El gobierno español enfrenta más de 50 denuncias en la Justicia por su gestión de la pandemia

Mientras España avanza en la desescalada, el gobierno enfrenta un nuevo problema: las denuncias que se han ido acumulando en su contra en los tribunales por la gestión de la pandemia. Familiares de víctimas, asociaciones de sanitarios y algunos partidos de la oposición (en especial los ultras de VOX) acusan al gabinete del socialista Pedro Sánchez de homicidio imprudente, entre otros delitos. ¿Son viables estas demandas, y si es así, cuáles podrían ser las repercusiones?

“No les veo viabilidad por los propios principios del proceso legal, según los cuales hay que demostrar unos efectos directos de la acción del Estado para cada caso individual, una exigencia que puede impedir que prospere esa responsabilidad criminal”, contesta a Infobae Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de carácter progresista.

No todos los colectivos de magistrados en España piensan igual. Aunque no se ha manifestado sobre ninguna acusación en particular, la agrupación mayoritaria y de tendencia conservadora, la APM (Asociación Profesional de Magistratura), emitió un comunicado el pasado 29 de mayo donde alerta de que el gobierno del PSOE en coalición con el partido de izquierdas Podemos podría haber incurrido en “una interferencia” en la justicia.

El caso se remonta al 8M, en el contexto de la marcha feminista que reunió a miles de personas en ciudades como Madrid cuando ya se tenía conocimiento del virus. La denuncia de un abogado particular desencadenó un proceso legal que ha desembocado en la filtración de un informe de la Guardia Civil donde se acusa al gobierno de ignorar premeditadamente las supuestas alertas sanitarias que advertían del riesgo de celebrar eventos masivos.

A partir de ahí se ha desatado una tormenta política tras la destitución del jefe de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos. El Ministerio del Interior argumenta el cese por “una pérdida de confianza” y por “no informar de las investigaciones” que estaba llevando a cabo el cuerpo armado.

“El trasfondo es tremendo, no podemos dejar que el ministro del Interior decida qué es lo que puede o no puede investigar la Guardia Civil. En este caso nos estamos jugando algo más que el cargo de Pérez de los Cobos, está en juego la separación de poderes sobre la que se fundamenta nuestro sistema democrático”, dice a Infobae María Jesús del Barco, portavoz de la APM.

Ya antes de celebrarse las marchas feministas del 8 de marzo existía un documento en posesión de las instituciones españolas, realizado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, donde se aconsejaba “la cancelación de las reuniones masivas”.

Sin embargo, cuando se menciona en el informe de la Guardia Civil esa recomendación desatendida por el gobierno español, no se especifica que era sólo para aquellos países de la Unión Europea que estuvieran en los escenarios 3 y 4 de riesgo de contagio. Entonces España registraba 17 muertes por Covid-19 y estaba aún en el escenario 1. Fue a partir del día siguiente cuando las cifras empezaron a multiplicarse.

España no fue el único país donde se celebraron con normalidad las manifestaciones feministas del 8M este año, también reunieron a grandes masas en otras naciones de su entorno como Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania. Sólo fueron prohibidas por las autoridades en Italia, donde ya se había extendido el brote, además de Corea del Sur y Japón.

“La judicialización de la vida política”

Los juzgados españoles acumulan más de 50 denuncias contra las autoridades y su gestión de la pandemia por los supuestos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones, omisión de socorro, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores.

Incluyen ejemplos de todo tipo, más allá de permitir las marchas del 8M: no restringir desde el primer momento los vuelos procedentes de China e Italia, reaccionar tarde a las alertas de la OMS, intentar acaparar competencias con la excusa de la crisis sanitaria, obstruir la justicia y restringir la libertad de los ciudadanos.

Las voces más duras de la oposición piden la dimisión de figuras como el propio presidente, del ministro de Sanidad Salvador Illa, el de Interior Fernando Grande-Marlaska y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

“Hay en España desde hace algunos años una judicialización de la vida política, se está desplazando a los tribunales asuntos que deberían dilucidarse en la sede parlamentaria. Se convierte a los jueces en protagonistas de un enfrentamiento que sólo es político”, dice al respecto el magistrado Ignacio González Vega.

