El artículo comienza señalando al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (CPCX), como uno de los pocos conglomerados orwellianos en el mundo establecido en 1954 al Oeste de China para estimular la afluencia de una mayoría de soldados Han a un área dominada por musulmanes uigures. Reúne 3 millones de negocios con un fuerte sesgo paramilitar. Incluye una milicia de 100.000 hombres encargada de erradicar al extremismo. Los milicianos junto con otros trabajadores de CPCX suministran al mundo una importante cantidad de bienes. Aproximadamente 400.000 agricultores de CPCX cosechan un tercio del algodón de China. Otros son parte del negocio de exportación de tomates de Xinjiang. Desde pijamas hasta passata, una variedad italiana de puré de tomates, los productos CPCX llegan al mundo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, señala la revista inglesa The Economist, acusa al régimen chino de utilizar el trabajo forzado. A finales de julio, el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a CPCX, alegando violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, donde al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías étnicas han estado recluidos en campos de trabajo. El Presidente Donald Trump emitió un memorando donde instaba a las empresas minoristas de moda a cortar sus lazos laborales con el trabajo forzado dentro y fuera de la región autónoma. Algunas de las grandes marcas de la moda dijeron públicamente que cortarían sus negocios con Xinjiang, debido a la preocupación por las anti éticas prácticas laborales. Los auditores de los fabricantes occidentales de productos electrónicos y calzado dicen que hay numerosas “señales de alerta” que indicarían que los uigures pueden haber sido trasladados por la fuerza a fábricas en otras regiones chinas.
Evaluar el trato a los trabajadores no es nada nuevo para las grandes empresas que obtienen materiales de lugares donde reina la pobreza y la represión. Pero en China estos problemas se ven agravados por un gran poder del estado, el tamaño de su economía y las tensiones con Estados Unidos. En un momento en que el covid-19 ha obligado a muchas empresas a considerar la reducción de sus proveedores chinos, las preocupaciones sobre el trabajo forzado uigur han agregado “gasolina al fuego”, dice un ejecutivo.
Por tanto, las empresas occidentales se enfrentan a varios enigmas. ¿Cómo pueden demostrar que sus proveedores están libres de trabajo forzado cuando la auditoría en Xinjiang es un tabú? ¿Cómo responden públicamente a las preocupaciones por los derechos laborales sin enfurecer ni a Beijing ni a Washington? ¿Y cómo se aseguran de que un escrutinio excesivo de sus lugares de trabajo no empeore la vida de los uigures? Se trata de cuestiones morales, políticas y sociales que las empresas consideran que no deberían tener que responder por sí solas.
Xinjiang está en el corazón de la industria algodonera, de hilados y textiles de China, la más grande del mundo. La región suministra el 84% del algodón del país. Su variedad básica extralarga es codiciada; produce telas que son más blancas y menos nudosas que otras clases, lo que las convierte en las favoritas para la confección de camisas de vestir vendidas en todo el mundo. Allí se encuentran factorías de hilados pertenecientes a algunos de los fabricantes de camisas más avanzados de China, que tienen contratos con marcas occidentales.
Hasta hace poco, cuando esas marcas se preocupaban por las condiciones laborales en Xinjiang, enviaban auditores para inspeccionar las fábricas. Eso se detuvo cuando comenzaron a ser monitoreados por las autoridades de Xinjiang, “como si estuvieran haciendo algo malo”. Sin auditorías, Xinjiang se ha convertido en un agujero negro en la cadena de suministro, lo que hace casi imposible que las empresas occidentales tengan proveedores allí. Además, incluso fuera de Xinjiang, su algodón es un ingrediente básico del hilo chino, donde puede mezclarse con otras variedades, incluidas las importadas, y exportarse a todo el mundo. Verificar la procedencia de ese algodón para demostrar que nada es de Xinjiang es “el trabajo más duro que hemos hecho”, lamenta un auditor.
