La trastienda de fuertes tensiones políticas y luchas nacionalistas detrás de la mayor fusión bancaria en España

No hay símbolo más poderoso en España de la recesión económica de 2008 que la caída de Bankia, la antigua caja de ahorros de la capital del país. Tras un millonario rescate por parte del Estado con los impuestos de una población golpeada por el desempleo, el banco se propone ahora fusionarse con CaixaBank, representación del poder financiero de Cataluña. Una privatización que aleja la posibilidad de recuperar el dinero de los contribuyentes pero aspira a sanear la maltrecha situación financiera del país, agravada por la pandemia. No es más que el pistoletazo de salida para una nueva era de concentración bancaria en Europa.

En los próximos días se producirán reuniones importantes para formalizar la fusión y después los entes reguladores deberán dar su aprobación, un proceso que podría demorarse unos pocos meses. El resultado sería el banco más grande del país y uno de los diez más importantes de Europa con 630.000 millones de activos, más de 50.000 empleados y cerca de 7.000 sucursales para unos 21 millones de clientes.

Detrás de la operación bancaria más importante en la historia de España hay una novela de intereses políticos y luchas nacionalistas. Ha desatado las críticas del partido de izquierdas Unidas Podemos, socio de gobierno junto al PSOE, así como del nacionalismo en Cataluña, donde entienden la operación como un intento de “españolizar” el sector financiero.

“Desde el gobierno defenderemos el interés general”, asegura el presidente socialista Pedro Sánchez, favorable a la fusión. Bankia es la pieza más delicada del proceso: el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 hirió de muerte a la que fue la caja de ahorros de la capital del país. El gobierno intervino cuatro años después con un rescate de 22.424 millones de euros y hasta la fecha el banco -del que el Estado aún posee el 62% de las acciones- apenas ha devuelto el 13% de los millones prestados.

Si la fusión con CaixaBank sale adelante, el Estado conservaría un paquete relevante de las acciones del nuevo banco (en torno a un 14%) pero dejaría de ser el socio mayoritario y quedaría en manos privadas. Existe el temor a que olvide su deuda y ese dinero del rescate nunca sea devuelto. Infobae se ha puesto en contacto con la patronal bancaria, que no ha querido hacer comentarios al respecto.

“El Estado debe proteger a los contribuyentes, quienes rescataron con sus impuestos la entidad”, denuncia desde dentro del propio gobierno Nacho Álvarez, secretario de economía de Podemos. “Hay que mantener la participación pública en Bankia para recuperar el dinero del rescate”, insiste el ministro de consumo Alberto Garzón, también del mismo partido como parte de Izquierda Unida.

“Cada político intenta llevarse el debate a su terreno. Podemos critica el oligopolio bancario, los despidos que traerá la fusión (los sindicatos creen que entre 5.000 y 12.000 trabajadores perderán su empleo) y el impago de la deuda con los ciudadanos. El problema es que si cae un banco, es probable que detrás caiga un país. Es la dicotomía de siempre: los bancos están mal vistos, especialmente tras la crisis de 2008, pero ningún gobierno se atreve a enfrentarse con el poder financiero”, explica a Infobae Josué Coello, periodista de economía en La Sexta.

Frente a la crisis, concentración

El ecosistema financiero español cambió drásticamente tras la crisis de 2008. El colapso de una economía basada en la construcción evidenció la debilidad de las cajas de ahorros de las comunidades, ligadas al poder político regional y la apuesta por el ladrillo. En poco más de una década el país pasó de tener más de 60 entidades a apenas una decena, con cinco controlando casi tres cuartos del sector, entre ellas Bankia y CaixaBank, además de Santander, BBVA y Sabadell.

“La concentración bancaria ha sido una tendencia creciente en Europa durante los últimos años y se ha disparado con la pandemia”, explica Josué Coello. El objetivo es lograr un sector pequeño con bancos fuertes. “Esta no va a ser la última gran fusión financiera que veamos en los próximos meses, incluso entre bancos de distintos países europeos”, anuncia el especialista.