VOX ha seguido la estela de otros partidos españoles como Ciudadanos y, antes que ellos, UPyD, de liderar en los tribunales acusaciones contra el Estado y las autoridades regionales. Así, el partido de extrema derecha se ha personado como acusación particular en el juicio sobre el proceso independentista en Cataluña. El gobierno denuncia que ahora estarían usando la misma táctica para debilitarles por la pandemia.

A ellos se han sumado asociaciones médicas como el Consejo General de Enfermería que acusan al gobierno de atentar contra la seguridad de los trabajadores al no garantizar el equipamiento necesario para protegerse del virus e incluso proporcionarles mascarillas defectuosas.

España, donde han muerto más de 60 profesionales y se han contagiado cerca de 50.000, registra una de las tasas de sanitarios afectados más altas del mundo: uno de cada cinco infectados en el país es parte del personal sanitario.

Además una fundación al cargo de la abogada Emilia Zaballos está reuniendo a los familiares de los fallecidos por coronavirus para presentar una querella por homicidio imprudente contra el presidente y sus 22 ministros.

A todas estas demandas se suman las de asociaciones de policías (denuncian que el gobierno les puso en riesgo al permitir la manifestación del 8M) y otras por las compras de materiales sanitarios a China a precios por encima del mercado y que resultaron inservibles.

Desde la asociación Jueces para la Democracia creen que las demandas por la vía penal (las que implican un delito) no podrán prosperar, al menos en los casos de una negligencia médica, un homicidio o lesiones. Hacen referencia a una tribuna publicada por el magistrado y abogado José Antonio Choclán en el diario ‘El Español’, donde explica que España carece de antecedentes similares y, por lo tanto, la legislación no está preparada para perseguir estos casos.

La clave está, más allá de la interpretación de los magistrados, en si se puede demostrar que hubo acción u omisión consciente o imprudente de las autoridades, lo cual estaría castigado por el Código Penal. Para ello, sin embargo, habría que demostrar con 100% de certeza que cada una de las muertes o lesiones habrían sido causadas únicamente por las acciones del gobierno.

“¿Se puede probar que una persona se contagió por haber participado en la manifestación del 8-M, no evitada por las autoridades, con exclusión de otra causa distinta? Y, en un juicio de causalidad hipotética, la adopción por las autoridades sanitarias de las debidas medidas de control, prohibiendo, por ejemplo, la concurrencia en manifestaciones y eventos, ¿habría evitado realmente el contagio de esa concreta persona, o pudo contagiarse por otra causa de las múltiples posibles?”, se pregunta Choclán.

Su respuesta a sus propias preguntas es contundente: “Estas reflexiones ponen de manifiesto la escasa cobertura que ofrece la ley penal vigente”. Señala las diferencias con Francia, donde según el Código Penal podrían conseguirse indemnizaciones y hasta la inhabilitación de algunos políticos (las penas de cárcel serían más complicadas) o de Italia, cuya Constitución incluye un artículo concreto sobre las muertes por pandemias.

Los expertos jurídicos consultados creen que por la vía penal es difícil que puedan prosperar en este caso, pero sí cabría alguna posibilidad en las reclamaciones particulares por la vía contencioso-administrativa, en especial entre las víctimas de las residencias de ancianos (VOX habló de un “geriatricidio” por parte del gobierno) y entre los profesionales sanitarios, dos núcleos de contagio del virus.

Será el Tribunal Supremo el que irá trasladando a la Fiscalía a partir de los próximos días las denuncias que admita a trámite, siempre que existan indicios de delito. Mientras tanto el gobierno socialista cierra filas en torno a su gabinete de Sanidad y de Interior, los más criticados desde que estalló la pandemia. Enfrente tienen ya no sólo a la oposición, con VOX a la cabeza (junto a los conservadores del PP alineados contra el presidente), sino a una amplia gama de asociaciones de ciudadanos y profesionales.

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