Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU han enviado una carta a Beijing, expresando su preocupación por la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong que atenta contra derechos fundamentales de sus ciudadanos. Instaron al gobierno chino a realizar una revisión de la legislación que garantice que la misma cumpla con las obligaciones internacionales referidas a tales temas.
La misiva de 14 páginas, que se hizo pública en el día de hoy, fue enviada al gobierno chino el 1 de septiembre y fue elaborada por seis expertos conjuntamente con el vicepresidente del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. En la misma señalan que la nueva ley de seguridad nacional representa una clara restricción a la libertad de expresión.
El máximo órgano legislativo de China impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong el 30 de junio de este año , con el objetivo de prohibir los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas externas.
Los críticos argumentaron que la amplia legislación asestaría un duro golpe a las libertades civiles de Hong Kong y amenazaría su estatus como centro de actividades financieras internacionales e intercambio académico.
Pero los funcionarios de Beijing y Hong Kong dijeron que la ley era necesaria para que la ciudad restableciera la paz, luego de haber sido sacudida por meses de violentas protestas contra el gobierno, provocadas por un proyecto de ley de extradición que fue finalmente dado de baja en junio del 2019.
Los expertos en derechos humanos comenzaron la carta recordando a Beijing que, en virtud de múltiples documentos internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Hong Kong tiene el deber de garantizar que los derechos de las personas estén protegidos por la ley.
Señalan en la misiva , que el contenido y las medidas adoptadas en la ley de seguridad, representan un grave riesgo para las libertades fundamentales. “Expresamos preocupación por el amplio alcance de los delitos definidos como secesión y subversión; la restricción expresa de las libertades de expresión y la injerencia en la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar su función legítima “.
El grupo de expertos expresó su preocupación por una disposición que permite a Beijing ejercer jurisdicción sobre los casos que involucran circunstancias especiales, así como también , por cómo la ley de seguridad define el terrorismo en algunos casos.
La carta advierte que las actividades terroristas incluidas en el artículo 24 que describen daños a la propiedad física, como el sabotaje de las instalaciones de transporte o los servicios públicos, corren el riesgo de penalizar las conductas que van más allá de la definición de conducta terrorista del Consejo de Seguridad si el daño no se comete con la intención de causar muerte o lesiones corporales graves.
En virtud del artículo 44 de la ley de seguridad nacional, el dirigente de la ciudad puede designar a varios profesionales del derecho como jueces para que se ocupen de casos relacionados con delitos que pongan en peligro la seguridad nacional.
No se puede designar a quienes hayan hecho declaraciones que se considere que ponen en peligro la seguridad nacional, incluidos los jueces en ejercicio. Las personas designadas que luego se descubra que han hecho tales declaraciones deben ser removidas.
Los expertos en derechos humanos de la ONU dijeron que tales disposiciones “son amplias e imprecisas y parecen socavar el derecho a la libertad de expresión que tiene la profesión legal bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre las disposiciones de la ley de seguridad nacional referidas a que la legislación también se aplica a los delitos cometidos por no residentes fuera de Hong Kong, los expertos de la ONU instaron a Beijing a proporcionar información sobre cómo pretende hacer cumplir la jurisdicción extraterritorial.
“Sugerimos el nombramiento de un mediador totalmente independiente de la aplicación, funcionamiento y cumplimiento de la ley con las obligaciones internacionales referidas a los derechos humanos”.
Los expertos en derechos humanos reconocen a Beijing la responsabilidad principal de mantener la seguridad nacional, pero también debe respetar la seguridad personal y reconocer la libertad como un derecho humano fundamental.
Finalmente instaron al gobierno chino a explicar cómo la legislación será compatible con sus obligaciones internacionales y cómo podría subsanar las inconsistencias entre la ley y las normas internacionales de derechos humanos.
Hong Kong fue una vez un bastión de la libertad de expresión. Sirvió como base para los medios de comunicación internacionales y para los grupos de derechos, y como un refugio para los refugiados políticos, incluidos los líderes estudiantiles de las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989 en Beijing. Los libros sobre temas políticos delicados que están prohibidos en China continental encontraron un hogar en las librerías de la ciudad.
Desde que la nueva ley entró en vigencia , la policía ya ha arrestado a más de 20 ciudadanos acusados de delitos políticos punibles hasta con cadena perpetua en casos graves . La ley permite a Beijing intervenir directamente si así lo lo quisiera sin ningún tipo de restricciones.
Como resultado, la ciudad se ha visto obligada a un cambio súbito con el fin de resguardarse de los atropellos de Beijing.
Los artistas, periodistas, activistas, académicos y otros corren el riesgo de infringir la ley por lo que dicen, escriben o tuitean se han acallado.
Los dueños de tiendas que anteriormente habían apoyado públicamente las protestas, eliminaron los carteles prodemocracia que alguna vez decoraba su tienda.
Algunos restaurantes hasta quitaron los carteles en apoyo a las protestas y los reemplazaron por carteles de propaganda de la era de Mao.
Los editores han reescrito apresuradamente secciones de libros de texto utilizados en un curso obligatorio de educación cívica en la escuela secundaria para evitar la apariencia de criticar abiertamente al gobierno. En un libro, un editor eliminó una caricatura que planteaba preguntas sobre cómo se elige al líder de Hong Kong, por un pequeño comité lleno de partidarios de Beijing.
La aplicación de la nueva ley de seguridad está dirigida especialmente a los residentes más jóvenes de la ciudad, que desempeñaron un papel fundamental en los meses de protestas del año pasado. De los 10.000 manifestantes arrestados durante el año pasado , el 40% eran estudiantes siendo uno de cada seis menores de 18 años, según la policía.
Las bibliotecas han retirado libros escritos por activistas por la democracia y los han sometido a revisión. Y los escritores que trabajan en temas delicados han buscado editores en el extranjero.
La ley de seguridad también ha provocado un fuerte impacto en los medios de comunicación que alguna vez fueron libres de Hong Kong.
RTHK, la emisora pública, eliminó un podcast político de su sitio web después de que las autoridades advirtieran que una entrevista con Nathan Law, un activista por la democracia que ahora vive en el extranjero, podría infringir la nueva ley.
En agosto, Jimmy Lai, el editor de Apple Daily, un periódico local, fue arrestado y luego liberado. Otros han buscado formas creativas de eludir la ley. Llevan carteles en blanco o con mensajes codificados. Tocan canciones de protesta pero sin letra.
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