El increíble país que encontró cómo crecer en plena pandemia: vende ciudadanías

Con más o menos casos de coronavirus, con tasas de mortalidad altas o bajas, casi todos los países del mundo están sufriendo las devastadoras consecuencias económicas de las medidas tomadas para frenar la propagación del COVID-19. Incluso aquellos que impusieron restricciones leves, ya que el golpe sobre el comercio internacional fue demasiado duro.

Si al impacto de la pandemia se suma el daño causado por un desastre natural, lo único que cabría esperar es el colapso total de la economía. Sin embargo, hay un archipiélago en el Océano Pacífico que, a pesar del coronavirus y de la destrucción que provocó el segundo peor ciclón de su historia, terminó la mitad del año con las cuentas en verde.

Es muy posible que el derrumbe del turismo internacional y el parate económico hagan que Vanuatu finalice 2020 en recesión, pero el Estado está disfrutando de un inesperado superávit fiscal, que en el primer semestre del año fue de 33,3 millones de dólares. Ese dato es aún más difícil de creer que un alza del PIB, porque todos los gobiernos del mundo han sufrido un marcado deterioro de sus finanzas por la combinación de una caída abrupta de la recaudación con la necesidad de aumentar el gasto para compensar los efectos de la pandemia.

¿Cuál es el secreto de Vanuatu? Su controversial programa de venta de ciudadanías, por el que ganó 62 millones de dólares entre enero y junio, 32% más que el año pasado y cerca del 80% de lo que aspiraba a generar en todo 2020. Ronald Warsal, titular de la Comisión de Ciudadanía, le dijo al Vanuatu Daily Post que en agosto habían superado los 84 millones.

Por 130.000 dólares, cualquiera puede obtener la nacionalidad y el pasaporte de Vanuatu sin siquiera haber pisado su territorio. Es una oportunidad para fijar residencia tributaria en un paraíso fiscal, que además permite ingresar a la Unión Europea sin visa.

“La venta de pasaportes o de ciudadanías tiene una larga historia en la región del Pacífico. Muchos estados insulares desarrollaron diferentes planes desde principios de la década de 1980. La motivación principal es generar ingresos para el gobierno, en contextos en los que otras fuentes son limitadas. En Vanuatu, la venta de la ciudadanías representa más del 30% de los ingresos, que han aumentado a medida que la pandemia de COVID-19 ha afectado al turismo y a otras actividades”, explicó Anna Dziedzic, investigadora del Centro de Derecho Comparado y Público de la Universidad de Hong Kong, consultada por Infobae.

Obviamente, es un programa que genera muchas discusiones internas y externas. Hacia adentro, muchas personas ven como una afrenta que sea considerado un ciudadano casi igual alguien que ni sabe dónde queda el país. Otros, alertan que Vanuatu puede terminar convirtiéndose en un refugio de criminales en fuga. Hacia afuera, en Europa se preguntan si no debieran ser más restrictivos con el ingreso de las personas con documentación vanuatuense.

“La ciudadanía es una prerrogativa soberana, y hay muy poco en el derecho internacional que pueda incidir sobre ella, especialmente, en lo que respecta a la política de naturalización. Por lo tanto, técnicamente, los países pueden hacer lo que quieran. Incluso si a la Comisión Europea no le gustan los programas de ciudadanía por inversión de Malta o de Chipre, no puede hacer nada directamente sobre ellos. Sin embargo, la UE podría, por ejemplo, revocar el acceso libre de visado, lo que desalentaría el interés por la ciudadanía de Vanuatu. Tales programas son un riesgo significativo para la reputación de los países”, dijo a Infobae Kristin Surak, profesora de política de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.

La ciudadanía como mercancía

Vanuatu es un archipiélago compuesto por unas 80 islas ubicadas en el Pacífico Sur, a 1.750 kilómetros del extremo nororiental de Australia. Desde hace siglos está habitado por comunidades de origen melanesio que hoy se identifican como Ni-Vanuatu. En el siglo XVII fue colonizado por España, pero a fines del siglo XIX pasó a manos de Francia y del Reino Unido, que lo administraron de manera conjunta hasta su independencia, en 1980.

