
La Unión Europea (UE) advirtió este jueves al Reino Unido que iniciará acciones legales si no retira la ley que modifica de manera unilateral el acuerdo del Brexit. Londres, sin embargo, aclaró que mantendrá su postura, lo que mantiene elevadas las tensiones entre ambas partes a medida que se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre su futuro comercial tras el divorcio.
Tras una reunión de crisis en Londres, Maros Sefcovic, vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, explicó: “El acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para hacer frente a las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto. La Unión Europea no será tímida en su uso”.
También dejó claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales.
Ante esta situación, la Comisión Europea le dio a Londres plazo hasta fines de septiembre para retirar su proyecto de ley. Además, indicó que la iniciativa “ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino Unido”. Ahora “depende del gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza”, aclaró.
Un documento interno de la Comisión de la UE, al que tuvo acceso el Financial Times, advierte que, incluso con sólo presentar el proyecto de ley, Gran Bretaña estaba “en violación de la obligación de buena fe” consagrada en su tratado del Brexit. Ese texto repasa las alternativas de acción de Bruselas en virtud del tratado: entre ellas está la posibilidad de llevar al país ante el Tribunal de Justicia Europeo o iniciar un proceso de arbitraje. Ambas podrían terminar en la imposición de multas.

El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, advirtió que la negociación comercial con el Reino Unido sigue estancada, pero reafirmó que el bloque está comprometido con alcanzar un acuerdo, pese a la creciente tensión entre ambas partes.
“Nadie debería subestimar las consecuencias prácticas, económicas y sociales de una ruptura sin acuerdo”, remarcó Barnier al término de la octava ronda de negociaciones en Londres, que no lograron ningún resultado.
El Gobierno del Reino Unido, por su parte, afirmó que no retirará el proyecto. El ministro de Gabinete y ‘número dos’ del Gobierno británico, Michael Gove, indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News que el Ejecutivo “no puede aceptar ni aceptará” la petición de Bruselas en torno al Proyecto de Ley sobre Mercado Interno.
“Esta legislación es clave para garantizar que haya un acceso sin restricciones de bienes desde Irlanda del Norte al resto de Reino Unido”, apuntó, antes de recalcar que las autoridades británicas “están comprometidas con la aplicación del Acuerdo de Retirada”.
Las palabras de Gove tuvieron lugar horas después de que la Comisión Europea exigiera al primer ministro británico, Boris Johnson, que enmiende el proyecto. Entre las críticas que ha recibido se encuentra la posibilidad de que socave el protocolo para proteger los Acuerdos de Viernes Santo entre el Reino Unido e Irlanda para poner fin a décadas de violencia en el norte.

El proyecto del gobierno británico modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte previstos por el acuerdo de divorcio con la UE. Este tratado internacional, vigente desde el 31 de enero, prevé un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda.
Su objetivo es no poner en peligro la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas republicanos.
Las autoridades europeas, con Dublín a la cabeza, denuncian los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad. “El Tratado de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea es un texto cuidadosamente negociado que asegura que los logros del Acuerdo del Viernes Santo se protegen”, afirmó el jueves la ex presidenta irlandesa y ex responsable de la ONU para los refugiados Mary Robinson.
“Ningún signatario debe tomar medidas que puedan poner en peligro la paz que tanto ha costado conseguir en la isla de Irlanda”, agregó, recordando que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Johnson asegura sin embargo que su intención es precisamente proteger la paz al defender los intereses de los norirlandeses unionistas. Todos los diputados de Irlanda del Norte, incluidos su exsocios del Partido Unionista Demócrata (DUP), votaron en enero contra el acuerdo, que el primer ministro impuso gracias a su aplastante mayoría parlamentaria.
Bruselas ha remarcado que ninguna de las dos partes puede “cambiar unilateralmente, aclarar, enmendar, interpretar, menospreciar o aplicar de manera arbitraria” el pacto de divorcio, que entró en vigor el pasado 1 de febrero.
Ambos lados esperan alcanzar un acuerdo antes del 15 de octubre para evitar una ruptura abrupta de los lazos a final de año.
Con información Europa Press y AFP
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