La pandemia agita el debate en el país europeo con más prostitución: prohibirla o reglamentarla

La pandemia ha despertado un debate enquistado en la sociedad española: la prohibición de la prostitución en el país europeo con mayor demanda de sexo a cambio de dinero. El riesgo de contagios ha llevado al cierre de prostíbulos en regiones como Cataluña y Castilla La-Mancha durante los últimos días. Mientras resurge con fuerza el activismo abolicionista distintas ONG advierten del riesgo de dejar sin sustento a más de 60.000 mujeres (la cifra que aportan las asociaciones, a falta de un registro oficial), muchas de ellas migrantes víctimas de redes de trata.

“España es un país donde este problema siempre se ha abordado desde la condescendencia, donde se ha normalizado a los puteros y en las despedidas de solteros y otras fiestas de hombres ha sido normal acudir al sexo de pago, donde una película mainstream como ‘Torrente’ se permite reírse de la prostitución”, dice a Infobae Beatriz Ranea, quien investiga el trasfondo de la altísima demanda de prostitución en el país.

Casi 4 de cada 10 hombres españoles mayores de edad han pagado en alguna ocasión para mantener relaciones sexuales, según datos de Naciones Unidas. Ocupa el primer lugar en Europa y el tercero en el mundo en cuanto a demanda y se ha convertido en un destino turístico para quienes buscan sexo de pago junto a países como Brasil, Indonesia y Tailandia.

Una comisión internacional celebrada en Madrid el año pasado contra la trata de mujeres denunció que España es una de las principales zonas de tránsito para las redes de explotación sexual y que por sus fronteras las mafias introducen ilegalmente mujeres procedentes de África, Europa del Este, América Latina y Asia.

Las historias de las víctimas son desgarradoras. “Una vez adiestradas y cumplida la mayoría de edad éramos vendidas a proxenetas españoles o italianos. Yo fui comprada a principios de 2002 por 300 euros por un proxeneta español”, denuncia la activista Amelia Tiganus, que fue captada siendo menor de edad en su Rumanía natal y hace unos años logró escapar.

La legislación española no prohíbe explícitamente vender sexo, siempre que sea por voluntad y en beneficio propios. Sin embargo, la ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza) persigue “la exhibición obscena” y ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores. También es ilegal el proxenetismo, esto es, lucrarse con el sexo ajeno.

Los prostíbulos no están declarados como tales, en la mayoría de los casos tienen licencia como locales de alterne (el alterne, en la ley española, contempla la labor de acompañar al cliente para que consuma dentro del negocio, pero queda excluido el sexo) y, en la planta de arriba, licencia como hospedaje. Se calcula que en España hay unos 1.500 locales de alterne pero muchos otros prostíbulos quedan enmascarados en el registro como bares o salas de espectáculos.

Este limbo de alegalidad extiende un manto de opacidad sobre las cifras del negocio. Es una incógnita cuánto dinero genera actualmente: según la web especializada en el mercado negro Global Havocscope, en España dejaría unos 22.800 millones de euros anuales. Hace seis años el Instituto Nacional de Estadística estimó que la prostitución generaba un 0,35% del PIB, una cifra mucho menor.

Gran parte de ese dinero va a parar a las mafias y muy poco queda en manos de las propias mujeres. Una parte importante, también, repercute en la riqueza del propio país, de ahí que las feministas hayan aceptado el término de “Estado proxeneta” popularizado por la activista argentina Sonia Sánchez.

Abolicionistas: “los puteros son violadores”

Cuando la Ministra de Igualdad Irene Montero, del partido de izquierdas Unidas Podemos, aconsejó hace unos días para evitar contagios el cierre de estos locales a las comunidades autónomas (quienes tienen las competencias en materia de sanidad), distintas voces de mujeres se conjuraron en su contra, en algunos casos por razones opuestas, evidenciando la división que genera todavía hoy este tema dentro del movimiento feminista.

“Los prostíbulos son centros de esclavitud antes que focos de contagio”, dice Andrea Fernández, diputada del PSOE, el partido socialista que gobierna junto a Podemos.

Desde la facción abolicionista consideran que Irene Montero ha puesto el foco ahora sobre este problema por las razones erróneas. Piensan que estos locales no deben cerrar tan sólo por la emergencia sanitaria sino porque son “cárceles donde se explota sexualmente a las mujeres” y afirman que “los puteros son violadores”.

En la carta que envió la ministra, a la que ha tenido acceso Infobae, habla del riesgo de que “los contagios que puedan producirse en esos locales lleven a un aumento exponencial de positivos de difícil rastreo” y solicita, tras el cierre de los clubes, “alternativas dignas” para estas mujeres.

“Es un problema que se ha ido posponiendo, como si no existiera. Ha tenido que estallar esta crisis socio sanitaria para que las autoridades se den cuenta de que no pueden seguir mirando para otro lado”, dice Beatriz Ranea.

“Desde una perspectiva feminista la prostitución debería ser considerada violencia contra las mujeres. Lo único que diferencia a los puteros de los violadores es el intercambio económico, pero al fin y al cabo, es lo mismo: acceder a cuerpos de mujeres que no les desean”, argumenta esta socióloga.

“El abolicionismo no es sólo prohibir sino garantizar a las mujeres que quieran salir el acceso a una red de apoyo y otras opciones dignas”, dice Beatriz Ranea, quien insiste en que no hay que criminalizar a las mujeres, pues estas son “víctimas de un sistema patriarcal”.

Aspira a implantar en España el modelo que funciona en Suecia desde 1999, donde se persigue al cliente, y que ha sido replicado por la vecina Francia. En Europa otros países mediterráneos como Italia o Portugal conviven con ese limbo alegal de España, mientras Alemania (a la que se conoce como “el burdel de Europa” por su amplia oferta y tarifas reducidas) y Holanda (donde existe un Barrio Rojo orientado a este negocio) hace tiempo que legalizaron la prostitución.

“En España todavía queda aún gran parte del camino por recorrer, en los últimos años hemos avanzado mucho en materia de igualdad pero acabar con la prostitución no se consigue de un día para otro”, admite Beatriz Ranea, para quien la abolición debe ir acompañada de una política pública integral que ofrezca otras alternativas a estas mujeres.

La otra cara: hacia la regulación

Cuando Irene Montero, la responsable de Igualdad en un gobierno que se considera feminista, reconoció en el Congreso que no iba a hacer “promesas que no pueda cumplir” se refería, precisamente, a la abolición de la prostitución en España.

La posición de los distintos partidos políticos es una buena muestra de la controversia que genera este tema en la sociedad española: mientras los socialistas del PSOE se decantan abiertamente por la prohibición, los liberales de Ciudadanos optan por la regulación, el conservador PP evita mojarse aunque se declara en contra de que sea legal y las distintas confluencias progresistas de Unidas Podemos basculan entre un extremo y otro, simbolizando la división dentro del propio movimiento feminista.

“Soy abolicionista pero hay compañeras feministas que no lo son”, admite la ministra de Igualdad. Su recomendación de cerrar por la pandemia los prostíbulos ha levantado ampollas entre las asociaciones que defienden a las trabajadoras sexuales.

“Nos gustaría que la Sta. Ministra estuviera trabajando día y noche para ofrecer solución habitacional real y medios para su sustento mientras sus centros de trabajo están cerrados”, piden desde el sindicato OTRAS, una de las caras más visibles del movimiento a favor de la regulación.

Su posición es que las mujeres son libres para decidir lo que quieran hacer con su cuerpo y que, al victimizarlas, les arrancan su derecho a elegir y valerse por sí mismas. Critican que la pandemia ha extremado la vulnerabilidad y la precariedad en la que se mueven, ocultas bajo una cortina alegal que no las reconoce como trabajadoras.

“La nueva normalidad deja en evidencia la falta de políticas públicas adecuadas a la realidad de las personas que ejercen la prostitución”, advertía en junio la asociación Putas Indignadas.

Hablan de mujeres migrantes que son cabeza de familia con varios hijos pequeños en situación de riesgo sin acceso al sistema de salud y otros derechos básicos, o de transexuales que trabajan en la calle expuestas a agresiones, al estigma y obligadas a la clandestinidad.

Durante la pandemia y especialmente tras el cierre esta última semana de los prostíbulos en Cataluña y Castilla La-Mancha (la comunidad con más locales), algunas asociaciones han denunciado que estas medidas de las autoridades les han dejado en una situación de mayor vulnerabilidad: muchas mujeres no pueden dejar de trabajar porque no tienen otro sustento, y ahora se exponen a más riesgos por tener que salir a la calle y ofrecer sus servicios en la clandestinidad.

Frente al modelo sueco de perseguir al cliente, algo que también las perjudica porque les obliga a buscar sitios apartados donde están más expuestas a las agresiones y no tienen capacidad para negociar las tarifas, defienden la legislación de Nueva Zelanda, donde desde 2003 es legal para cualquier nacional mayor de 18 años vender servicios sexuales, así como el trabajo sexual en la calle y administrar un burdel.

De esta manera, dicen, sus derechos estarían garantizados y ya no tendrían que cargar con el estigma y la necesidad de esconderse. Mientras el debate avanza en la sociedad decenas de miles de mujeres que viven de ello en España esperan una respuesta por parte de unos políticos que ven con preocupación los nuevos brotes del virus de cara al inicio del curso escolar y la vuelta al trabajo en septiembre.

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