Un nuevo documento secreto del gobierno chino, que incluye una lista de personas detenidas, confirmó las denuncias de los Cables de China, que en noviembre realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre los campos concentración para “reeducar” a los musulmanes en la región de Sinkiang, donde se encierra a miles de uigures. Se trata de un pueblo culturalmente más cerca de los asiáticos centrales (hablan turco y pertenecen al islam sunita, por ejemplo), en el cual hay grupos separatistas. Contra ellos se están realizando las detenciones masivas más arrolladora desde los tiempos de Mao Tsé Tung.
Según las 137 páginas filtradas, las detenciones en los llamados "centros de formación profesional”, no se justifican por la comisión de un delito y ni siquiera —como había argumentado el gobierno— para enseñar chino y brindar capacitación laboral a los que denomina oficialmente “estudiantes”, sino porque las personas representan “una infección religiosa menor”, porque “molestan a otras personas al visitarlas sin motivo”, porque “tienen familiares en el extranjero” o porque son “poco fiables y nacidas en una determinada década”, lo cual alude a los varones jóvenes nacidos desde 1980.
Otros factores de peso para decidir la detención de alguien son “viajes al extranjero” (algunos de los detenidos habían participado de peregrinaciones a La Meca), “obtención de un pasaporte”, “instalación de software extranjero”, “visitas a determinados sitios online extranjeros”. Entre las actividades que se vigilaron se cuentan “rezar”, “asistir a una mezquita”, “llevar barba”, “usar velo”, “tener más hijos que los permitidos”. Los familiares de personas detenidas tienden a ser más vigilados y a su vez detenidos en mayor proporción. Según el documento, las autoridades evalúan si las familias tienen “atmósferas religiosas densas” o no y registran cuántos parientes tiene cada detenido en un centro.
“La Lista de Karakax, llamada así por el condado de Karakax (o Qaraqash) en la prefectura de Hotan, representa el documento gubernamental más reciente que se ha filtrado de Sinkiang”, analizó Adrian Zenz en Journal of Political Risk (JPR). Para verificarla, el especialista en minorías étnicas chinas cotejó las identidades de 337 detenidos, familiares y vecinos con otros documentos oficiales y una base de datos filtrada de SenseNets, una empresa de vigilancia china.
“En 137 páginas, 667 filas de datos y los datos personales de casi de 3.000 uigures, este notable documento presenta las pruebas más contundentes hasta la fecha de que Beijing está persiguiendo y castigando activamente las prácticas normales de las creencias religiosas tradicionales, en violación directa de su propia constitución”, agregó el investigador de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, de Washington DC, y profesor de la Escuela Europea de Cultura y Teología de Korntal, Alemania.
El documento también permite inferir las fuentes del estado chino: desde aplicaciones de vigilancia a visitas domiciliarias, desde cámaras de seguridad con reconocimiento facial hasta una red de espías, desde interrogatorios a familias enteras (incluidos menores de 16 años) hasta trámites obligatorios ante las autoridades policiales. Según la información oficial, en Karakax hay cinco “centros de formación profesional” para una población total de 650.000 personas.
Rozinisa Memettohti, una uigur emigrada a Turquía en 2003, conoció por este documento que dos de sus hermanas habían sido enviadas a campos de adoctrinamiento “por tener más hijos que los permitidos en la región” y por “participar en ceremonias religiosas"; a una de ellas, además, se le imputó haber tramitado su pasaporte. “La realidad supera ampliamente mis temores”, dijo Memettohti a The New York Times. Hacía tres años que no se podía comunicar con su familia. “Mi padre, mis hermanos y mis hermanas están en peligro”, consideró.
Un informe confidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, fechado el 22 de diciembre de 2019, estimó que al menos un millón de un total de 10 millones de uigures fueron detenidos en Sinkiang en “campos de reeducación de facto” con “cursos draconianos de formación ideológica”, según citó Deutsche Welle (DW).
Además de los más de 300 prisioneros que se listan, el documento menciona a otras 1.800 personas con nombre, apellido, número de documentos y comentarios sobre sus comportamientos: los familiares, los amigos y los vecinos de los “estudiantes”. El resto de los nombres hasta el total de 3.000 no brinda la totalidad de esos detalles, pero cita identificaciones parciales.
“Más que cualquier otro documento gubernamental sobre la campaña ilegal de detenciones masivas de Beijing, la Lista de Karakax pone al descubierto la micromecánica ideológica y administrativa de un sistema de genocidio cultural selectivo que podría rivalizar con cualquier otro intento por el estilo en la historia de la humanidad”, evaluó Zenz, quien presentó el documento con el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP). “A partir de una visión del mundo profundamente anti religiosa, Beijing se ha embarcado en un proyecto que, ideológicamente, no es muy distinto de la caza de brujas medieval, pero que se ejecuta con perfección administrativa y disciplina de hierro”.
El experto subrayó el papel de Chen Quanguo, el secretario general del Partido Comunista Chino en Sinkiang desde 2016. Las políticas que él ha implementado “permitieron que el estado empiece a controlar aquellas áreas con las que Beijing ha tenido dificultades, precisamente: control de la práctica religiosa; control sobre los indicadores de diferencias étnicas como el lenguaje, las tradiciones y el vestir; control sobre los movimientos y control sobre la transmisión intergeneracional”.
El documento reveló que también se realiza un seguimiento de los detenidos incluso una vez que han sido liberados, caso de casi las dos terceras partes del listado: por ejemplo, un hombre que fue detenido en mayo de 2017 porque su esposa usaba velo, manifestó “un cambio ideológico considerable”, según la traducción de DW, ya que durante su estadía en un "centro de formación profesional”, había “reconocido sus errores y mostrado remordimiento”. Tras asegurar que ya no representaba peligro alguno, las autoridades recomendaron que “regrese a su comunidad y sea monitoreado allí, tras completar su capacitación”.
El conflicto con los uigures, que se consideran los habitantes originales de Sinkiang, región que algunos prefieren llamar “Turquestán Oriental”, se debe al deseo de independencia o de mayor autonomía que ha causado protestas masivas. Si bien algunos uigures llegaron a la violencia, como el ataque terrorista de 2014 en el que murieron 31 personas, nada en la Lista de Karakax señala que el extremismo sea un problema generalizado: solo tres de las personas mencionadas podrían ser miembros de Hizb-ut-Tahrir o Partido de la Liberación, una organización islamista terrorista. En general, las razones que se argumentan para la detención de 311 personas son más cercanas a “llevó barba de marzo de 2011 a julio de 2014”, como citó el Times, o “no bebe alcohol desde hace un año”.
“Sobre la base del principio de presunción de culpabilidad (en lugar de inocencia) y la asignación de culpabilidad por vínculo, el Estado ha desarrollado un sistema de gobierno muy afinado, pero también muy laborioso, en el que círculos familiares enteros se convierten en rehenes según sus comportamientos, tanto en conjunto como individualmente”, sintetizó Zenz.
Otro académico, Rian Thum, de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, experto en Sinkiang y la política de Beijing hacia los uigures, advirtió a DW que este documento secreto podría ser la punta de un iceberg: "Contiene una enorme cantidad de datos muy específicos de una comunidad muy pequeña. Solo hay que imaginar que algo así existe para toda la región. La recopilación de datos debe ser impactante”.
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