El Congreso español autorizó este miércoles otra prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, que consiguió a última hora un acuerdo con los partidos minoritarios PNV (nacionalistas vascos) y Ciudadanos (liberales) para que voten a favor y evitar así una derrota parlamentaria.
El estado de alarma para contener la epidemia de COVID-19 fue declarado el 14 de marzo y estará vigente así al menos hasta el 24 de mayo. Esta nueva prórroga es “imprescindible” para asegurar las medidas sanitarias excepcionales y las de carácter laboral y social aprobadas para enfrentar la grave crisis económica generada, argumentó el Ejecutivo.
La prórroga fue aprobada con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. PSOE y Unidas Podemos contaron con el apoyo de Ciudadanos y PNV. Los independentistas catalanes de Ezquerra Republicana y el Partido Popular votaron en contra junto a Vox, Junts per Catalunya y la CUP.
Hasta ahora, el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, había apoyado con críticas las sucesivas ampliaciones del estado de alarma pedidas por el gobernante español, que dirige el socialista Pedro Sánchez.
“Ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma de manera precipitada sería un error absoluto, total e imperdonable”, aseguró Sánchez en el Congreso.
“Limitamos la libertad de movimiento, la libertad de reunión, es cierto. Pero lo hacemos para salvar vidas”, argumentó.
“Las restricciones irán siendo menos severas, pero seguirá habiendo restricciones y esas restricciones necesitan del estado de alarma”, dijo Sánchez.
Su gestión, sin embargo, fue duramente criticada por los conservadores, la extrema derecha y los independentistas catalanes, que entienden que el gobierno está haciendo un uso abusivo de esta medida excepcional.
“Este estado de alarma tenía sentido al comienzo de la pandemia (...), pero no se puede alargar indefinidamente”, aseveró Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular, que lo acusó de un “estrepitoso fracaso de gestión” con “chapuzas, improvisaciones y bandazos”.
En su intervención, el dirigente socialista también anunció el decreto de un luto nacional cuando el conjunto del país inicie la desescalada, previsiblemente el lunes, y la celebración de un homenaje a las víctimas cuando este proceso haya culminado.
Sánchez gobierna en minoría parlamentaria (en coalición con los izquierdistas de Unidas Podemos), y el estado de alarma le otorga el mando único político para contener la epidemia, pero también lo aprovecha para decisiones no relacionadas con este asunto, según señalan los conservadores.
También las autoridades de las regiones del País Vasco y Cataluña se muestran recelosas del estado de alarma, ya que piensan que se utiliza para restringir arbitrariamente sus amplias competencias de gestión, como las sanitarias.
Con algún ligero altibajo, España mantiene la estabilidad en el número de muertes diarias causadas por COVID-19, inferior a 200 en los últimos días, y el de casos de nuevos infectados, por debajo de mil, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
El total de defunciones se sitúa en los 25.857 y el número de casos diagnosticados supera los 220.000, cifras que convierten a España en uno de los países más castigados por la pandemia.
Casi dos meses de confinamiento consiguieron frenar considerablemente la propagación de la enfermedad, que llegó a causar 950 muertes en un día a comienzos de abril.
El director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, destacó que excepto las dos regiones más afectadas, Madrid y Cataluña, el resto registró entre 0 y 3 ingresos en cuidados intensivos en el último parte.
Sin embargo, las fuertes restricciones de movimientos de la población y la prohibición total o parcial de la actividad económica impuesta por el Gobierno han disparado el desempleo.
España perdió casi un millón de puestos de trabajo entre marzo y abril pasados, la mayoría eventuales, en tanto que 3,38 millones de personas están afectadas total o parcialmente por expedientes de regulación temporal de empleo.
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