Actualmente, tiene una población de 292.000 habitantes. Es una república parlamentaria que, si bien se habituó a la inestabilidad política, mantiene cierto orden pacífico y democrático. Como la mayoría de los países insulares de la región, tiene una economía relativamente pobre, con un PIB per cápita de 2.875 dólares y un Índice de Desarrollo Humano de 0,597 sobre 1 (141º sobre 189 países).

La población vivió siempre de una agricultura de subsistencia y, más recientemente, de los ingresos derivados del turismo y de los servicios financieros. La Unión Europea lo incluye en su lista de paraísos fiscales.

Con sus debilidades estructurales, Vanuatu tiene que lidiar con la ferocidad del clima. En abril, mientras el mundo aún trataba de asimilar el alcance global del coronavirus, el ciclón Harold, el primero de categoría 5 en lo que iba del año, arrasó con siete de sus islas. Un tercio de la población se vio afectada por la tormenta, que dejó sin energía a buena parte del país y causó destrozos por 100 millones de dólares.

Cinco años antes, el archipiélago había enfrentado al ciclón Pam, el peor de su historia. Además de la destrucción sin precedentes, mató a al menos 15 personas. La necesidad de aumentar la recaudación para reconstruir las zonas que habían quedado devastadas fue el argumento que utilizó en 2016 el entonces primer ministro Charlot Salwai para poner en marcha el programa de venta de ciudadanías.

“En los últimos 30 años, el Gobierno ha pasado por varias iteraciones de planes de ciudadanía honoraria que otorgan pasaportes, generando fuentes de dinero para los actores involucrados –dijo Surak–. Sin embargo, la historia y la legalidad de estos programas es difícil de rastrear. El plan actual está más formalizado. El Programa de Apoyo al Desarrollo sustituyó al Programa de Rehabilitación Económica, que se instituyó a raíz del ciclón Pam, que diezmó varias islas”.

La idea no era original. La flexibilización de los criterios para decidir quién y bajo qué condiciones recibe la nacionalidad de un país vino de la mano de la globalización. Más de la mitad de los países del mundo, entre ellos potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, tienen planes de naturalización para aquellas personas que están dispuestas a hacer una inversión importante. Pero claro, la mayoría establece requisitos que lo convierten en un proceso largo, en el que el aspirante tiene que invertir mucho tiempo y energía, aparte de dinero.

Entonces, algunos se dieron cuenta de que podían volverse destinos mucho más atractivos facilitando las cosas para los inversores. Pocos llevaron esto tan lejos como Vanuatu. Durante muchos años, el comercio de pasaportes discurrió de manera clandestina, pero con el tiempo se fue formalizando. El primer paso fue reformar la Constitución en 2012, para habilitar la doble nacionalidad, algo que antes no estaba habilitado, lo que obligaba a renunciar a la suya a cualquier extranjero interesado en comprar la vanuatuense.

Pero fue el gobierno de Salwai el que terminó de impulsar el negocio, acortando tiempos, abaratando costos y habilitando a un mayor número de agencias para expedir pasaportes en el exterior. De los 130.000 dólares que paga el solicitante, 80.000 van al Estado y 50.000 para la agencia.

Así, es posible tener el pasaporte en un plazo entre 30 y 60 días, en el cual se supone que la Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu investiga al comprador, para asegurarse de que no sea un criminal. El país vendió 1.800 ciudadanías en 2018, según el Vanuatu Daily Post.

Bob Loughman asumió en abril como primer ministro con la promesa de expandir el programa. En poco tiempo, duplicó el número de agentes autorizados para emitir los pasaportes. Pero ese podría ser apenas el comienzo.