A diferencia del Santander y BBVA (con presencia en Brasil, Reino Unido, México, Estados Unidos y Turquía, entre otros países), el peso del nuevo banco estaría concentrado en España, con gran incidencia en regiones como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

“Con esta operación ganan los bancos: podrán aumentar su presencia, su imagen de marca y su músculo financiero mientras ahorran costes. Es un negocio redondo. Pierde el contribuyente español, que difícilmente podrá recuperar ya el dinero prestado para salvar a Bankia”, opina Josué Coello.

“En realidad el problema no es la fusión sino la caída tremenda del valor de los bancos con la crisis que estamos viviendo este año. Si esperamos mucho más sin hacer nada, cada vez valdrán menos”, dice a Infobae Santiago Carbó, catedrático de economía en la Universidad de Granada. Según su perspectiva, este es “el momento ideal” para la fusión: “por un lado hay que superar el daño causado por la pandemia y, por otro, aportará tranquilidad a largo plazo”.

Desde Podemos, sin embargo, lo ven de otra manera. “La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras ‘demasiado grandes para quebrar’ (too big too fail, según la expresión anglosajona) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector”, denuncia el secretario de economía del partido, Nacho Álvarez.

“Ese argumento no sirve ahora mismo, es de hace 10 años: la normativa europea cambió en ese sentido precisamente para impulsar la creación de bancos sólidos y que no hubiera más rescates ante las nuevas crisis”, contesta Santiago Carbó.

El propio Banco de España lleva varios años advirtiendo de que uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía nacional es la “rentabilidad reducida” de las entidades bancarias. Apunta a una única solución: las fusiones. La Bolsa ha respaldado el anuncio, registrando el mismo día subidas del 12,4% en las acciones de CaixaBank y del 32,9% en las de Bankia, cuando este año sólo habían acumulado pérdidas por los efectos de la pandemia en la economía.

“Españolizar” un banco catalán

Desde el nacionalismo catalán entienden la fusión como una forma de “españolizar” el sector financiero, como ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell. “Con esta operación CaixaBank se alejaría aún más de sus raíces y eso nos preocupa”. Tras el referéndum ilegal por la independencia celebrado el 1 de octubre de 2017 el banco mudó sus oficinas a Valencia, fuera de Cataluña, y desde entonces no ha regresado.

No es la única firma privada que salió de la comunidad tras la escalada del conflicto catalán y la frustrada proclamación de independencia: desde 2017 y el primer semestre de 2019 habían traslado su sede social fuera de Cataluña unas 5.500 empresas.

En medio de la crisis secesionista, que quedó congelada por la pandemia pero que está lejos de resolverse (con algunos líderes catalanes en la cárcel, otros fugados del país y unas elecciones en Cataluña a la vista), la noticia de la fusión entre Bankia y CaixaBank (que en su origen era La Caixa, la caja de ahorros de los catalanes) ha sido interpretada desde el independentismo como una pérdida de poder.

“Un banco propio es un símbolo de reconocimiento para una nación. Ese es el problema de Cataluña ahora mismo: están comprobando cómo están perdiendo influencia justo en el momento en el que necesitan vender mejor que nunca su marca si aspiran a salirse de España y ser independientes”, reflexiona el periodista económico Josué Coello.

Los representantes del nacionalismo catalán critican al gobierno español por dejarles “fuera de las negociaciones” en un movimiento estratégico para las finanzas de la región. “Estas operaciones hay que manejarlas con discreción, aquellos que tenían que conocerla lo sabían y nadie más”, ha respondido la ministra de economía española, Nadia Calviño.

La postura del gobierno español es que la fusión será “positiva” para la maltrecha economía del país, con unas previsiones de una caída de al menos el 10% del PIB para este año por los efectos de la pandemia, aunque el presidente Pedro Sánchez reconoce que el Estado está “lejos” de recuperar el dinero que prestó a Bankia hace casi una década.

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