La tentación autoritaria de combatir el virus a palazos

El Covid-19 atacó a la democracia en Occidente, por primera vez desde que se desató la pandemia, el 30 de marzo en Budapest. Fue cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orban, obtuvo la aprobación del parlamento para gobernar Hungría indefinidamente por decreto. Y continuó infectando por el mundo, particularmente a las autocracias. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, aprovechó para desplegar en las calles al ejército y evitar cualquier movimiento de la oposición. Vladimir Putin, como siempre, se mostró con traje protector, al comando de la situación y envió a Italia 15 aviones militares con asistencia sanitaria y un gran cartel con slogan jamesboniano: “De Rusia con amor”. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan de Turquía, envió a la cárcel a algunos reporteros que criticaron sus primeros esfuerzos para contrarrestar el virus, luego demostró el poder que tiene sobre la población mandando un mensaje de voz al teléfono de cada ciudadano mayor de 50 años, enfatizando que tenía todo bajo control. En Turkmenistán, uno de los países más represivos del mundo, donde está prohibido publicar información sobre el brote en ese país, el presidente vitalicio, Gurbanguly Berdymukhamedov, aprovechó la situación para recomendar su libro sobre plantas medicinales para encontrar una solución a la pandemia. En Gran Bretaña, más allá de estar afectado por el coronavirus, el premier Boris Johnson obtuvo poderes especiales para detener ciudadanos y cerrar fronteras. Benjamin Netanyahu clausuró los tribunales y puso en práctica nuevos métodos de vigilancia masiva. En Chile, los militares volvieron a tomar el control total de las calles que hasta hace poco estaban atestadas de manifestantes. Y en Bolivia, se pospusieron las elecciones. Todo, en el nombre del combate al Covid19.

“El coronavirus es el nuevo terrorismo, es la excusa para los regímenes no democráticos o poco democráticos”, escribió Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, quien teme que una expansión de los poderes draconianos que comienzan a tener algunos líderes pueda convertirse en el legado perdurable del virus. “Es el último pretexto para violaciones de derechos que me temo que persistirá mucho tiempo después de que termine la crisis”.

Los nuevos poderes de Orban le otorgan autoridad ilimitada para combatir el coronavirus, pero al mismo tiempo puede suspender el parlamento y todas las elecciones futuras, anular la constitución húngara y encarcelar a las personas por los nuevos delitos de “violar una cuarentena” o “difundir información falsa”. “Lo de Orban no es inédito. Viene proclamando el autoritarismo desde hace una década. Poco después de llegar al poder en 2010, anunció que Hungría se convertiría en algo inaudito: una “democracia iliberal”. Desde entonces, ha utilizado su liderazgo para socavar las instituciones democráticas, incluidos los medios de comunicación, el poder judicial y la sociedad civil”, explica John Shattuck, profesor de Tufts University. “Orban se presenta hábilmente como el protector de los húngaros de amenazas externas, tanto reales como exageradas. La crisis de salud pública de hoy es muy real, pero Orban está usando el coronavirus para suspender la democracia en Hungría de una manera que durará más que la emergencia actual”, agrega Shattuck.

En un discurso, la semana pasada, el general egipcio Al-Sisi denunció a los críticos de sus esfuerzos para combatir la pandemia como “lacayos” de la ilegal Hermandad Musulmana, el partido derrocado por un golpe militar en julio de 2013. Sus servicios de seguridad expulsaron de Egipto a un periodista de The Guardian por un artículo que cuestionaba la efectividad de las medidas impulsadas por el gobierno y revelaba que el virus había matado a dos de los generales más importantes del ejército egipcio. Esto, aumentó los rumores de que la enfermedad se había extendido ampliamente en el alto mando militar. Otros, creen que se utilizó la excusa de la pandemia para deshacerse de militares disidentes. También se registraron centenares de miles de mensajes en las redes sociales para que Al-Sisi convirtiera sus lujosos palacios en centros de cuarentena. Sucedió después de que el gobierno obligara a miles de ciudadanos repatriados a que paguen gruesas cuentas de hoteles de lujo donde fueron alojados compulsivamente para permanecer en observación durante dos semanas. Ante el escándalo, Al-Sisi dijo que los palacios eran necesarios para el funcionamiento del gobierno pero prometió que el Estado se encargaría de las cuentas de las habitaciones de los hoteles.