Un negocio controversial

El pasaporte de Vanuatu no está entre los más poderosos del mundo según el Índice de Pasaportes que elabora la firma Arton Capital, pero no está nada mal para ser un país tan chico y de tan pocos recursos. Ocupa el puesto 87 sobre 199, gracias a que habilita el ingreso sin visa a 35 países, a los que se suman otros 29 en los que se concede la visa tras el arribo. Eso incluye a la Unión Europea.

“La principal razón por la que las personas adquieren la ciudadanía de Vanuatu es que les da derecho a entrar sin visado en otros estados –dijo Dziedzic–. Por ejemplo, en la UE, el Reino Unido, Rusia y Hong Kong, un privilegio que no está disponible para muchas otras nacionalidades. A veces, el hecho de tener una ciudadanía extranjera puede dar a una persona ventajas fiscales o de otro tipo en su estado de origen. La mayoría de los pasaportes que se venden en Vanuatu son para personas de China, aunque bajo la legislación china no se puede tener otra nacionalidad”.

Si bien hay individuos interesados en los beneficios impositivos de guardar sus fortunas en el país, el grueso de los compradores son ciudadanos chinos ávidos de entrar a Europa sin visa. Muchos viven en Hong Kong y quieren tener una vía rápida de salida ante el avance de Beijing sobre le región autónoma. Muy pocos de ellos viajan a Vanuatu antes o después de obtener la nacionalidad.

En el apuro por garantizar un rápido acceso a la ciudadanía, y ganarle así la competencia a otros países, a veces fallan los controles sobre los clientes. El año pasado, seis ciudadanos chinos –flamantes vanuatuenses– fueron arrestados en Port Vila, la capital de Vanuatu.

Cuatro de ellos tenían alertas rojas de Interpol por haber formado parte de una organización que realizaba estafas online, pero eso no impidió que les vendieran el pasaporte. Por supuesto, tras la detención se los retiraron, pero muchos se preguntan cuántos casos más habrá que pasan desapercibidos.

“La venta de ciudadanías conlleva riesgos tanto nacionales como internacionales. En el ámbito nacional, se critica que devalúa la ciudadanía de los pueblos Ni-Vanuatu y su conexión única con el país. El plan actual de Vanuatu está muy reglamentado por la legislación, pero en el pasado los acuerdos menos formales en otros estados del Pacífico se han visto empañados por la corrupción y el uso indebido de los cargos públicos para obtener beneficios personales. En el plano internacional, el valor de la ciudadanía de un país depende de cómo lo traten los otros. Si se otorga con demasiada libertad, otros estados podrían eliminar concesiones favorables, como la exención de visado, para todos los ciudadanos del país, o negarse a reconocer los pasaportes en poder de los ciudadanos inversores. Este es un tema de discusión en Vanuatu. También preocupa que, sin una investigación y supervisión adecuadas, las ciudadanías puedan venderse a personas que las utilicen con fines delictivos, proporcionando una identidad falsa para viajar”, sostuvo Dziedzic.

Esa es la principal fuente de cuestionamiento al sistema de venta de ciudadanías. Una cosa es ser un paraíso fiscal para personas que quieren ahorrarse ciertos impuestos o incluso para evasores. Otra cosa es convertirse en una guarida para todo tipo de criminales. No solo una parte importante de la ciudadanía tiene este temor. También hay dirigentes políticos de peso, como Ati George Sokomanu, el primer presidente de Vanuatu (1984 – 1989), que critican abiertamente esta política.

Además, hay una impugnación moral, formulada por el propio Sokomanu. Hasta 1980, a los Ni-Vanuatu, es decir, a la abrumadora mayoría de la población, no se les reconocía la ciudadanía. Solo los colonizadores y sus descendientes accedían a ella. Que cuatro décadas más tarde cualquier persona sin ningún vínculo con el país pueda comprar una debe resultar un poco urticante.

El Gobierno responde –probablemente con razón– que ninguna otra actividad le permitiría al Estado recaudar tanto dinero en tan poco tiempo. Lo que replican muchos vanuatuenses es que ya van cuatro años del programa y no ven que esos recursos se hayan utilizado para mejorar sus condiciones de vida.

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