El semanario británico plantea un segundo gran problema que es el geopolítico. Señala que navegar por el enfrentamiento entre China y Estados Unidos se hace cada vez más difícil. Las empresas minoristas de moda internacionales dicen que incluso si reducen su dependencia de las cadenas de suministro dentro de China continental, no tienen ningún deseo de retirarse por completo. Pero mantener las fábricas chinas, aunque sólo sea para abastecer a los consumidores nacionales, corren el riesgo de utilizar materias primas contaminadas por el trabajo esclavo de Xinjiang. Y el régimen chino es tan hostil a cualquier crítica realizada por extranjeros referida a los derechos humanos en Xinjiang, que las empresas occidentales deben recaer en lobistas chinos que los representen y presionen al gobierno en su nombre, tarea muy delicada.
En Estados Unidos, mientras tanto, penalizar la represión de los uigures tiene apoyo bipartidista que es poco probable que disminuya gane quien gane las elecciones de noviembre. Pero las marcas estadounidenses sienten que los políticos las han puesto al frente para salvaguardar los derechos humanos en China, sin el respaldo del Tío Sam. Tienen poco apoyo diplomático cuando negocian con China, y el tribunal de opinión pública de Twitter puede ser muy duro. Como dice un ejecutivo agraviado: “Es como en los viejos tiempos de las brujas. La vara de la culpa es increíblemente baja. La vara de la inocencia es extremadamente alta“. Es fácil señalar con el dedo.
Todo esto deja a las firmas globales sintiéndose extremadamente cautelosas y plantea un dilema final. Para evitar una reacción violenta de los activistas (y, potencialmente, consumidores) es necesario retirar a los empleados uigures de las cadenas de suministro simplemente porque es muy difícil probar si fueron coaccionados o no a trabajar. En última instancia, puede ser necesario romper los vínculos con los proveedores chinos que trabajan con Xinjiang, es decir, la mayoría de ellos, aunque la relación de confianza se remonte a décadas. Eso puede terminar perjudicando a los uigures, a quienes las empresas occidentales con mucho gusto ofrecerían trabajos decentes, directa o indirectamente.
Concluye diciendo que las empresas textiles creen que la tecnología puede proporcionar una respuesta. Que existen programas piloto para probar el ADN y otras cosas para verificar la fuente de algodón en el hilo y la tela. Cita a Patricia Jurewicz, de Responsible Sourcing Network, una ONG, que dice que las marcas de moda están estudiando cómo las empresas tecnológica respondieron a la Ley Dodd Frank de 2010 de Estados Unidos para garantizar que ningún mineral conflictivo de la República Democrática del Congo sea utilizado por sus proveedores.
Por supuesto, una camiseta es más barata que un teléfono inteligente y la trazabilidad cuesta dinero. La solución ideal sería que el gobierno chino dejara de perseguir a su minoría musulmana. Como señala un empresario, la ironía es que cuanto más duras sean sus tácticas en Xinjiang en un intento de preservar la estabilidad, más inestable económicamente corre el riesgo de volverse la región.
La Fundación Thomson Reuters enviara preguntas por correo electrónico a más de 30 minoristas líderes acerca de sus cadenas de suministro en china y los orígenes de algodón que utilizan. Casi todas ellas contestaron que tenían políticas de trabajos forzados y que exigían a sus proveedores que cumplieran con un código de conducta.
Todas las empresas que respondieron dijeron que no se abastecían de fábricas en Xinjiang, pero que la mayoría no podía confirmar que su cadena de suministro no tuviera algodón recogido en la región. Una gran empresa de modas confirmó que cortará lazos con cualquier fábrica que produzca tela o use algodón de Xinjiang en un año. Habrá que ver cuántas más la seguirán.
Por su parte, Better Cotton Initiative (BCI), una organización mundial sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar las condiciones en el sector de la confección, anunció hace algunos meses que dejaba de otorgar licencias al llamado Better Cotton de Xinjiang. Compañías como IKEA y H&M que usan BCI , respaldaron su decisión.
MÁS SOBRE ESTE TEMA: