La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó el viernes estar dispuesta a “cooperar plenamente” con Beijing para aplicar la ley de seguridad nacional que el régimen chino quiere imponer en el territorio semiautónomo.
El régimen comunista presentó el viernes en el Parlamento chino un proyecto de ley cuyo objetivo es prohibir “la traición, la secesión, la sedición (y) la subversión” en Hong Kong, una iniciativa contra las manifestaciones masivas de la oposición democrática del año pasado.
El Parlamento chino, que mañana arranca su sesión anual, estudiará la ley a nivel estatal para “salvaguardar la seguridad nacional” en Hong Kong, confirmó este viernes el portavoz de ese órgano, Zhang Yesui.
En la conferencia de prensa previa a la ANP, Zhang indicó que la Asamblea, como “supremo órgano de poder estatal”, debatirá la ley propuesta por su Comité Permanente que “claramente requirió establecer y mejorar el marco legal y el mecanismo para reforzar la seguridad nacional” en la excolonia británica.
Zhang recalcó que “en vista de las nuevas circunstancias y necesidades, el Parlamento está ejerciendo su poder proporcionado por la constitución” para “salvaguardar la seguridad” y defender el principio de “un país, dos sistemas” por el que China concede un supuesto alto grado de autonomía a Hong Kong.
“La seguridad nacional es la base que apuntala la estabilidad del país. Salvaguardarla sirve al interés fundamental de todos los chinos, incluidos nuestros compatriotas de Hong Kong”, afirmó.
El diario hongkonés South China Morning Post señala que Beijing ha perdido la paciencia con la capacidad de las instituciones hongkonesas -en concreto, del Consejo Legislativo, el Parlamento local- de aprobar una ley de seguridad nacional en base a lo permitido por la Ley Básica, la carta magna de la región semiautónoma.
El artículo 23 de ese texto estipula que son las autoridades hongkonesas quienes promulgarán sus propias leyes para “prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Beijing)”.
Esas reglas también servirían para “prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros lleven a cabo actividades políticas” en Hong Kong o que establezcan lazos con las organizaciones locales.
Este proyecto suscitó la indignación en la ex colonia británica, donde se multiplicaban los llamados a manifestarse, pese a la prohibición de reuniones como medida contra la pandemia.
Los opositores ven en el proyecto el ataque más grave contra las libertades de Hong Kong desde que el enclave fue devuelto a China en 1997.
En un comunicado, la jefa del ejecutivo pro-Beijing aseguró sin embargo que el proyecto de ley “no afectaría los derechos y libertades legítimas de los habitantes de Hong Kong”.
La responsable justificó la intervención del Parlamento chino en los asuntos constitucionales de Hong Kong por los violentos incidentes que se produjeron el año pasado durante las protestas.
Con información de EFE y AFP
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