes.
Fiammetta Salmoni, profesora de derecho público de la Universidad Guglielmo Marconi de Roma, y una de las impulsoras de un llamamiento firmado por numerosos constitucionalistas para votar NO, advirtió por su parte que “una reforma hecha sin poner al mismo tiempo una mano en la ley electoral, las partes de la Constitución que rigen las comisiones parlamentarias, los reglamentos parlamentarios, no es una buena reforma".
Además, la especialista afirma que los grupos parlamentarios se volverían más pequeños y fácilmente controlados por líderes y secretarios y “las comisiones parlamentarias corren el riesgo de quedarse atascadas con muy pocos miembros”.
Finalmente, los partidarios del NO también rechazan la idea del ahorro económico. El primer argumento se podría resumir en el eslogan “la democracia no tiene precio”. Además, afirman que el ahorro es menor al publicitado por los partidarios del SÍ. Según el Observatorio de las cuentas públicas italianas, el ahorro no sería de 100, sino de 57 millones al año, equivalente al 0,007 por ciento del gasto público.
Las encuestas
Los últimos sondeos, realizados dos semanas antes de la votación, prevén una abrumadora victoria del SÍ.
Según una encuesta de IPSOS para el Corriere della Sera del 4 de septiembre, el 71% de los electores están a favor del recorte de los parlamentarios. El SÍ prevalece, con distintos porcentajes, entre los electores de todos los partidos.
Otra encuesta, realizada por SWG para el noticiero TG La7, confirma la victoria del SÍ con el 68-72% de los votos. El NO al recorte de parlamentarios en cambio se mantiene en un 28-32%.
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