En Rusia, los funcionarios del gobierno de Putin intentaron inicialmente culpar de la crisis a los “jet-setters rusos”, los hijos de los oligarcas que se quedaron con buena parte del aparato productivo de la ex Unión Soviética. Los acusaron de “beber vino, alejados de la tradición de los rusos comunes que beben vodka”. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin aseguró que “el virus entró a nuestro país en una maleta traída de Courchevel”, en referencia a la estación de esquí francesa donde van todos los años los multimillonarios rusos. El periodista y principal propagandista del Kremlin, Dmitri Kiselyov, aprovechó la crisis del coronavirus para publicar artículos y comentar en televisión que “el hecho de que Rusia tenga que enviar ayuda humanitaria a Italia es un signo claro de que la Unión Europea está muerta”. Esa es una consigna que viene siendo agitada desde hace años por el Kremlin. Aunque la pandemia también dio un duro golpe a las aspiraciones de Vladimir Putin de quedarse en el poder hasta 2036. Tuvo que suspender el referéndum en el que seguramente conseguiría los votos para la reforma constitucional.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizó a la agencia de seguridad interna de su país a rastrear a los ciudadanos utilizando un banco de datos secreto de teléfonos celulares desarrollado para combatir el terrorismo. Al monitorear los movimientos de las personas, el gobierno puede castigar a quienes desafían las órdenes de aislamiento con hasta seis meses de prisión. En el medio, Netanyahu aprovechó para cerrar todos los tribunales de justicia del país. De esa manera se aseguró un retraso de al menos seis meses en su comparecencia programada para responder a graves cargos de corrupción.

El filipino Rodrigo Duterte logró poderes absolutos de emergencia para enfrentar la pandemia y 5.400 millones de dólares que podrá usar discrecionalmente sin dar cuenta a nadie. Los legisladores de la oposición lograron eliminar de la ley de emergencia un inciso que habría permitido al presidente hacerse cargo de todas las empresas privadas del país. “Esta concesión ilimitada de poderes equivale a una dictadura”, dijo en un comunicado el equipo de Abogados por las Libertades Civiles. Los abogados recordaron que Duterte ya había comparado la Constitución nacional con “un pedazo de papel higiénico” y que hizo una campaña contra el narcotráfico con violaciones graves de los derechos humanos.

En Jordania, ya hay denuncias de que se está utilizando la “ley de defensa” aprobada para enfrentar la crisis como un arma muy efectiva de encarcelar a disidentes. El primer ministro Omar Razzaz, que ahora gobierna con amplísimos poderes, dijo que su gobierno “tratará con mano muy firme a cualquiera que difunda rumores”. La oposición jordana informó que se estaba utilizando la palabra “rumores” para prohibir cualquier publicación disidente. Y Prayuth Chan-ocha, el premier de Tailandia, usó los poderes especiales que recibió para combatir al virus para imponer el toque de queda y censurar a los medios de comunicación. Varios periodistas ya fueron acusados ante la justicia tailandesa por criticar la respuesta del gobierno al brote.

Si bien el virus en sí puede haber enfriado la revuelta en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera, las autoridades aprovecharon el “estado de catástrofe” y desplegaron una enorme fuerza militar en las calles de las principales ciudades, lo que de hecho evita cualquier tipo de protesta. También fue pospuesto hasta el 25 de octubre el plebiscito para aprobar una asamblea que modifique la Constitución heredada de la dictadura militar. Esa fue la principal reivindicación de las manifestaciones que sacudieron a Chile desde octubre del año pasado. Para colmo, el presidente Piñera no tuvo mejor idea que sacarse una foto en el epicentro de la protesta en Santiago, algo que fue interpretado por la oposición como una provocación. El senador y ex candidato presidencial de centro, Alejandro Guillier le envió un mensaje al presidente por las redes sociales. “Usted que en estos momentos difíciles pide unidad, se dedica a provocar a la gran mayoría de los chilenos que quieren un país más justo al aparecer en la Plaza de la Dignidad”, escribió, utilizando el nombre que los manifestantes le dieron a la plaza Baquedano, que también es conocida como plaza Italia.

La pandemia también interrumpió las elecciones presidenciales planificadas para mayo en Bolivia. La presidente interina, Jeanine Áñez, que había prometido servir solo como “protectora” de la democracia hasta que sea elegido un nuevo gobierno, se consolida en el poder y lo utiliza para postularse como candidata. El tribunal electoral anunció que las elecciones se celebrarían “en algún momento entre junio y septiembre”. Al mismo tiempo, Áñez aprobó un decreto por el que se castiga hasta con diez años de cárcel a “cualquier periodista que propague noticias falsas sobre la pandemia”. Rafael Loayza, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Bolivia, le dijo al Comité para la Protección de los Periodistas que “el artículo redactado vagamente podría ser utilizado contra reporteros" por un gobierno que describió como "extremadamente sensible a las críticas”.

“Si no estamos muy atentos, podríamos tener una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas”, dijo al New York Times Fionnuala Ni Aolain, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el terrorismo y los derechos humanos. Iniciativas extraordinarias en momentos de crisis extrema. El detalle es que algunos líderes creen que la única manera de combatir el virus es con más autoritarismo. Y eso, con el tiempo, puede provocar tanto sufrimiento como la pandemia.