El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzó a investigar si se cometió algún delito en el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así, entre las primeras diligencias, solicitó al Ministerio del Interior que remita el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez instructor realizó esta solicitud al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras asumir definitivamente la competencia para abrir causa e investigar los hechos denunciados por el Partido Popular (PP), Vox y Laócratas dentro del caso conocido como ‘Delcygate’, el desplazamiento a Madrid en un avión privado de la número dos de Nicolás Maduro, pese a las sanciones europeas que pesan sobre ella que le impiden ingresar a suelo Schengen.
El magistrado Serrano-Arnal aceptó este mismo miércoles la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia de los ‘populares’, explicaron las fuentes consultadas.
De este modo, el titular del Juzgado número 31, que ya tenía en su poder las querellas de Vox y Laócratas, acordó agrupar todas en una y comenzó ya a estudiar si el encuentro que tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero es constitutivo de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
Entre las primeras diligencias acordadas, el juez Serrano-Arnal pidió al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios. Barajas cuenta con una comisaría propia y en las instalaciones trabajan agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de seguridad privada.
El magistrado recibió también la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez “pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España”, ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox.
Un portavoz de la empresa de seguridad Ilunion confirmó a Europa Press que este trabajador ha sido suspendido de empleo y sueldo durante dos meses por facilitar que se grabara la sala de la terminal ejecutiva que usó Delcy Rodríguez en su escala en Madrid. En esta sala VIP fue donde se vio con Ábalos tras un primer encuentro dentro del avión.
El juez también tiene pendiente observar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto, entre ellas la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid -en funciones de guardia- fue el primero en requerir a Aena para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días. Fuentes de Aena confirmaron a Europa Press que las imágenes de las cámaras de seguridad seguían este jueves bajo custodia de la empresa pública porque aún no tenían ninguna solicitud para enviarlas al juez.
El juez Serrano-Arnal también citó este jueves al partido Laócratas para que ponga en conocimiento del instructor el estado de sus cuentas y, de esta forma, poder fijar una fianza proporcional a ellas en el Juzgado de Plaza de Castilla. Sin embargo, la comparecencia se aplazó hasta la semana que viene, indicaron fuentes jurídicas.
El caso también podrá ser estudiado en el Tribunal Supremo, pues tanto Laócratas -a quien desde este órgano se ha impuesto una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular- como Vox han presentado sendas querellas contra Ábalos dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno. No obstante, en el alto tribunal aún no se ha abierto ninguna investigación formal, pues los magistrados ni siquiera solicitaron que la Fiscalía informe si considera pertinente abrir causa o no.
La investigación judicial gira en torno a la prohibición de Delcy Rodríguez para entrar y hacer tránsito en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela. Esto implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.
La número dos de Maduro viajó a España en el mismo avión que el ministro de Turismo, Félix Plasencia, quien esos días visitó la Feria FITUR sin problemas al no figurar entre los sancionados por la Unión Europea.
Con información de Europa Press
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