Un tribunal militar ruso condenó hoy a siete antifascistas a entre 6 y 18 años de prisión en el caso de “La Red”, considerada una organización terrorista y que supuestamente planeaba una rebelión armada y una toma violenta del poder, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB).
Los tres jueces del tribunal castrense de Penza, unos 550 kilómetros al sureste de Moscú, consideraron a Dmitri Pchelintsev, de 27 años, e Iliá Shakurski, de 23 años, los organizadores del grupo, por lo que fueron condenados a 18 y 16 años en una prisión de máxima seguridad, informó hoy el diario Novaya Gazeta.
Por su presunta participación en una organización prohibida fueron condenados a 14 años de cárcel en régimen estricto Andréi Chernov, de 30 años; a 13 años Maxim Ivankin, de 25 años; y a 10 años Mijaíl Kulkov, de 25 años.
Otros dos acusados Vasili Kuksov, de 31 años, y Armán Sagynbaev, de 27 años, recibieron una pena de 9 y 6 años, respectivamente, en régimen general.
El FSB detuvo a los antifascistas en Penza en el otoño de 2017, unos meses antes de las elecciones presidenciales.
Según los investigadores, los antifascistas planeaban derrocar el poder por la fuerza y para ello crearon células de combate en Moscú, San Petersburgo, la región de Penza y otras regiones rusas para atacar unidades militares, oficiales de policía y oficinas de Rusia Unida.
De acuerdo con la agencia RIA Nóvosti, el tribunal determinó que los acusados habían comprado dos pistolas Makarov, granadas F-1, fusibles y un dispositivo explosivo improvisado, entre otros materiales.
Los jueces consideraron además que entre 2015 y 2017, los integrantes de “la Red” adquirieron habilidades para efectuar operaciones militares, realizaron entrenamientos en campamentos abandonados y en centros de recreación en bosques de Penza.
Los acusados dijeron repetidamente que habían confesado bajo tortura. Hablaban del uso de pistolas Taser, de golpes y de descargas eléctricas, además de la privación de comida, bebida y de sueño, según recoge Novaya Gazeta.
El caso llegó a finales de diciembre de 2018 al Kremlin, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos adscrito a la Presidencia, dijo que era necesario verificar la información sobre torturas en dicho caso y en otro muy sonado, “Nueva Grandeza”.
El diario indica que antes de que se abriera la causa penal, los acusados no se conocían entre sí, salvo dos.
“Lo único que podía unir a los siete era la pasión por las ideas de izquierda, el vegetarianismo, la música, el (juego de combate) airsoft y los viajes de campamento (...) y el FSB consideró el juego de airsoft el desarrollo de habilidades de resistencia armada”, escribe.
También sostiene que no se encontraron huellas de los acusados en las armas, granadas y dispositivos explosivos hallados y dos de los acusados aseguraron que sus coches fueron abiertos previamente ya que la cerradura de uno de los vehículos estaba dañada. Además, agrega el diario, un extintor de incendios resultó ser un dispositivo explosivo improvisado a juicio de los investigadores.
Uno de los acusados denunció asimismo la manipulación de archivos supuestamente hallados en ordenadores de los antifascistas cuando ya estaban en la cárcel como un “documento constitutivo de la comunidad terrorista interregional”.
El FSB también habría detectado un supuesto congreso de “la Red” en San Petersburgo en 2017, evento en el que solo estuvo uno de los acusados.
(Con información de EFE)
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